La detención que reaviva la polémica migratoria en EE.UU.: ¿es el fin del “espacio seguro” en las cortes?

Otra escena de tensión en la América migratoria

El 20 de febrero de 2025, un tribunal en Nashua, New Hampshire, fue escenario de una polémica detención que ha vuelto a poner bajo la lupa las prácticas migratorias en Estados Unidos. Arnuel S. Marquez Colmenarez, ciudadano venezolano de 33 años, fue arrestado violentamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) justo cuando se disponía a enfrentar cargos menores relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol y sin licencia.

El hecho fue capturado por las cámaras de seguridad del tribunal, y posteriormente difundido por la rama judicial del estado. Las impactantes imágenes muestran a los agentes identificándose, persiguiendo al hombre hasta reducirlo en el suelo y esposarlo frente a la vista incrédula de otros asistentes, incluido un anciano con bastón que cayó al ser derribado en medio del operativo.

Más allá de un arresto: ¿violación de protocolos o cumplimiento del deber?

Según declaraciones oficiales, Marquez Colmenarez debía comparecer por delitos menores, entre los que se incluían manejar ebrio, conducir sin licencia y no proporcionar información tras un accidente. Sin embargo, agentes federales de ICE ya habían interceptado su expediente como parte de su política de localizar inmigrantes en situación migratoria irregular.

El oficial Jared Neff, testigo del arresto y enlace con el tribunal por parte de la policía local, redactó un informe describiendo cómo escuchó gritos, una alteración y lo que parecía una pelea. Al acudir al lugar, vio a varios agentes forcejeando con el acusado, quien, según su versión, se mostraba resistente a ser esposado.

“Los agentes dijeron que intentaron detenerlo discretamente en el ascensor, pero que él intentó escapar”, señala el documento policial. A pesar del tono oficial de "cooperación interagencias", la reacción del público y de algunos sectores del ámbito judicial ha sido de alarma.

¿Qué dice la ley? Espacios críticos bajo cuestionamiento

La norma general vigente hasta 2020 indicaba que ICE debía evitar arrestos en sitios considerados “sensibles”: escuelas, hospitales, lugares de culto y tribunales. Esta política fue instaurada en 2011 por la administración de Barack Obama con el fin de evitar que los inmigrantes temieran presentarse en espacios donde debe prevalecer la justicia y el estado de derecho.

Sin embargo, con el regreso al poder de Donald Trump y su renovada cruzada contra la inmigración ilegal, dicha directriz fue derogada. Hoy día, ICE cuenta con luz verde para realizar detenciones en o cerca de tribunales si tiene “información creíble” que indique que el individuo estará presente en el lugar.

No obstante, diversos fiscales, jueces y defensores públicos consideran que este tipo de actuaciones disuaden a inmigrantes —incluso víctimas o testigos de delitos— de presentarse ante la justicia. “Crea un ambiente de miedo y obstaculiza los procesos judiciales”, afirmó en 2020 la jueza del Tribunal Supremo de Oregon, Martha Walters.

Una práctica que se ha vuelto recurrente

No es la primera vez que ICE protagoniza un escándalo de esta índole. Ya en 2018, se criticó duramente al organismo por usar tribunales estatales como puntos de captura. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) documentó más de 200 arrestos en oficinas judiciales en tan solo dos años.

El estado de Nueva York incluso llevó el caso a tribunales, logrando en 2020 una orden judicial que impedía el accionar de ICE dentro de cortes sin una orden firmada por juez. Sin embargo, tras cambios a nivel federal, estas restricciones han venido debilitándose, y episodios como el de Nashua vuelven a poner en duda los límites del poder federal en jurisdicciones estatales.

El caso Marquez Colmenarez: justicia penal vs. justicia migratoria

Arnuel Marquez Colmenarez iba a presentarse voluntariamente para enfrentar cargos de bajo nivel. Su ausencia derivó en una orden de arresto civil por parte del juez. Ahora, se encuentra detenido en un centro migratorio de ICE en Texas, enfrentando un posible proceso de deportación.

El fiscal local que llevaba el caso menor no fue informado previamente de la acción de ICE, lo que refuerza la crítica de que el organismo federal actúa sin coordinación ni respeto por los procedimientos locales. “Esto obstaculiza nuestro trabajo y pone en peligro la cooperación judicial de las comunidades inmigrantes”, señaló un defensor público de Nashua que solicitó anonimato.

¿Están los tribunales dejando de ser espacios seguros?

El caso ha generado alarma no solo entre activistas y juristas, sino también entre ciudadanos comunes que consideran que todos, sin importar su estatus migratorio, deberían contar con un debido proceso sin temor a ser detenidos mientras buscan cumplir con la ley.

Organizaciones como el National Immigration Forum y la National Immigration Law Center han instado a restablecer zonas seguras. “Un país donde las cortes son zonas de cacería para ICE renuncia a los principios más básicos del debido proceso”, dice Marielena Hincapié, directora del NILC.

Perspectiva política: una prioridad en la agenda republicana

La administración Trump ha hecho de la migración un eje de su política de seguridad nacional. En su segundo mandato, su retórica se ha intensificado, prometiendo redadas más masivas y cero tolerancia incluso en casos de delitos menores. “La ley es la ley”, dijo recientemente la fiscal general Pam Bondi, al referirse también al caso del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en Nueva York.

Los cruces entre legalidad penal y regulaciones de inmigración generan tensiones continuas. En muchos casos, personas arrestadas por faltas menores como infracciones de tránsito acaban detenidas y deportadas, a veces tras décadas en el país.

Cortes bajo vigilancia: el precedente de Boston

En marzo de 2025, un agente de ICE fue declarado en desacato por detener a un inmigrante mientras este asistía a su juicio. La jueza encargada del caso dictó que esto interfería con los procedimientos judiciales y podía configurar "obstrucción a la justicia". Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ha respaldado a su personal, argumentando que “no hay espacios fuera del alcance de la ley migratoria”.

Casos como el de Nashua demuestran que esta tensión seguirá escalando, especialmente en un año electoral cargado de discursos polarizadores sobre inmigración y seguridad.

¿Hacia dónde se dirige la política migratoria en EE.UU.?

Mientras los defensores de derechos civiles insisten en la necesidad de entornos judiciales libres de coerción y miedo, el gobierno sostiene que no puede permitir refugios para quienes están en el país sin autorización legal.

El problema, sin embargo, es más profundo. Detenciones como la de Marquez Colmenarez no son solo un hecho aislado, sino parte de una política integral que choca con los valores del sistema judicial estadounidense. ¿Implica esto una erosión del estado de derecho? ¿Alimenta esta política la desconfianza en quienes deben acercarse a los tribunales como víctimas o testigos de crímenes?

La discusión está abierta, y frente a las urnas, también será una de las batallas clave en el debate nacional sobre el alma de la justicia en Estados Unidos.