La ofensiva de Trump contra la sociedad civil: ¿Una amenaza real para la democracia estadounidense?

Por años, Donald Trump ha generado controversia por sus posturas políticas y decisiones ejecutivas. Ahora, en su segundo mandato, sus acciones contra la sociedad civil ponen a prueba no solo la independencia institucional, sino también las bases democráticas sobre las que se construyó Estados Unidos.

Una nueva etapa: la confrontación con organizaciones civiles

El expresidente y actual mandatario Donald Trump ha iniciado una ofensiva frontal contra múltiples actores institucionales: universidades, bufetes de abogados y, ahora, organizaciones sin fines de lucro. Si bien en su primer mandato ya había mostrado signos de conflicto con estas entidades, su segundo mandato está llevando esta estrategia al extremo.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump declaró su intención de revisar el estatus fiscal exento de impuestos de organizaciones como Harvard, grupos ambientalistas y especialmente de CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), una organización dedicada a vigilar la ética gubernamental. “La única caridad que tienen es ir contra Donald Trump”, afirmó el presidente, en referencia directa a CREW. Sus palabras marcan un punto de inflexión para organizaciones cuya existencia se basa precisamente en supervisar al poder público.

¿Qué implica perder el estatus fiscal exento?

En Estados Unidos, las organizaciones sin fines de lucro pueden ser reconocidas como entidades exentas de impuestos bajo la sección 501(c)(3) del código fiscal federal. Esto les permite recibir donaciones deducibles de impuestos, lo que constituye una fuente clave de financiamiento.

Revocarles esa condición significa poner en jaque sus operaciones, su trabajo comunitario y su acceso a fondos. Según datos del IRS, más de 1.4 millones de organizaciones están registradas con ese estatus en EE. UU., muchas de las cuales se dedican a labores cruciales en derechos civiles, medio ambiente y educación.

CREW y su relación con el trumpismo

La organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington ha sido uno de los blancos más consistentes del mandatario. Fue pieza clave en litigios que impulsaron el primer juicio político a Trump y, más recientemente, en los enfoques legales para descalificar su candidatura en 2024 bajo la Enmienda 14, tras el asalto al Capitolio en enero de 2021.

“Durante más de 20 años, CREW ha denunciado la corrupción de políticos de ambos partidos”, afirmó Jordan Libowitz, vicepresidente de la organización. A pesar de su historial bipartidista, Trump la señala como “activismo disfrazado de filantropía”.

Universidades y bufetes de abogados: otros en la mira

El patrón es claro. Universidades que promueven activismo estudiantil o desafían políticas del gobierno también están en riesgo. En el caso de Harvard, su negativa a cumplir con normas impuestas por la administración Trump sobre manifestaciones públicas le costó el congelamiento de 2 mil millones de dólares en fondos federales.

En el ámbito legal, varios bufetes enfrentaron presiones por haber defendido causas contrarias a los intereses de Trump, como los derechos migratorios o el acceso al aborto. Cinco grandes firmas aceptaron proveer cientos de millones de dólares en asesoría pro bono bajo condiciones impuestas por la administración, en un esfuerzo por evitar sanciones que incluían la pérdida de contratos con el Estado.

Los grupos ambientalistas bajo amenaza

La comunidad ambientalista ya se encuentra en estado de alarma. En vísperas del Día de la Tierra, existen especulaciones de que el presidente planea emitir órdenes ejecutivas que afecten el estatus fiscal de organizaciones que luchan contra el cambio climático.

“Trump está usando todo el poder del gobierno para castigar a sus enemigos”, advirtió Kieran Suckling, director del Center for Biological Diversity. El grupo se encuentra preparado con un equipo legal para responder judicialmente en menos de 24 horas.

Un aparato de poder sin frenos

La ofensiva no es producto del azar. Diversas acciones del Ejecutivo se sustentan en una estrategia de expansión del poder presidencial. Cada nuevo memorando, cada orden ejecutiva, pareciera diseñarse no solo para imponer políticas, sino para probar los límites del sistema democrático estadounidense.

“Gobiernos van y vienen, pero lo que no puede ir y venir es el respeto a la ley y la ética institucional”, declaró Cole Leiter, director del grupo Americans Against Government Censorship.

Golpe a la diplomacia: el caso Dorothy Shea y el viraje hacia Rusia

La línea política de Trump también ha producido giros drásticos en la política exterior. Un caso simbólico fue el cambio de postura de EE. UU. en la ONU respecto a la guerra en Ucrania. Lo que antes fue categórico —“una invasión injustificada” por parte de Rusia—, bajo la administración Trump se transformó en una resolución ambigua que evitó culpar directamente a Moscú.

La actual embajadora interina, Dorothy Shea, funcionaria de carrera con más de tres décadas de experiencia, ha sido la cara visible del viraje. Su mensaje ante la ONU reflejó el nuevo enfoque: “Participar en rivalidades retóricas no salvará vidas en el campo de batalla”.

Trump y la ONU: ¿desmontando el orden internacional?

Más allá del tema fiscal, la Casa Blanca ha propuesto recortes sustanciales al financiamiento para organismos internacionales. Entre ellos, las propias Naciones Unidas. La medida, aunque preliminar, evidencia el enfoque aislacionista que ha caracterizado la actual administración.

Tal actitud refuerza las preocupaciones de aliados sobre el compromiso de EE. UU. con el orden internacional instaurado tras la Segunda Guerra Mundial.

DOGE, privacidad y acceso a datos ciudadanos

Otro ángulo del poder ejecutivo en expansión es el caso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk. Este ente ha buscado acceso completo a los sistemas de datos de la Seguridad Social, incluyendo información sensible como historiales médicos, registros de menores y datos de salud mental.

Una orden judicial emitida por la jueza federal Ellen Hollander impuso restricciones a dicho acceso, calificándolo como una amenaza a los principios de privacidad que han regido durante más de 90 años.

“El objetivo de combatir el fraude es loable —escribió Hollander— pero eso no justifica un acceso sin restricciones a datos sensibles”.

La acción judicial responde a una demanda de sindicatos y asociaciones de jubilados que consideran que la intervención de DOGE, sin controles ni transparencia, es un riesgo para los derechos de los beneficiarios.

¿Qué está en juego?

Lo que es evidente es que estamos ante una administración que ha redefinido las nociones tradicionales del poder presidencial. Para algunos, es un ataque a los contrapesos; para otros, una respuesta pendiente frente a un aparato burocrático ineficiente.

Sin embargo, lo que parece inequívoco es el patrón: cualquier entidad que cuestione o confronte a Trump puede convertirse en objetivo. Desde las oficinas universitarias hasta las salas del Consejo de Seguridad de la ONU, pasando por agrupaciones ambientales y defensoras de derechos civiles, pocas áreas de la sociedad civil se sienten hoy seguras.

La democracia no solo se mide por el proceso electoral, sino también por la existencia de organizaciones que puedan funcionar libremente y sin temor a represalias del poder. Cuando ese tejido comienza a romperse, el riesgo ya no es sectorial, sino sistémico.