El pulso verde bajo presión: la disputa por el ‘banco verde’ y el nuevo frente contra el ambientalismo en EE.UU.

Por: Redacción
Opinión

Un conflicto silencioso que define el futuro ambiental de Estados Unidos

En un giro más de la polarización política en Estados Unidos, el llamado “banco verde” —proyecto emblemático del gobierno de Joe Biden para impulsar la transición energética— ha terminado enfrentado por completo con una Environmental Protection Agency (EPA) liderada por el nuevo administrador Lee Zeldin, figura clave del ala trumpista. Esta disputa no es solo administrativa ni financiera: es profundamente ideológica y estructural. Lo que está en juego es mucho más que dinero; es el modelo de desarrollo climático que tendrá la principal economía del mundo.

¿Qué es el banco verde?

El Greenhouse Gas Reduction Fund, más conocido como banco verde, es un fondo creado por la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, uno de los proyectos personales del presidente Joe Biden. Con una inversión histórica de 20 mil millones de dólares, el fondo busca movilizar capital hacia comunidades vulnerables para desarrollar infraestructura limpia: desde paneles solares hasta mejoras de eficiencia energética en edificios antiguos.

La idea es que organizaciones sin fines de lucro, como Climate United Fund, distribuyan microcréditos y subvenciones para acelerar la adopción de tecnologías bajas en carbono, especialmente en zonas desatendidas que suelen ser las más afectadas por el cambio climático. El fondo representa la materialización de grandes promesas climáticas asumidas por EE.UU. en el acuerdo de París, además de ser uno de los pocos mecanismos financieros pensados para combatir la inequidad energética.

Una revocación con tintes políticos

Sin embargo, este sueño verde recibió un golpe abrupto en febrero de 2024, cuando la administración de la EPA —ahora bajo el control de Lee Zeldin— ordenó congelar los fondos otorgados a estas organizaciones e incluso trató de invalidar los contratos ya firmados. Zeldin calificó el programa como una estafa digna de una “barras doradas”, alegando fraude, conflictos de interés y mala administración financiera.

Pero los tribunales no están convencidos. La jueza federal Tanya Chutkan emitió un fallo contundente: la EPA debe devolver el acceso a los fondos y respetar los contratos legalmente firmados. Citibank, que fungía como entidad que custodiaba los fondos, debe liberar el dinero comprometido antes de la congelación. “La EPA actuó sin debido proceso”, dictaminó Chutkan, desestimando cualquier evidencia concreta de fraude.

Los argumentos del gobierno vs. las organizaciones

La administración de Zeldin insiste en que tiene derecho a cancelar contratos en base a preocupaciones de supervisión y a “prioridades cambiantes”. Para ellos, se trata de un simple conflicto de contratos con el gobierno. “Este caso es solo una disputa contractual más, aunque de gran tamaño”, afirmaron representantes de la EPA en documentos judiciales.

Para las organizaciones afectadas, esa postura es escandalosa: “La invocación de términos como ‘despilfarro y abuso’ es arbitraria y pretextual”, señala un documento legal presentado por los demandantes. De hecho, se supo que un fiscal federal se negó a investigar penalmente por falta de pruebas, lo que deja al descubierto lo endeble del argumento de Zeldin.

Una nueva estrategia trumpista: golpear desde adentro

No sorprende que la ofensiva de Zeldin contra el banco verde se dé en un contexto de ofensiva conservadora contra los proyectos sustentables y el ambientalismo en general. El trumpismo siempre ha sostenido que las políticas climáticas frenan el crecimiento económico y elevan los costes para las industrias. Durante la administración Trump, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, eliminó regulaciones clave sobre emisiones, impulsó permisos para oleoductos y desmanteló investigaciones de clima.

Lo que asistimos hoy es un nuevo capítulo de esa misma guerra, desde dentro de las instituciones. Los actores ahora no son forasteros sino nombramientos estratégicos dentro de agencias clave como la EPA. Provocar parálisis institucional y asfixiar con tecnicismos legales los proyectos ejecutivos ha demostrado ser una táctica eficaz.

Paralelismos internacionales: el caso europeo y la “caza de ONGs”

Curiosamente, no solo en EE.UU. las ONGs climáticas están bajo fuego. En Eslovaquia, el Parlamento aprobó recientemente una legislación con claros tintes autoritarios que pone en riesgo la existencia de organizaciones no gubernamentales. Promovido por el populista Robert Fico, el texto fue descrito como directamente inspirado en leyes rusas: busca etiquetar a las ONGs como “lobbistas” sin definir bien el término y obliga a revelar donantes, algo que Via Iuris considera un ataque a la privacidad, la expresión y la asociación.

Los críticos acusan al gobierno eslovaco de utilizar esta ley como una forma de acallar voces críticas. Recordemos que Fico ha elogiado a Vladímir Putin, se opone abiertamente a Estados Unidos y ha impulsado reformas para tomar control de medios públicos e incluso eliminó la fiscalía especializada en anticorrupción.

En ambos casos, ya sea en Washington desde la burocracia o en Bratislava desde el populismo de mayoría parlamentaria, estamos asistiendo a una nueva ofensiva institucional contra el activismo climático y civil.

¿Qué está en juego?

Mucho más de lo que parece. El caso del “banco verde” podría sentar un precedente clave sobre la manera en que el poder ejecutivo puede reinterpretar a conveniencia contratos firmados bajo otro gobierno. A la vez, evidencia cómo actores políticos pueden sabotear proyectos enteros sin declarar guerras abiertas, simplemente manipulando las reglas de juego institucionales.

Por otro lado, la situación en Eslovaquia muestra cómo los gobiernos con inclinaciones autoritarias ven en las ONGs no aliadas una amenaza existencial. Hay una tendencia global a restringir su labor en nombre de la “transparencia financiera”, cuando los motivos reales suelen ser controlar el mensaje y la narrativa.

¿Y ahora qué?

Paradójicamente, el fallo de la jueza Chutkan ofrece una dosis de esperanza: el sistema judicial, por ahora, sigue funcionando como contrapeso. Al menos temporalmente, los fondos volverán a estar disponibles y los proyectos climáticos podrán seguir adelante.

Pero tanto en EE.UU. como en Europa Central, el mensaje es claro: el ambientalismo institucional está bajo ataque. América deberá decidir si la lucha climática continuará siendo una prioridad de nación o se convertirá en moneda de cambio en los vaivenes de cada administración.

Una frase de Beth Bafford, CEO de Climate United, resume el momento: “Este fallo nos da un respiro, pero el daño está hecho; necesitamos garantías de estabilidad normativa para cumplir con nuestras metas climáticas”.

La batalla verde aún no ha terminado, y podría definir el rumbo ético, ambiental y democrático de esta generación.