La batalla por la educación pública en EE.UU.: ¿El regreso de la exclusión por estatus migratorio?

En pleno 2024, EE.UU. enfrenta uno de los debates más controversiales que ha sacudido su sistema educativo en décadas. A más de cuarenta años del fallo Plyler v. Doe (1982), que garantizó el derecho a la educación pública a todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, el estado de Tennessee reabre viejas heridas proponiendo una legislación que podría cambiar la historia legal, social e incluso moral del país.

Un fallo histórico bajo amenaza

En 1982, la Corte Suprema de los EE.UU. falló en una votación 5-4 que era inconstitucional negar educación gratuita a niños debido a su estatus migratorio. El caso, Plyler v. Doe, surgió después que Texas intentó prohibir la entrada a la escuela pública a estudiantes indocumentados, argumentando costos financieros para el estado. La Corte rechazó esta lógica, reconociendo que negar educación a una parte de la población infantil tendría consecuencias sociales y económicas irreparables a largo plazo.

Desde entonces, esa sentencia se convirtió en un pilar de la política educativa y de derechos civiles en EE.UU. Pero ahora, con una Corte Suprema dominada por una mayoría conservadora, muchos ven la oportunidad de revertir precedentes como este.

La ofensiva de Tennessee

La legislatura republicana de Tennessee ha aprobado en el Senado una propuesta que exigiría una prueba de residencia legal para inscribirse en escuelas públicas K-12, permitiendo a las escuelas negar el ingreso o cobrar matrícula a niños indocumentados. La versión de la Cámara Baja es menos dura: facultaría a las escuelas a verificar estatus migratorio, sin hacerlo obligatorio.

Este tipo de propuestas no son nuevas. Sin embargo, pocas han avanzado tanto como la de Tennessee. Y todas enfrentan lo que parece ser un camino inevitable: los tribunales. Si la ley llega a firmarse, se espera una demanda inmediata. Los legisladores saben esto, y algunos lo buscan explícitamente, esperando que la Corte Suprema desempolve el caso Plyler... esta vez, con otro resultado.

“Tenemos derecho a soñar”

Mientras los expertos debaten en salones legislativos y artículos académicos, la voz más clara resuena desde los pasillos del Capitolio de Tennessee: la de los niños.

Damian Felipe Jiménez, un estudiante de sexto grado, lo dijo así frente a los legisladores:

“Soy hijo de padres inmigrantes que me han enseñado a respetar y valorar a todos. Al igual que yo, todos los niños de este país tenemos derecho a soñar y a hacer esos sueños realidad. El derecho a la educación no debe quitarse por nuestro estatus migratorio.”

Junto a él, cientos de otros estudiantes, padres y protestantes han levantado pancartas, han llorado y han exigido ser escuchados. La mayoría son menores de edad que crecieron en EE.UU. y que no tuvieron control alguno sobre la decisión de emigrar.

De California a Alabama: intentos fallidos

Tennessee no es el primer estado que intenta desafiar este tema. Ya en 1994, California intentó prohibir a inmigrantes indocumentados el acceso a servicios públicos, incluyendo la educación, a través de la polémica Proposición 187. Aunque fue aprobada por votación popular, los tribunales la bloquearon por inconstitucional.

En 2011, Alabama siguió un camino similar, exigiendo a las escuelas que documentaran el estatus migratorio de sus estudiantes. También resultó en una batalla legal que concluyó con una conciliación y la invalidación de parte de la ley.

El costo del desconocimiento

Uno de los argumentos centrales de los proponentes del proyecto de ley en Tennessee es el costo financiero de educar a menores indocumentados.

“Se ha dicho que los inmigrantes ilegales pagan impuestos sobre ventas y propiedades. Es cierto. Pero no sabemos si eso compensa los costos adicionales, y creemos que no”, afirmó el senador republicano Bo Watson, autor del proyecto.

Y sin embargo, no existe un estudio oficial ni datos precisos que respalden sus aseveraciones. Cuando Texas hizo similares argumentos económicos en el caso Plyler, la Corte Suprema los rechazó al considerar que los derechos fundamentales no podían depender de proyecciones contables.

Organizaciones como la Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), que lideró la defensa en 1982, ya están preparando planes legales. Su presidente, Thomas Saenz, lo expresó sin rodeos:

“No veo debates reales en esto. Veo medidas simbólicas que buscan alimentar una base política y desafiar derechos largamente establecidos.”

La Corte del siglo XXI: ¿una amenaza a los derechos civiles?

Con una Corte Suprema que ya revocó Roe v. Wade, muchos analistas creen que existe una genuina posibilidad de que esta mayoría conservadora también revierta Plyler. Brett Geier, académico de Western Michigan University, advierte:

“Hay un fuerte apetito en la Corte actual para renovar precedentes. Sabemos cómo comienza esa presión: con leyes estatales como estas buscando provocar una revisión.”

El miedo entre los más pequeños

La historia deja de ser abstracta cuando pone rostro y voz a sus protagonistas. En el segundo piso del Capitolio de Tennessee, Silvestre Correa Del Canto, un niño de 12 años nacido en Chile y residente en Nashville desde los tres, lo expuso con claridad conmovedora:

“Siento que hemos luchado mucho para estar unidos, personas con personas, yendo a la escuela juntos. Esta ley sería como retroceder. Perderíamos todo lo que ganamos.”

Estudia en una escuela pública con historia: fue originalmente una escuela para afroamericanos durante la era de la segregación. Para él, esta ley es un eco de tiempos oscuros que creía superados.

Más allá del aula: implica toda la sociedad

La educación pública nunca ha sido sólo una cuestión de escolaridad. Es un factor determinante en la integración social, económica y cultural de toda una comunidad. Negarla a una parte específica de la población por razones étnicas o migratorias es asumir un futuro segmentado, donde la marginación se convierte en destino.

Especialistas como Antonio Villafranca del Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, alerta que medidas como estas pueden afectar el crecimiento económico, ya que parte del capital humano —incluso el más joven— queda excluido de la producción y la innovación futura.

¿Y qué pasa con la moral?

Más allá del aspecto legal y financiero, la pregunta inevitable que deja el intento legislativo de Tennessee es ética: ¿qué dice de nosotros como sociedad, que estemos debatiendo si un niño merece educarse?

“Es una señal de qué tipo de país queremos ser”, dijo Wolfango Piccoli del grupo Teneo. “No se trata solo de leyes. Es una declaración ideológica.”

¿Qué sigue?

Las dos versiones del proyecto deben unificarse antes de llegar a la firma del gobernador Bill Lee. Si lo hace, el camino judicial comenzará de inmediato. Pero el impacto emocional y social ya está en marcha. Los niños, sus padres, sus maestros y comunidades están levantando la voz, y sea cual sea el resultado legal, el debate ha emergido con fuerza en un país que aún hoy define los límites de su democracia, una fila de pupitres a la vez.

“El futuro se construye en las aulas. Negarlo a algunos, es limitar el país que podemos ser todos.”