¿Quién controla a quién? El choque entre el poder presidencial y los derechos legales en EE. UU.

En medio de un entorno político y jurídico cada vez más fragmentado en Estados Unidos, dos batallas legales desenmascaran una tensión constante en la democracia estadounidense: los límites del poder presidencial frente a las garantías constitucionales, y el aparente desprecio legislativo hacia decisiones populares sobre derechos fundamentales como el aborto.

La ley en la mira de Trump: el caso Susman Godfrey

El martes pasado, un juez federal suspendió parcialmente una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que prohibía al gobierno federal hacer negocios con empresas que contraten a la firma de abogados Susman Godfrey. Es la cuarta vez que un tribunal encuentra inconstitucional este tipo de maniobras por parte de Trump para castigar a firmas legales que lo han enfrentado judicialmente.

El trasfondo del conflicto es el papel central que jugó Susman Godfrey como representante legal de Dominion Voting Systems, la empresa de máquinas de votación que ganó un acuerdo multimillonario de $787 millones contra Fox News por difundir mentiras sobre las elecciones presidenciales de 2020.

La jueza del tribunal de distrito, Loren AliKhan, argumentó que la orden ejecutiva de Trump probablemente infringe la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución al intentar castigar el ejercicio legal simplemente por estar asociado con causas contrarias a las del exmandatario. Según ella:

“Los redactores de nuestra constitución verían esto como un abuso de poder impactante”.

El poder presidencial como arma política

Trump justificó su orden señalando el papel de la firma en litigios post-electorales, especialmente porque Susman representa a Dominion, lo cual el propio presidente consideró ‘partidista’. No obstante, la corte observó que la imposición unilateral de vetos comerciales y prohibiciones de entrada a edificios federales sin aviso ni justificación rompe con el debido proceso y con principios básicos del estado de derecho.

No es un evento aislado: al menos tres firmas han decidido enfrentarse a órdenes similares emitidas por Trump, y todas han salido victoriosas ante los tribunales. Sin embargo, algunas otras cedieron ante el poder coercitivo del expresidente y aceptaron prestar servicios legales gratuitos a causas que él apoya.

El abogado Don Verrilli, quien representó a Susman en tribunal, dijo con preocupación:

“Estamos cayendo rápidamente en un abismo... la única forma de detener esta caída es que los tribunales actúen de forma decisiva, y lo hagan ahora.”

Precedentes e intentos de justificación

Richard Lawson, abogado del Departamento de Justicia, intentó en vano defender la orden argumentando que se basaba en precedentes de contratación federal como las directrices antidiscriminatorias impuestas por Lyndon B. Johnson en los años 60. No obstante, esos casos respondían a estándares derechos civiles, no a represalias ideológicas o personales.

El contexto también sugiere que la orden fue emitida con intenciones políticas: fue firmada semanas antes del inicio de otro juicio por difamación relacionado con el proceso electoral de 2020, esta vez contra Newsmax, una cadena conservadora aliada con Trump.

Missouri, libertad reproductiva y democracia participativa

Ese mismo martes, en el Capitolio de Missouri, la Cámara de Representantes liderada por republicanos aprobó inicialmente una enmienda constitucional para anular una medida que fue ratificada por los votantes el año pasado y que protege el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal –aproximadamente las 21 semanas.

Con una votación de 94-50, se impulsa ahora una nueva propuesta que restringiría el aborto únicamente en casos de violación, incesto o emergencias médicas, y hasta las 12 semanas de embarazo. Además, prohibiría tratamientos de afirmación de género para menores; algo que ya está restringido por ley estatal.

Los demócratas y activistas por los derechos reproductivos ven esta medida como un desprecio antidemocrático, considerando que en noviembre de 2024 un 52% del electorado de Missouri aprobó garantizar ese derecho mediante sufragio directo.

“Revocar lo que la gente ya votó es incorrecto”, denunció la representante demócrata Marla Smith.

Nuevas agresiones, nuevas resistencias

El mismo día del debate legislativo, se presentó ante otro comité un inquietante proyecto que permitiría procesar el aborto como homicidio. Aunque no avanzó, la sola existencia de propuestas como esta intensifica el ambiente de tensión. Chloe Mix, residente de Springfield, expresó su frustración durante la audiencia pública:

“Nuestros representantes parecen estar diciendo que somos tontos y que nuestras opiniones no importan”.

Más allá de Missouri, el fenómeno no es aislado. Desde la revocación de Roe v. Wade por la Corte Suprema en 2022, varios estados han aprobado o intentado establecer restricciones severas al aborto, a menudo ignorando la voluntad popular que, como en Missouri o Arizona, se ha pronunciado masivamente a favor de la autonomía reproductiva.

Un patrón de control institucional

Ambas historias comparten elementos reveladores: intentos de utilizar estructuras del gobierno para castigar oposición —sea política o social— y debilitar instituciones construidas para preservar derechos civiles y limitaciones del poder presidencial o legislativo.

Casos como el de la Sede del Comando Espacial de EE. UU. ubicada entre Colorado y Alabama también reflejan decisiones que han oscilado entre presidentes por motivos políticos, con implicancias económicas enormes para los estados involucrados.

Ya en 2021, la Fuerza Aérea identificó la base Redstone Arsenal en Huntsville, Alabama, como la mejor opción para la sede, pero la Casa Blanca de Biden la mantuvo en Colorado Springs. La falta de acceso a entrevistas con altos funcionarios obstaculizó la investigación del Inspector General del Departamento de Defensa, desenmascarando una administración que también ejerce un control estricto sobre la narrativa interna.

Lo que está en juego

En estos tres frentes —acciones ejecutivas, procesos legislativos estatales y decisiones administrativas estratégicas— se libra una batalla donde la transparencia, la división de poderes y la soberanía popular están siendo reconfiguradas o francamente vulneradas.

Cuando las instituciones se utilizan para castigar al disenso legal, se debilita el concepto de justicia imparcial. Cuando la ley se reescribe para neutralizar lo que el pueblo ya eligió, se erosiona la confianza en el voto. Cuando decisiones económicas de seguridad nacional se tornan piezas de ajedrez políticas, se pierde la visión estratégica en pro de intereses partidistas.

El panorama no es alentador, pero los reveses judiciales enfrentados por Trump en órdenes antiabogados y la resistencia popular en estados como Missouri también muestran que el sistema aún tiene mecanismos de defensa. Lo que queda por ver es cuán resilientes serán ante la presión constante y, en ocasiones, descarada del poder político cuando este busca expandirse más allá de sus límites constitucionales.