La crisis migratoria entre República Dominicana y Haití: una bomba humanitaria en el Caribe
El endurecimiento de las deportaciones de mujeres embarazadas haitianas expone una alarmante crisis de derechos humanos mientras la violencia de las pandillas colapsa el sistema sanitario haitiano
En el corazón del Caribe, una crisis humanitaria de proporciones históricas está cobrando fuerza con renovada intensidad. La República Dominicana ha aumentado recientemente las deportaciones de personas migrantes haitianas, con especial énfasis en mujeres embarazadas, recién paridas y niños. Este recrudecimiento de la política migratoria ha generado preocupaciones graves entre organismos internacionales, defensores de derechos humanos y la población haitiana, quienes ven en estas acciones una amenaza directa a la vida de los más vulnerables.
Un contexto explosivo: Haití entre violencia y colapso sanitario
Haití atraviesa una de las peores crisis desde el terremoto de 2010 que devastó el país. Con apenas el 40% de los centros de salud operativos en su capital, Puerto Príncipe, y una violencia de pandillas que ha tomado control de varias zonas urbanas, el país ofrece pocas garantías de seguridad y acceso a servicios básicos. A esta situación se suma la clausura del Hospital Universitario de Mirebalais, una institución clave con más de 300 camas, ubicada en el centro de Haití, que se vio obligada a suspender sus operaciones a causa de la falta de insumos, oxígeno y kits médicos de emergencia.
Según declaraciones del portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dos hospitales de la misma zona atendieron recientemente a más de 200 pacientes con heridas de bala, desnutrición severa e incluso cólera, derivado del cierre de Mirebalais. Estas cifras son reflejo de un sistema al borde del colapso, donde cada deportación significa un posible desenlace trágico.
Deportaciones en masa: cifras escalofriantes y políticas controversiales
Desde octubre de 2023, la República Dominicana ha expulsado a más de 180,000 personas, según cifras oficiales. Entre ellas, en las últimas semanas, se han identificado al menos 48 mujeres embarazadas, 39 que recién dieron a luz y 48 menores de edad, detenidos en hospitales o en camino hacia ellos.
La medida ha escalado debido a una política reciente que exige a los centros de atención médica verificar la documentación de sus pacientes. Esta política forma parte de un paquete de nuevas iniciativas implementadas por el presidente dominicano Luis Abinader para frenar lo que su gobierno denomina “migración irregular a gran escala”.
El propio Abinader visitó la frontera entre ambos países, dejando muy clara su postura y lanzando un mensaje a la comunidad internacional: “Mi responsabilidad es defender la República Dominicana”, declaró, desestimando las críticas de organismos como Amnistía Internacional.
Una frontera, dos mundos: Hispaniola dividida
Haiti y República Dominicana comparten la isla de La Española desde hace siglos, pero la realidad de ambos pueblos es diametralmente opuesta. Mientras la República Dominicana ha logrado mantener una estabilidad económica y política relativa en los últimos años, Haití ha estado sumido en la inestabilidad constante, marcada por desastres naturales, corrupción, violencia política y escasez de recursos.
Esta disparidad ha generado un flujo persistente de migrantes haitianos hacia suelo dominicano en busca de trabajo, atención médica o seguridad. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), este flujo ha ido en aumento mientras las condiciones en Haití empeoran.
“Estamos viendo un número creciente de mujeres embarazadas, niños y recién nacidos entre los deportados”, señaló recientemente la OIM. La organización advirtió que muchos de ellos son devueltos a un contexto donde el acceso a servicios básicos es casi inexistente.
Una bomba humanitaria
La combinación de estas políticas migratorias y el colapso sanitario haitiano ha provocado lo que expertos denominan una “bomba humanitaria”. De acuerdo con el Consejo Presidencial de Transición de Haití, las deportaciones actuales son una violación directa de derechos humanos y requieren una respuesta internacional firme.
La ONU ha instado a la República Dominicana a cesar estas prácticas, y Amnistía Internacional exigió el fin inmediato de la política de verificación de documentos en hospitales. La organización sostiene que la medida “debe ser derogada” inmediatamente y acusa al gobierno dominicano de promover acciones que podrían calificarse como discriminatorias y xenófobas.
Más allá de la política migratoria: racismo y tensiones históricas
No se puede entender esta crisis sin mirar el trasfondo histórico. Las relaciones entre Haití y República Dominicana han estado marcadas por desconfianza, conflictos fronterizos y desigualdades que datan del siglo XIX. Las políticas migratorias recientes han reavivado viejas heridas vinculadas con el racismo y la exclusión.
En 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una polémica sentencia que despojó de la ciudadanía a miles de personas de ascendencia haitiana nacidas en el país, lo que provocó una ola de protestas internacionales. Desde entonces, las tensiones no han dejado de crecer.
Para algunos analistas, estas deportaciones masivas reflejan no solo una política de seguridad fronteriza, sino una estrategia política interna para captar apoyo popular mediante el endurecimiento del discurso antiinmigrante.
Las cifras que revelan una tragedia
- Más de 180,000 haitianos deportados desde octubre de 2023.
- Menos del 40% de los centros de salud abiertos en Puerto Príncipe.
- 300 camas inutilizadas en el hospital cerrado de Mirebalais.
- 135 migrantes haitianos (mujeres embarazadas, postparto y menores) detenidos en hospitales en solo dos días (martes y miércoles pasados).
¿Soluciones reales o cortinas de humo?
Mientras la comunidad internacional mira hacia Gaza, Ucrania o Sudán, el Caribe alberga una tragedia que, en su silencio, multiplica la miseria. Sin una estrategia de cooperación bilateral efectiva, apoyo humanitario inmediato y presión diplomática para restaurar la gobernabilidad en Haití, la crisis empeorará.
El multilateralismo parece debilitado frente a una frontera custodiada por la desconfianza, donde el acceso a la salud es motivo de arresto y el hecho de dar a luz puede terminar en deportación. En palabras de Amnistía Internacional, “nadie debería ser castigado por buscar atención médica”. Mucho menos una mujer embarazada o un niño recién nacido.
La comunidad internacional tiene la obligación moral y legal de actuar hoy.
