Desegregación escolar en EE.UU.: ¿historia superada o herida abierta?

Una decisión que reaviva viejas heridas

Esta semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos levantó oficialmente una orden de desegregación escolar en el distrito de Plaquemines Parish, en Luisiana. La decisión fue celebrada por funcionarios de la administración de Donald Trump, quienes calificaron la orden, vigente desde 1966, como un "error histórico" que debía corregirse. Pero para muchos defensores de los derechos civiles, esta acción representa más una regresión que un avance.

“Es una señal muy preocupante,” dijo Johnathan Smith, exmiembro del Departamento de Justicia durante la presidencia de Joe Biden, ahora asesor general del Centro Nacional para la Ley de Juventud. “Muchos de estos distritos están más segregados hoy que en 1954”, afirmó.

¿Qué son las órdenes de desegregación escolar?

Estas órdenes, comúnmente dictadas por la justicia federal y conocidas como consent decrees, comenzaron a imponerse en las décadas de 1960 y 1970, tras la histórica decisión de la Corte Suprema en Brown v. Board of Education (1954), que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas.

Sigue habiendo más de 130 distritos escolares bajo órdenes de desegregación, principalmente en los estados del sur como Alabama, Georgia, Misisipi, Florida, Luisiana y Carolina del Sur. Estas órdenes incluyen medidas como:

• Asignación balanceada de alumnos por raza en distintas escuelas.
• Políticas de transporte para facilitar la integración.
• Procesos de contratación equitativa de personal docente y administrativo.

El propósito es garantizar que no haya segregación persistente, ni directa ni indirecta. En teoría, una vez que un distrito demuestra haber eliminado completamente las prácticas discriminatorias y sus efectos, la orden puede ser levantada. Pero, como indica la historia de Plaquemines Parish, esto puede tomar décadas.

Plaquemines Parish: un caso emblemático

Ubicado en el delta del río Misisipi, el distrito de Plaquemines fue hallado en cumplimiento con los criterios de integración en 1975. Sin embargo, la supervisión judicial se prolongó por años debido a la muerte del juez a cargo y la incongruencia en los archivos del caso. La propia superintendente del distrito, Shelley Ritz, admitió que, hasta 2023, funcionarios del Departamento de Justicia seguían solicitando datos anuales sobre contratación y disciplina escolar.

“Era un trabajo abrumador para un distrito con menos de 4,000 estudiantes,” señaló. Sin embargo, ¿puede esa carga administrativa justificar la eliminación de un mecanismo de vigilancia que busca mantener la equidad racial?

Volver al pasado: ¿realmente hemos superado la segregación?

Según un estudio del Centro Century Foundation, los distritos que han sido liberados de órdenes judiciales en las últimas décadas han mostrado una tendencia creciente a la resegregación racial.

Halley Potter, investigadora principal de dicha fundación, ha señalado: “Las escuelas tienden a resegregarse rápidamente una vez retiradas las órdenes. Aparecen nuevas preocupaciones sobre equidad y discriminación.”

Otro dato revelador: según el Proyecto de Derechos Civiles de UCLA, las escuelas públicas en EE.UU. están igual o más segregadas que en los años 1960 en términos de distribución racial, siendo los estudiantes afroamericanos y latinos los más afectados.

Una brecha que persiste: más allá de los números

Robert Westley, profesor de leyes antidiscriminatorias en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane, advierte sobre el mensaje implícito en estas eliminaciones:
“Se está declarando que el retroceso está completo. El gobierno federal ya no está interesado en enfrentar los problemas de discriminación racial en las escuelas.”

La NAACP ha utilizado las antiguas órdenes para proteger los derechos de estudiantes afroamericanos. En 2020, lograron que un distrito de Alabama restaurara los comedores escolares cerrados durante la pandemia por considerarse una práctica discriminatoria. En 2023, otra acción judicial obligó al cierre de una escuela primaria predominantemente afroamericana en Luisiana, cercana a una planta petroquímica, alegando exposición desproporcionada a riesgos para la salud.

¿Un problema administrativo o una cuestión de justicia?

Para los funcionarios de la administración Trump como Harmeet Dhillon, asistente del Fiscal General, estos casos representan una carga innecesaria: “Estamos eliminando residuos del pasado que no reflejan la realidad actual.” Leo Terrell, de la División de Derechos Civiles, añadió: “Luisiana hizo sus deberes hace décadas. Es hora de mirar hacia adelante.”

Sin embargo, para Raymond Pierce, presidente de la Fundación de Educación del Sur, la eliminación masiva de estas órdenes representa un atentado grave contra el derecho a la educación de comunidades enteras: “Es una negligencia hacia nuestra necesidad de construir una fuerza laboral educada y hacia el estado de derecho.”

El conflicto entre progreso y vigilancia

Esta conversación no es solo legal, sino profundamente simbólica. Cada orden representa una medida correctiva ante prácticas que marcaron generaciones con desigualdad. El simple hecho de que aún existan —y que algunas sean invocadas activamente para proteger derechos— demuestra que el problema no ha desaparecido.

No se trata de vivir en el pasado, sino de asegurarse que lo aprendido no se pierda. Como lo indica la historia reciente, las desigualdades persisten, incluso sin una segregación declarada. La diversidad no garantiza inclusión, y la presencia simultánea de estudiantes de diferentes razas en una escuela no implica equidad en trato, oportunidades o recursos.

Desmantelar las estructuras jurídicas creadas para corregir estas realidades sin una evaluación exhaustiva es, como mínimo, un experimento riesgoso.

¿Y ahora qué sigue?

No cabe duda de que muchas órdenes de desegregación vigentes necesitan revisión, actualización o incluso clausura —pero solo si pueden demostrarse progresos verificables. Resolver un caso porque "el expediente se perdió" o "han pasado muchos años" no responde a los estándares del progreso social ni a la misión de equidad histórica.

Según datos recientes, casi una de cada cuatro escuelas públicas estadounidenses está compuesta por más del 90% de estudiantes de una sola raza o grupo étnico. Mientras tanto, en zonas urbanas periféricas, muchos estudiantes blancos asisten a escuelas privadas o charter exclusivamente blancas, intensificando una forma moderna de segregación silenciosa.

La lucha por escuelas verdaderamente integradas no termina con la eliminación simbólica de una orden judicial. Terminará cuando todas las niñas y niños, sin importar su raza, accedan por igual a una educación de calidad y a entornos escolares seguros, dignos y diversos. Y para eso, tal vez aún necesitamos la vigilancia que muchos consideran un vestigio innecesario del pasado.