ICE en los tribunales: ¿Protegiendo la ley o sembrando el miedo?

Por años, los tribunales estadounidenses han sido considerados espacios neutrales donde se dirimen disputas legales y se protege el debido proceso. Sin embargo, la reciente oleada de arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro de cortes ha encendido las alarmas en la comunidad legal y ha revivido una vieja controversia iniciada durante el primer mandato de Donald Trump.

Una nueva ola de arrestos en epicentros judiciales

Durante el último mes, múltiples incidentes documentados muestran a agentes de ICE en operaciones dentro o en las inmediaciones de tribunales estatales y municipales. En Virginia, un hombre hondureño fue arrestado tras la desestimación de cargos menores. En Boston, un juez municipal fue inicialmente declarado en desacato por confrontar un arresto, mientras que en New Hampshire, agentes tumbaron a un anciano con bastón mientras perseguían a un hombre venezolano frente a un ascensor.

En Carolina del Norte, cuatro personas fueron arrestadas durante procedimientos judiciales, una acción que llevó al sheriff local a criticar duramente la falta de comunicación de ICE con las autoridades locales, como también la disrupción de las audiencias en curso.

Del blindaje humanitario a los tribunales bajo asedio

Lena Graber, experimentada abogada del Immigrant Legal Resource Center, contextualiza: "Las cortes tradicionalmente eran consideradas zonas seguras. Este cambio de política comenzó con la primera administración Trump, sorprendiendo al sistema judicial".

Históricamente, ICE evitaba efectuar arrestos en lugares considerados sensibles: escuelas, hospitales, iglesias y tribunales. La doctrina del “santuario” se sostenía para evitar sembrar el temor entre posibles víctimas, testigos y demandantes inmigrantes. Sin embargo, en 2017 la entidad cambió esta política, permitiendo arrestos específicos, especialmente en estados “santuario” donde las autoridades no colaboraban proactivamente con la agencia.

Entre la ley y la ética: el rol de los jueces

Uno de los casos más resonantes involucra a la jueza Hannah Dugan en Wisconsin, arrestada tras supuestamente permitir que un acusado saliera por la puerta del jurado para evitar una posible detención migratoria. La fiscal general estatal Pam Bondi celebró el arresto públicamente, declarando: "Algunos jueces creen estar por encima de la ley. Estamos enviando un mensaje fuerte".

Este episodio recuerda un caso durante el primer mandato de Trump, donde una jueza en Massachusetts fue acusada de permitir que un inmigrante eludiera a agentes federales por una puerta trasera. Aunque dicho caso generó división política, deja en evidencia un dilema mayor: ¿hasta dónde están dispuestos algunos jueces a desafiar una política migratoria más agresiva si creen proteger principios constitucionales?

Impacto en el sistema de justicia: miedo y silencio

Nick Reppucci, jefe de la oficina del defensor público en Charlottesville, Virginia, denunció el daño sistemático: "Este precedente normaliza que agentes federales secuestren gente sin identificarse. Va en contra de todo principio judicial".

Reppucci enfatiza que tales tácticas tienen un efecto “paralizante” en el sistema judicial. Testigos, víctimas de violencia doméstica y personas en disputas civiles optan cada vez más por no asistir a tribunales por miedo a ser arrestados. El caso de una mujer detenida en Texas mientras buscaba una orden de protección contra su presunto agresor se ha convertido en símbolo de esa vulnerabilidad.

Desconfianza judicial generalizada

Jefes de las cortes supremas estatales, como en California y Washington, han instado a ICE públicamente a abstenerse de operar en tribunales. A su vez, se han impulsado múltiples legislaciones en estados como Nueva York y California para prohibir tales redadas sin una orden judicial específica.

Según documentos oficiales, después de asumir nuevamente la presidencia, Trump firmó nuevas directrices en enero permitiendo a ICE retomar los arrestos en tribunales, siempre que los arrestos se realicen en zonas no públicas si es posible, y en coordinación con la seguridad judicial. Sin embargo, la ejecución dista mucho de lo prometido.

Los vacíos y la indignación legal

En el caso de Teodoro Domínguez Rodríguez, filmado mientras era arrestado, los agentes federales se negaron a mostrar identificación a pesar de los ruegos de testigos. Uno incluso amenazó con llevar a Fiscalía a dos mujeres que intentaron interponerse entre él y el detenido. El fiscal estatal Jim Hingeley advirtió en un comunicado: "Alguien podría haber respondido violentamente ante lo que parecía un secuestro”.

La falta de identificación por parte de agentes plantea múltiples preocupaciones legales. Graber observa: “Si una persona no puede distinguir entre un oficial auténtico y alguien cometiendo un delito, eso erosiona la confianza pública en el cumplimiento de la ley”.

Biden limitó, Trump reinstaló

La administración Biden restringió los arrestos en tribunales, salvo en situaciones excepcionales. No obstante, esas restricciones fueron revertidas tan pronto Donald Trump retomó el poder. ICE justifica su actuar actual en nombre de la seguridad pública, aunque numerosas cortes y abogados alegan que el verdadero resultado es una disuasión peligrosa del acceso a la justicia.

Estadísticas y jurisprudencia

Según datos recopilados por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, los arrestos en tribunales aumentaron un 176% durante los primeros dos años de la administración Trump (2017-2018). Esta práctica generó demandas judiciales en al menos ocho estados, de las cuales varias resultaron en fallos que prohibieron las detenciones en ausencia de una orden judicial específica.

En un momento icónico, el juez federal Victor Marrero dictaminó en 2019 que el uso de las cortes como sitios de arrestos constituía una interferencia indebida en el funcionamiento del poder judicial, una opinión validada por la Asociación Nacional de Jueces Estatales.

Un dilema no resuelto: justicia vs. control migratorio

La controversia no es simplemente legal, sino moral y estructural. Quienes avalan los operativos argumentan que “la ley es la ley” y ICE tiene derecho a capturar a quienes están en proceso de deportación. No obstante, sus detractores advierten que tales tácticas convierten el sistema judicial en una trampa para los más vulnerables y socavan principios democráticos fundamentales.

La comunidad jurídica y política está dividida. Grupos como el American Immigration Lawyers Association exigen reformas claras y denuncian un ambiente de intimidación. Mientras tanto, ICE mantiene que sus agentes “actúan profesionalmente bajo protocolos para garantizar seguridad operativa y pública”.

¿Cuál es el límite del poder federal?

A medida que más videos circulan mostrando estos encuentros tensos, la pregunta se vuelve inevitable: ¿hasta qué punto está permitido que las fuerzas federales dominen espacios jurídicos concebidos para proteger derechos civiles?

Lo cierto es que el uso de tribunales como campo de batalla de políticas migratorias es uno de los ejemplos más dramáticos del largo conflicto entre seguridad nacional e integridad judicial. Mientras tanto, decenas de inmigrantes siguen enfrentando el dilema supremo: ¿hacer valer mis derechos o salvar mi libertad?