Exilio forzado y cárceles extranjeras: ¿una distopía legal en Estados Unidos?

¿Puede Estados Unidos deportar a sus propios ciudadanos? La sola idea podría parecer absurda o sacada de una novela distópica pero, de forma alarmante, ha sido planteada con seriedad en la escena política actual de EE.UU.

El expresidente Donald Trump ha insinuado recientemente que consideraría enviar a ciudadanos estadounidenses, específicamente aquellos acusados de cometer crímenes violentos, a la prisión de máxima seguridad en El Salvador conocida como CECOT. Esta declaración ha reabierto un complejo y delicado debate sobre los derechos de los ciudadanos, la aplicabilidad de tratados internacionales y los límites constitucionales.

CECOT: La cárcel símbolo del autoritarismo moderno

La prisión CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador fue creada bajo la administración de Nayib Bukele, quien se autodenomina "el dictador más cool del mundo". Esta megacárcel, inaugurada en 2023, está diseñada para albergar hasta 40,000 personas, con un régimen carcelario severo: sin salidas al exterior, acceso limitado a agua, comida racionada y vigilancia constante por parte de soldados armados. Para Bukele, representa un signo de fuerza. Para organizaciones de derechos humanos, un campo de concentración moderno.

La popularidad de Bukele ha crecido internacionalmente debido a su discurso de mano dura. El índice de homicidios en El Salvador, uno de los más altos del mundo durante dos décadas, cayó drásticamente desde 2019. Sin embargo, este éxito ha sido cuestionado por informes de arrestos arbitrarios y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado detenciones masivas sin debido proceso y condiciones infrahumanas dentro de CECOT.

¿Y si los ciudadanos son el próximo objetivo?

Durante una reunión en la Casa Blanca con Bukele, Trump sugirió la posibilidad de enviar a criminales estadounidenses a El Salvador. Al principio, se entendió como una hipérbole retórica, pero el contexto legal revela matices preocupantes.

Lo más notable es que el expresidente ya puso en marcha acuerdos internacionales para enviar inmigrantes desde Estados Unidos a países centroamericanos como Costa Rica, Panamá y El Salvador, incluso cuando estos no eran ciudadanos de esos países. En el caso de El Salvador, según datos del ACNUR, se han recibido centenares de deportados sin audiencia judicial previa, lo que socava el principio básico del derecho internacional: nadie debe ser enviado a un país donde pueda ser torturado o perseguido.

¿Qué dice la Constitución?

La Constitución de Estados Unidos prohíbe explícitamente castigos crueles e inusuales (Octava Enmienda) y garantiza el debido proceso (Quinta Enmienda). Deportar a un ciudadano nacido en EE.UU. —aún bajo condena— escapa completamente del marco legal permitido.

Históricamente, ni siquiera los peores criminales han sido enviados a cumplir condena fuera del país a menos que se trate de casos de extradición, y bajo tratados bilaterales donde el acusado haya violado una ley extranjera. Como destaca Lauren-Brooke Eisen del Brennan Center for Justice: “Es ilegal expatriar a los ciudadanos de EE.UU. como castigo.”

Una advertencia desde la Corte Suprema

La magistrada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, emitió una severa advertencia en un caso reciente en el que se intentaba enviar a presuntos miembros de pandillas venezolanos directamente a El Salvador. Sotomayor escribió: “La implicación de la posición del Gobierno es que no solo los no ciudadanos, sino también ciudadanos estadounidenses podrían ser llevados de las calles, forzados a subir a aviones y confinados en cárceles extranjeras sin oportunidad de defensa.”

Aunque la Corte Suprema finalmente devolvió el caso a tribunales inferiores, permite vislumbrar un escenario preocupante en donde el Ejecutivo intenta usar vacíos legales para ejecutar decisiones extrajudiciales de gran calado.

Errores que ya han ocurrido

La administración Trump, según múltiples reportes, ha deportado inmigrantes erróneamente —incluso personas con órdenes judiciales contra la expulsión. Tal es el caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño con residencia legal en Maryland, deportado por error y enviado a CECOT. Ni siquiera una orden judicial de la Corte Suprema para “facilitar su regreso” ha producido resultados concretos.

El hecho de que un error como éste pueda ocurrir en un sistema supuestamente seguro, resalta los posibles riesgos si una política aún más agresiva y sin salvaguardas jurídicas se aplicara para ciudadanos estadounidenses.

Desnaturalizar a ciudadanos: el único “hueco legal”

De acuerdo a la ley estadounidense, a un ciudadano naturalizado (no nacido en suelo estadounidense) se le puede revocar la ciudadanía si:

• Se descubre que mintió durante el proceso de naturalización
• Financia grupos terroristas
• Participa en rebelión armada contra EE.UU.

Una vez despojado de la ciudadanía, el individuo vuelve a tener estatus de residente permanente. Desde ahí, sí puede ser deportado si comete delitos graves. Aunque legalmente posible en contextos muy estrechos, abrir esta puerta de forma generalizada sería una amenaza directa al pacto ciudadano sustentado por la Constitución.

El juicio de la opinión pública frente a la justicia

Resulta preocupante que este tipo de propuestas despierte apoyo en ciertos sectores de la población. Para algunos, el endurecimiento extremo de la política criminal representa justicia; para otros, una grave erosión del estado de derecho. La politización del miedo y del castigo no es nueva, pero sí peligrosamente efectiva.

En este contexto, la emergencia de figuras como Bukele —admiradas por liderazgos autoritarios en el extranjero— genera una narrativa tentadora para gobiernos populistas: control, orden, poder absoluto. Lo alarmante es ver al país que se presenta como símbolo de las libertades constitucionales considerar seguir esos pasos.

Implicaciones globales

Si un país como EE.UU. decide romper los lazos de protección con sus propios ciudadanos, ¿qué impide que otras naciones hagan lo mismo? El derecho internacional se sostiene sobre acuerdos de reciprocidad y respeto mutuo a ciertos estándares universales. Saltarse esas reglas debilita el sistema para todos.

Hasta ahora, ninguna democracia moderna ha intentado legalmente reubicar a ciudadanos en prisiones extranjeras sin cumplimiento de tratados. Ni siquiera durante conflictos armados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de la Alien Enemies Act permitió detenciones, sí, pero siempre dentro del propio país.

Lecciones que no deben ignorarse

El horror de las deportaciones arbitrarias, nacidas del racismo o de políticas represivas, está documentado desde la historia nazi a dictaduras latinoamericanas. En todos esos casos, comenzó con decisiones políticas justificadas por miedos sociales o seguridad nacional. Pero casi siempre terminaron con gobiernos autoritarios, represión sistemática y generaciones traumatizadas.

En el caso de EE.UU., cualquier intento de legalizar el exilio como castigo no solo es probablemente inconstitucional, sino éticamente repudiable. Y si alguna vez se implementa, marcaría un punto de inflexión hacia la descomposición del contrato democrático.

“La nación que da la espalda a sus propios ciudadanos, da la espalda a su Constitución”, diría más de un jurista constitucionalista.

Las democracias, como enseñó Benjamin Franklin, se prueban en su habilidad de resistir al pánico y de proteger los derechos de incluso sus ciudadanos más odiados y culpables.

En tiempos en los que el autoritarismo se disfraza de eficacia, y donde los derechos humanos se convierten en obstáculos burocráticos, es justo recordar que ningún sistema es inmune a convertirse en aquello que juró combatir.