La batalla por la tierra en el corazón de EE. UU.: el caso del oleoducto de carbono en Iowa
Entre intereses industriales, derechos de los agricultores e implicaciones medioambientales, el proyecto de Summit Carbon Solutions reaviva un conflicto político y rural en el Midwest de los Estados Unidos
Un megaproyecto en disputa
Con una inversión estimada en 8.900 millones de dólares, el proyecto de Summit Carbon Solutions para construir un oleoducto de dióxido de carbono a lo largo de 4.023 kilómetros (2,500 millas) a través de cinco estados del Medio Oeste estadounidense ha desatado una feroz batalla política, legal y comunitaria en Iowa. Este oleoducto, una pieza clave en la estrategia de captura y almacenamiento de carbono de Estados Unidos, plantea nuevas tensiones entre las grandes corporaciones, los agricultores y los legisladores estatales.
La propuesta de Summit busca transportar las emisiones de CO2 desde plantas de etanol en Iowa, Minnesota, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur hacia terrenos en Dakota del Norte, donde serían almacenadas de forma permanente bajo tierra para evitar su liberación en la atmósfera.
¿Por qué la polémica?
En teoría, el proyecto beneficia tanto al medioambiente como a la industria del etanol. Al reducir la "intensidad de carbono" de sus plantas, los productores podrían acceder a créditos fiscales federales, aumentando sus márgenes de ganancia y haciéndolos más competitivos en el mercado de combustibles renovables.
Pero muchos ciudadanos de Iowa, especialmente agricultores, consideran que este objetivo económico y medioambiental no justifica el uso de expropiación forzosa (eminent domain) para adquirir tierras privadas.
Como indicó el senador estatal Kevin Alons: “Queremos una ley clara como la de Dakota del Sur. Que diga ‘No podrán usar eminent domain para un oleoducto de carbono’”.
Un paralelismo regional: Dakota del Sur dice “no”
En abril de 2024, Dakota del Sur aprobó una ley prohibiendo expresamente el uso del dominio eminente para proyectos de oleoductos de carbono. Esto obligó a Summit a suspender su solicitud ante la comisión de servicios públicos estatal.
Este precedente legal influyó directamente sobre Iowa. Un grupo de 12 senadores republicanos enviaron una carta a sus líderes legislativos, amenazando con bloquear el presupuesto estatal de 2025 si el Senado de Iowa no debate el tema del dominio eminente para el oleoducto.
“Los ciudadanos de Iowa y de Dakota del Sur han dejado claro que no quieren que sus derechos de propiedad sean pisoteados por una empresa privada”, dijo el representante Steven Holt.
Datos duros sobre el oleoducto
- Longitud: 4,023 km (2,500 millas)
- Estados involucrados: Iowa, Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska
- Emisiones previstas a transportar: CO2 de más de 30 plantas de etanol
- Presupuesto estimado: 8.900 millones de dólares
- Acuerdos voluntarios en Iowa: Más de 1.300 contratos firmados
- Cobertura del recorrido en Fase 1: 75% asegurado
El dilema del dominio eminente
El dominio eminente permite que un gobierno (o una empresa autorizada) tome propiedad privada para uso público, siempre que haya una compensación justa. En EE. UU., esta práctica ha sido utilizada en la construcción de autopistas, líneas eléctricas o sistemas de agua.
Sin embargo, la aplicación de esta herramienta para proyectos privados con beneficios comerciales, como el de Summit, es altamente controvertida. El rechazo se intensificó con reportes sobre la empresa tomando medidas legales contra propietarios que se negaron a vender sus tierras.
“Ustedes decidieron pisotear a los ciudadanos de Iowa y ahora les va a salir el tiro por la culata”, exclamó Holt en el Congreso estatal.
¿Quién se beneficia realmente?
Los productores de etanol ven en este proyecto una vía para aumentar su rentabilidad en un momento en que la presión por reducir emisiones es creciente, particularmente ante el empuje de vehículos eléctricos y energías limpias.
Para Summit, se trata de un negocio redondo articulado con créditos fiscales federales por captura de carbono. De hecho, desde 2020, el Departamento del Tesoro ofrece incentivos que alcanzan hasta 85 USD por tonelada métrica de carbono capturado y almacenado.
No obstante, para los pequeños propietarios, muchos de los cuales dependen completamente de sus cultivos o ganaderías, ceder parte de su tierra puede significar una amenaza existencial.
¿Qué opinan los agricultores?
Doug Sweeney, un granjero del condado de Story, Iowa, expresó su frustración a The Des Moines Register: “Nadie me consultó. Vine a enterarme por cartas legales. No quiero una tubería con presión de CO2 cruzando mis campos”.
El temor principal radica en la seguridad. En 2020, una ruptura de una tubería de CO2 en Mississippi provocó que varios residentes quedaran inconscientes, demostrando el riesgo de acumulación del gas en zonas cercanas.
El papel del gobierno estatal
La gobernadora republicana Kim Reynolds aún no ha confirmado si firmará o vetará cualquier ley que imite la postura de Dakota del Sur. Tampoco lo ha hecho el Senado, que sigue dividido incluso dentro del propio bloque republicano.
Por su parte, Summit se muestra decidida: “Hemos invertido más de 175 millones de dólares en Iowa con acuerdos voluntarios. Respetamos el proceso legislativo y seguiremos negociando con todos los actores involucrados”, dijo su portavoz Sabrina Zenor.
Las implicaciones ambientales
Los defensores del proyecto señalan que capturar carbono a gran escala es esencial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En total, el oleoducto permitiría evitar la emisión de hasta 18 millones de toneladas métricas de CO2 al año, equivalente a las emisiones de casi 4 millones de vehículos promedio.
Sin embargo, críticos como la organización ambiental Food & Water Watch argumentan que estos proyectos sólo sirven para extender la vida de industrias contaminantes como la del gas natural o el etanol, y que se debería invertir de forma directa en energía solar y eólica.
El enfrentamiento que definirá el futuro rural
En el fondo, este conflicto va más allá de una tubería. Es un reflejo de una lucha histórica en el corazón del país: la protección de la propiedad privada frente al interés económico nacional. Y también del desencuentro entre zonas rurales y gobiernos que parecen distantes.
Mientras tanto, miles de agricultores de Iowa miran con recelo sus terrenos, temiendo que sus derechos puedan ser ignorados. Como expresó Doug Sweeney: “Quieren salvar el planeta, pero pueden destruir mi vida en el proceso”.
¿Y ahora qué?
La presión está sobre el Senado estatal. La legislación podría aprobarse con una fórmula que limite el dominio eminente exclusivamente a situaciones eminentemente públicas, como infraestructuras de agua o energía.
Será una prueba clave de si un gobierno puede equilibrar el crecimiento económico, la seguridad ambiental y la justicia agraria en uno de los estados más agrícolas de EE. UU.
Como dijo el senador Jack Whitver: “Se está trabajando en una solución legislativa, y soy optimista. Pero tenemos que tener cuidado de no dividir al Medio Oeste más de lo que ya está”.
¿Es este el precedente de una nueva era de lucha entre lo privado y lo público en la América rural? Sólo el tiempo, y los votos, lo dirán.
