La nueva cara del control migratorio en las escuelas: ¿protección de menores o intimidación institucional?

Un operativo sin precedentes en Los Ángeles

Dos escuelas primarias públicas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles fueron escenario de una situación que ha provocado alarma tanto en padres como en defensores de derechos civiles: agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intentaron ingresar a campus escolares para realizar supuestos “controles de bienestar” a niños migrantes sin acompañante, según explicó la propia agencia.

Lo que a simple vista podría parecer una medida benéfica se volvió rápidamente polémico. Los agentes fueron rechazados por los propios directores de las escuelas Russell Elementary y Lillian Street Elementary, quienes exigieron una orden judicial para cualquier acceso. El superintendente Alberto Carvalho calificó la acción como una violación del protocolo escolar y una muestra de intimidación institucional que alimenta el temor en las comunidades inmigrantes.

“Las escuelas no son lugares de miedo”, dijo Carvalho en una conferencia de prensa al denunciar que los agentes federales mintieron al personal cuando afirmaron haber sido autorizados por los padres y cuidadores de los niños para ingresar al recinto escolar. “Estamos orgullosos del personal que respondió acorde al entrenamiento recibido. Proteger a nuestros alumnos es nuestra prioridad”.

¿Qué busca el DHS en las escuelas?

De acuerdo con el DHS, los agentes en cuestión no eran miembros de ICE (por sus siglas en inglés, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), sino del ala de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una rama del departamento que investiga delitos como el tráfico de personas, explotación infantil y contrabando. Su declaración oficial asegura que el objetivo era verificar el bienestar físico y emocional de menores que llegaron solos a la frontera.

Sin embargo, la falta de comunicación, documentación, y el procedimiento invasivo —presentarse sin orden judicial o aviso previo— levantó preocupaciones en el distrito escolar, uno de los más grandes del país con más de 430.000 estudiantes, muchos de ellos de familias inmigrantes.

Un patrón creciente bajo nuevas políticas

Estas visitas no son hechos aislados. En universidades públicas de Florida, como la Florida Atlantic University (FAU), la Universidad de Florida (UF) y la Universidad del Sur de Florida (USF), los departamentos de policía del campus están intentando firmar acuerdos con el gobierno federal bajo el programa 287(g), una normativa que permite a autoridades locales actuar como oficiales de inmigración.

Este cambio de política representa un giro alarmante, ya que históricamente, las instituciones educativas fueron consideradas “lugares sensibles”, ausentes de presencia migratoria, garantizando un entorno seguro para estudiantes sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, la administración de Donald Trump eliminó esa protección, abriendo la puerta a operativos como el ocurrido en Los Ángeles y Florida.

Experiencias de los afectados: miedo e incertidumbre

Jennica Charles, estudiante de ciencias políticas e hija de inmigrantes haitianos, expresó su consternación ante la posibilidad de ser blanco de cuestionamientos solo por su apariencia. “¿Quién puede asegurar que alguien no me detendrá y dirá que no parezco pertenecer aquí?”, opinó la joven de FAU, considerada una de las universidades más diversas de Florida.

La aparición de una vigilancia más agresiva puede tener consecuencias que van más allá de los muros académicos. Según Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, este tipo de políticas disuade a los estudiantes de buscar apoyo psicológico, recursos institucionales o incluso reportar abusos. “Transformar los campus en zonas de fiscalización migratoria destruye el paradigma educativo que debe apoyar el crecimiento académico y personal de sus alumnos”.

La presión política detrás de la vigilancia

Florida es un ejemplo clave de esta línea dura. El gobernador Ron DeSantis, férreo aliado de Trump, ha impulsado leyes que obligan a agencias locales y estatales a colaborar con ICE y otras entidades federales. El 19 de febrero firmó una directiva que exige a todas las agencias estatales —incluidos los departamentos de policía universitarios— apoyar los esfuerzos de deportación.

“Solo estamos siguiendo las indicaciones del gobernador”, declaró Joshua Glanzer, portavoz de FAU. Aun así, ninguna de las universidades ha sido oficialmente registrada en el sistema del programa 287(g), lo cual indica que aún están en proceso de aprobación.

¿Qué implica el 287(g)? Bajo este programa, agentes previamente entrenados pueden:

• Interrogar a personas sospechosas de ser extranjeros sobre su estatus migratorio.
• Realizar arrestos sin orden judicial en ciertos casos.
• Pedir información biométrica para verificar antecedentes.

Peligros de la institucionalización del miedo

El riesgo más grande es la erosión de la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones educativas. Históricamente, la promesa de que las escuelas son espacios seguros ha sido esencial para el bienestar de millones de estudiantes en EE. UU. que se enfrentan a problemas sociales, psicológicos y económicos derivados de contextos migratorios complejos.

Hoy, ese principio está en entredicho. En vez de promover entornos protectores, la presencia de agentes federales puede convertir a los mismos espacios educativos en una extensión del sistema punitivo migratorio.

¿Bienestar o vigilancia encubierta?

Una de las interrogantes más persistentes es: ¿seguridad para quién? El DHS afirma que sus acciones buscan evitar casos de trata infantil o abuso, pero sin la debida transparencia y consentimiento legal, este tipo de operativos se perciben como vigilancias encubiertas, especialmente en comunidades donde el miedo a la deportación y la separación familiar es latente.

De hecho, si el propósito es el bienestar, ¿por qué no trabajar directamente con el distrito escolar, trabajadores sociales, o con asistencia legal comunitaria? ¿Por qué desplegar agentes entrenados en operativos criminales en escuelas primarias?

Y, como bien señaló el superintendente Carvalho: “¿Qué amenaza puede representar un niño de primero o sexto grado a la seguridad nacional?”.

¿Qué sigue?

Lo ocurrido en Los Ángeles ha despertado preocupación a nivel nacional. El incidente es solo una manifestación visible de una política migratoria más agresiva que intenta penetrar sectores tradicionalmente protegidos. La comunidad educativa enfrenta ahora el desafío de preservar su autonomía ante las crecientes presiones estatales y federales.

Organizaciones sociales, sindicatos de maestros, asociaciones de padres y defensores de derechos civiles han empezado a movilizarse para exigir límites claros y reformas legales que restrinjan intervenciones de este tipo en ámbitos educativos.

“Las escuelas deben permanecer como refugios del conocimiento, no como corredores del miedo”, declaró Feldblum, resumiendo una preocupación compartida por millones.

El desafío de proteger a los más vulnerables no está en disputa. Lo que sí debe cuestionarse es el método: ¿se puede proteger a la niñez si el propio medio de protección siembra el miedo?