El precio del exilio: cómo un salvadoreño fue deportado por error y terminó en la prisión más temida de América

Una deportación "accidental" con consecuencias críticas

En marzo de 2025, Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño con estatus legal protegido en Estados Unidos, fue deportado por error a El Salvador. Lo que inicialmente se vio como una confusión burocrática ha terminado por convertirse en un escándalo internacional sobre derechos humanos, cooperación interestatal y políticas de inmigración bajo la administración de Donald Trump.

Abrego fue enviado directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel en Tecoluca, diseñada para albergar a presuntos integrantes de pandillas. Esta instalación ha sido objeto de denuncias por organismos de derechos humanos por su trato a los reclusos, condiciones de hacinamiento y falta de procesos judiciales adecuados.

¿Quién es Kilmar Abrego García?

Según documentos de un tribunal migratorio estadounidense, Abrego disponía de una orden que impedía su deportación. Su caso formaba parte de los múltiples procesos pendientes debido a las protecciones legales que amparan a ciertos inmigrantes por motivos humanitarios, como el estatus de protección temporal (TPS).

No obstante, fue deportado bajo acusaciones aún no probadas de vínculos con pandillas, según argumentó posteriormente el gobierno estadounidense. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que la deportación fue un error, no ha procedido a facilitar su retorno ni ha ofrecido excusas públicas.

CECOT: la prisión símbolo del "nuevo El Salvador"

El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue inaugurado en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele como parte del régimen de excepción declarado contra las pandillas. Tiene capacidad para 40,000 reclusos y su arquitectura, vigilancia de alta tecnología y régimen hiperestricto lo han convertido en una simbiosis de control autoritario y populismo penal.

Durante la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, el 26 de marzo de 2025, se mostró abiertamente el funcionamiento del penal. Las imágenes fueron potentes: presos rapados arrodillados, tatuajes expuestos, esposados, sin contacto con el exterior. Un espectáculo que ha sido tanto aclamado como condenado, dependiendo del lente ideológico desde el cual se observa.

¿Qué busca EE.UU. al colaborar con esta cárcel?

Entre 2024 y 2025, El Salvador ha recibido más de 200 inmigrantes deportados por EE. UU., provenientes en su mayoría de Venezuela y Centroamérica. Muchos de ellos han sido detenidos directamente en CECOT. Las autoridades estadounidenses, citando supuestos vínculos criminales, han defendido estas extradiciones como un acto de "cooperación en seguridad". Sin embargo, la falta de un proceso judicial claro, así como el hecho de que algunos tenían protecciones legales en EE.UU., expone la fragilidad del estado de derecho en este tipo de acuerdos binacionales.

"El caso de García demuestra la rápida erosión de las protecciones migratorias tradicionales cuando entra en juego una agenda política de mano dura" — Human Rights Watch.

El marco legal bajo presión

• El caso de Kilmar Abrego está protegido por el dictamen del Tribunal de Inmigración de Maryland, que había prohibido su deportación.
• La administración Trump ha utilizado decretos ejecutivos y órdenes administrativas para priorizar la expulsión de presuntos criminales extranjeros sin agotar los procesos judiciales tradicionales.
• El gobierno estadounidense ha declarado que no puede obligar al Salvador a devolver a una persona condenada o asignada a su sistema penal, lo que plantea un conflicto diplomático y jurídico.

El rostro humano de la seguridad nacional

García no está solo. A su caso se suman otros cientos de personas que han sido deportadas en circunstancias similares. Algunas poseen antecedentes judiciales vagos o no confirmados; otras han sido acusadas por simple sospecha de vivir en barrios con presencia pandillera.

Los familiares de Kilmar han denunciado la situación desde EE.UU. y han pedido la intervención del Congreso. Mientras tanto, él permanece incomunicado, sometido al régimen de máxima seguridad de CECOT.

El precedente que sienta este caso

Este incidente establece un peligroso precedente en el que la política migratoria se mezcla con la geopolítica de la seguridad. El Salvador ha ganado notoriedad internacional gracias a su enfoque de tolerancia cero, adoptado por otros países latinoamericanos como Honduras y Ecuador. La exportación de esta política hacia EE.UU. pone en entredicho los valores fundacionales del derecho migratorio estadounidense, incluyendo el debido proceso y la no devolución.

Organismos como ACLU ya han interpuesto demandas para proteger a migrantes bajo estatus legal que podrían correr la misma suerte. El caso de García podría convertirse en un hito si los tribunales federales obligan al gobierno a rectificar su decisión.

¿Quién gana con estas políticas?

Desde el punto de vista político, la colaboración entre EE.UU. y El Salvador aumenta la percepción pública de “mano dura” frente al crimen, especialmente en un contexto electoral en ambos países. Sin embargo, son políticas que recurren al miedo, el espectáculo punitivo y la deshumanización del migrante.

“Ampliar las redes de deportación sin controles eficaces convierte el sistema migratorio en una trampa más que en un refugio” — UNHCR.

Una visita diplomática cargada de simbolismo

La visita de la secretaria Noem al penal fue muy publicitada. Mientras posaba frente a cámaras inspeccionando fusiles en la armería o intercambiando palabras con personal penitenciario, miles de reclusos pasaban su día en condiciones consideradas inhumanas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La imagen es clara: Estados Unidos avala de facto las condiciones de detención en CECOT como parte de una política contra el crimen trasnacional. Y lo hace aún cuando entre los detenidos hay personas como García, cuyo derecho a permanecer en EE.UU. estaba avalado judicialmente.

¿Y ahora qué?

La administración estadounidense no ha indicado planes para revisar su cooperación con El Salvador, ni para prevenir futuras deportaciones erróneas. Mientras tanto, se han intensificado las movilizaciones de activistas, abogados de inmigración y periodistas que exigen transparencia.

El caso de Kilmar Abrego García desafía no solo la capacidad institucional de EE.UU. de mantener la integridad de su sistema migratorio, sino su autoridad moral en materia de derechos humanos. Lo que está en juego es mucho más que la vida de un hombre: es la coherencia del discurso democrático en la relación hemisférica.

Continúa el debate.