Prisiones estadounidenses bajo fuego: Muertes, abusos e injusticias que claman por reforma

El caso Abrego García: una deportación que desafía al Estado de derecho

La historia de Kilmar Abrego García es más que un caso aislado: es un símbolo del colapso del respeto institucional por las decisiones judiciales durante la administración de Donald Trump. Pese a que un tribunal de inmigración había emitido una orden clara para frenar su deportación, Abrego fue enviado a El Salvador en marzo, una acción que viola normas de procedimiento básico y derechos humanos.

El senador Chris Van Hollen de Maryland, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, viajó personalmente a San Salvador para intentar reunirse con Abrego y exigir su retorno a EE.UU. Desde su auto en movimiento, afirmó en un video que esperaba reunirse con funcionarios de la embajada estadounidense y lograr el regreso del salvadoreño, residente en Maryland.

La administración Trump y el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele alegan que no hay base legal para enviarlo de vuelta, pese al llamado de la Corte Suprema. Contra Abrego se han lanzado acusaciones de ser miembro de la pandilla MS-13, pero no existen pruebas oficiales que respalden esa afirmación.

Un giro autoritario y el uso de cárceles de máxima seguridad

Desde marzo, más de 200 inmigrantes, principalmente venezolanos, han sido deportados y enviados a la prisión CECOT fuera de San Salvador, un infame centro carcelario creado por Bukele con el objetivo de erradicar las pandillas. Aunque este plan ha catapultado su popularidad —con encuestas que lo colocan por encima del 70% de aprobación—, organizaciones de derechos humanos denuncian torturas sistemáticas y tratos crueles.

La lucha por traer de vuelta a Abrego García continúa, reforzada por el apoyo de otros legisladores como el senador Cory Booker. Mientras tanto, la familia de Abrego en Maryland solo quiere que se respete el debido proceso.

La tragedia de Messiah Nantwi: brutalidad sin límite en Nueva York

El 1 de marzo, Messiah Nantwi, un joven de 22 años recluido en la prisión estatal de Mid-State, Nueva York, murió tras una brutal golpiza propinada por varios guardias. La autopsia y documentos judiciales apuntan a un caso claro de asesinato acompañado por maltrato sistemático.

Diez agentes de prisión fueron acusados formalmente, dos con cargos de asesinato en segundo grado. Los detalles escalofriantes indican que Nantwi fue golpeado con puños, porras y botas, arrastrado por una escalera y posteriormente arrojado a una celda del área de enfermería, donde recibió una tercera paliza.

Mientras tanto, el sistema penitenciario de Nueva York sufría una huelga “salvaje” (sin autorización sindical) desde el 17 de febrero, lo que obligó a la gobernadora Kathy Hochul a desplegar la Guardia Nacional. Este ambiente tenso y caótico fue el caldo de cultivo para los abusos extremos como el que terminó con la vida de Nantwi.

La gobernadora calificó el crimen de "horroroso" y subrayó que los responsables deben pagar. Sin embargo, la cultura de impunidad ha sido constante. Solo unos meses antes, Robert Brooks murió en circunstancias similares en la prisión de Marcy, justo al frente de Mid-State.

Las muertes invisibles de Jackson, Michigan: caídas fatales desde balcones carcelarios

La prisión Egeler en Michigan ha sido escenario, al igual que Parnall, de una cadena de muertes misteriosas desde 2020. La última víctima, Ervin Robinson II, murió tras caer desde una galería superior el pasado sábado. Las barandas tienen apenas 96.5 cm de altura, facilitando caídas accidentales o suicidios.

Desde 2020, al menos cinco presos han muerto en accidentes similares. Aunque cuatro fueron clasificados como suicidios, defensores de los presos y legisladores estatales como Stephanie Chang temen que haya una negligencia institucional grave. En 2023, un empleado de prisión elevó una queja formal, pero el Departamento de Correcciones respondió que "no existía peligro", una afirmación desacreditada por las cifras.

Elevar la altura de las barandillas requeriría una millonaria inversión, una excusa frecuentemente empleada por autoridades pese al costo humano.

¿Un patrón sistémico de negligencia y abuso?

Estos tres casos —el de Abrego García, el asesinato de Nantwi y las muertes por caída en Michigan— nos obligan a observar en profundidad el estado actual del sistema penitenciario y migratorio estadounidense. Lo que emerge es un patrón de:

• Desobediencia a órdenes judiciales, como en el caso de Abrego.
• Violencia extrema y encubrimiento, como en Mid-State.
• Negligencia estructural reincidente, como sucede en Egeler y Parnall.

De acuerdo con la organización The Sentencing Project, EE.UU. tiene la población carcelaria más grande del mundo, con más de 1.9 millones de personas encarceladas. Muchos son víctimas de un sistema que castiga con severidad y ofrece pocas posibilidades de rehabilitación.

Desde la militarización de cárceles para inmigrantes hasta la violencia directa contra presos por parte del personal que debería protegerlos, cada relato refleja un sistema en crisis. El respeto por los tribunales, los derechos humanos y la seguridad básica ha sido puesto en tela de juicio.

La política juega un papel clave en la crisis penitenciaria

La politización del sistema migratorio tumbó las barreras institucionales, y los abusos cometidos en cárceles estatales reflejan falta de supervisión y falta de interés político. Los republicanos han defendido las deportaciones como muestra de "mano dura", mientras que los demócratas intentan elevar la visibilidad de los abusos, como en el caso de Van Hollen y Booker.

Pero no basta con los gestos individuales: se necesitan reformas estructurales frente a realidades como:

• La deportación ilegal de ciudadanos sin pruebas (Abrego)
• Golpizas con resultado de muerte perpetradas por agentes del Estado (Nantwi)
• La negación burocrática del peligro evidente (Egeler, Michigan)

¿Qué futuro tiene la cárcel en EE.UU.?

El sistema de justicia y encierro en Estados Unidos ha sido durante décadas objeto de debate. Muchos estados adoptaron políticas de tolerancia cero durante las décadas del 80 y 90, lo que disparó la encarcelación masiva. Aunque hubo avances en reformas legislativas, especialmente bajo administraciones demócratas, los hechos recientes muestran que los cambios han sido insuficientes.

Como ciudadanos, observadores e incluso periodistas, cabe preguntar: ¿Vale la pena hablar de derechos humanos solo cuando se trata de países extranjeros? Cuando el abuso, la omisión y la impunidad ocurren en nuestros propios sistemas, las alarmas deben sonar más alto.

La vergonzosa serie de eventos en Maryland, Nueva York y Michigan exige algo más profundo que discursos. Exige verdad, justicia y un compromiso serio con la dignidad humana, incluso para aquellos tras las rejas.

Nota: Este artículo es una Opinión fundamentada en hechos recientes, declaraciones oficiales y datos provenientes de medios y observadores reconocidos.