La encrucijada del transporte marítimo: ¿primer impuesto global al carbono o nuevo callejón sin salida?

Por: Redacción MedioAmbiente360

¿Un impuesto global al carbono? La industria marítima al borde de un cambio histórico

Durante décadas, el transporte marítimo internacional ha sido un gigante dormido en la batalla contra el cambio climático. Aunque representa cerca del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, similar al total de Alemania, el rubro ha escapado a regulaciones estrictas, hasta ahora.

Este viernes, los ojos del mundo ambiental están puestos en Londres, donde 174 países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) debaten la imposición del que podría ser el primer impuesto global al carbono.

Tal decisión sería un parteaguas para la descarbonización de uno de los sectores más difíciles de regular por su naturaleza global, moviendo el eje regulatorio hacia un enfoque más sostenible y alineado con los intereses climáticos de largo plazo.

¿Por qué ahora y qué está en juego?

La OMI, ente responsable de establecer las normas del transporte marítimo internacional, ha fijado como meta que el sector alcance emisiones netas cero para el año 2050. Para lograrlo, no basta con plantear cambios tecnológicos; es necesario establecer mecanismos económicos que desincentiven las emisiones.

La propuesta en juego busca aplicar un impuesto sobre cada tonelada métrica de dióxido de carbono emitido por los buques. Más de 60 países —liderados por pequeñas naciones del Pacífico como las Islas Marshall y Vanuatu— respaldan esta idea. Para estos países, cuya existencia misma está amenazada por el aumento del nivel del mar, esto es una cuestión de supervivencia.

“Esta es una industria que ve el cambio climático cada día y no puede simplemente ignorarlo”, dijo Mark Brownstein, líder del programa global de energía del Fondo de Defensa Ambiental (EDF, por sus siglas en inglés).

La división geopolítica del mar: ¿impuesto o mercado?

No obstante, la unanimidad está lejos de alcanzarse.

Países como China, Brasil, Arabia Saudita y Sudáfrica se oponen frontalmente a un impuesto fijo. Prefieren un sistema de créditos carbonos, lo que implica que las navieras comprarían derechos de emisión en un mercado financiero, en vez de pagar un impuesto directo. Esta alternativa, más flexible para grandes economías en desarrollo, ha generado una fisura en la negociación.

Otros estados buscan una solución intermedia, mezclando mecanismos de precio fijo con elementos de comercio de emisiones —una estrategia conocida como “cap-and-price”. El debate es tan técnico como ideológico: ¿se debe penalizar directamente o permitir un sistema autoregulador basado en incentivos financieros?

Estados Unidos: ausente en la mesa, pero presente en el ruido

En una decisión polémica, Estados Unidos no ha participado activamente en las negociaciones en Londres. En cambio, ha instado a otros países a rechazar las medidas bajo consideración, argumentando que una imposición unilateral sería discriminatoria y fomentaría la inflación.

La administración estadounidense ha indicado que vetaría cualquier impuesto sobre sus navieras y evalúa imponer medidas recíprocas si se aprueba el impuesto global. Este gesto ha sido interpretado por algunos como una concesión a los sectores industriales nacionales, especialmente en un año preelectoral cargado de tensión.

Números que flotan como icebergs: las cifras detrás del problema

• Cerca del 80% del comercio mundial se transporta por mar, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
• En 2023, las emisiones provenientes del transporte marítimo alcanzaron los 1.100 millones de toneladas de CO₂, una cifra que ha ido en aumento en la última década.
• El transporte marítimo ha sido históricamente exento de impuestos al carbono, tanto en los acuerdos de París como en los protocolos de Kioto.

Esto posiciona al sector como uno de los más rezagados frente a los sectores energético, automotriz y manufacturero, donde las regulaciones ya han comenzado a estructurar transformaciones significativas.

Una nueva zona de control de emisiones en el Atlántico: ¿paso decisivo o distractor?

En paralelo al debate del impuesto, los delegados de la OMI aprobaron esta semana la creación de una zona de control de emisiones (ECA por sus siglas en inglés) en el Atlántico nororiental. Esta área implicará mayores controles de emisiones de azufre y óxidos de nitrógeno, principales contaminantes del aire en regiones costeras.

La medida ha sido celebrada por ambientalistas como un avance técnico importante, pero también se teme que sirva como cortina de humo para postergar decisiones más estructurales, como el mercado de carbono global.

El calendario manda: ¿cuándo sabremos si el nuevo régimen entra en vigor?

En caso de llegar a un consenso hoy, el mecanismo podría adoptarse formalmente en octubre de 2025 y eventualmente entrar en vigor en 2027. Esta ventana de dos años permitiría a las navieras adaptarse a la transición, aunque para muchos expertos resulta una maniobra demasiado lenta considerando la urgencia climática.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, ha expresado que las sesiones de esta semana definirán “el rumbo hacia un futuro sin emisiones para el sector marítimo”.

¿Transición ecológica o proteccionismo disfrazado?

Uno de los argumentos más esgrimidos por los opositores al impuesto es que podría transformarse en un nuevo instrumento de proteccionismo verde, afectando desproporcionadamente a economías emergentes con barcos más antiguos y menos eficientes.

Desde el Pacifico, sin embargo, la realidad es otra. El primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, declaró hace unos días:

“Nuestro país podría desaparecer bajo el agua en las próximas décadas. No podemos darnos el lujo de seguir esperando. Cada tonelada de CO₂ cuenta”.

Un rompecabezas complejo, pero ineludible

El giro que está tomando la conversación sobre carbono marítimo no es un fenómeno aislado. Refleja un cambio de época: los sistemas económicos globales se ven interpelados no solo a innovar, sino a ser partícipes éticos de un marco planetario común.

¿Se logrará un acuerdo? ¿O será este otro ejemplo más de promesas que se hunden en negociaciones estériles? El reloj climático no se detiene, y el mar, como símbolo y como frontera, exige decisiones audaces.