Trump, el DOJ y el cambio climático: Una cruzada judicial contra la acción estatal

Una ofensiva inesperada desde Washington

En un movimiento que ha sorprendido incluso a los expertos legales más experimentados, el Departamento de Justicia de los EE.UU. ha presentado demandas contra los estados de Michigan y Hawái con el objetivo de frenar sus planes de litigar contra empresas de combustibles fósiles. ¿La razón? Según el DOJ, estas acciones estatales interfieren con la autoridad federal emanada de la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) y contradicen la agenda federal de “dominancia energética”.

El contexto no es menor: la administración de Donald Trump ha promovido durante años un enfoque agresivo en materia energética que favorece industrias tradicionales como el carbón, el gas y el petróleo. Esta nueva acción judicial parece extender esa política incluso en cuestiones donde tradicionalmente los estados han tenido autonomía considerable: la protección de su medio ambiente.

¿Qué está en juego?

Los estados demandados tienen una motivación clara: compensar a sus ciudadanos por los daños ambientales y económicos relacionados con el cambio climático. El fiscal general de Michigan, Dana Nessel, ha encabezado esfuerzos para responsabilizar legalmente a compañías fósiles, mientras que el gobernador de Hawái, Josh Green, pretende llevar a juicio a las petroleras por eventos como el devastador incendio de Lahaina en 2023.

Ambas jurisdicciones arguyen que las grandes corporaciones que han sabido desde hace décadas del daño que sus emisiones causan al planeta deben rendir cuentas. Pero el DOJ, en documentos judiciales, considera que tales demandas representan una “regulación inadmisible” de emisiones interestatales y una obstrucción a los preceptos de la Ley de Aire Limpio.

La paradoja legal y el desarme climático

Expertos como Michael Gerrard, director del Sabin Center for Climate Change Law en la Universidad de Columbia, han señalado que este tipo de acciones judiciales no tienen precedentes. "Es habitual que el DOJ intervenga en litigios ya en marcha; sin embargo, intentar frenar una demanda antes de que se presente es algo completamente fuera de la norma", explicó Gerrard.

Por su parte, Ann Carlson, profesora de derecho ambiental en UCLA, expone una contradicción clave: "El gobierno federal argumenta que los estados no pueden regular los gases de efecto invernadero porque ya lo hace la Ley de Aire Limpio, pero simultáneamente trata de debilitar esa misma ley”.

En efecto, la administración Trump ha intentado revertir la determinación legal que considera los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud pública, pilar sobre el cual la EPA puede ejercer su autoridad reguladora. Esta posición dual revela una hipocresía jurídica preocupante.

Un largo historial de ataques a la política climática

Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, Trump ha promovido abiertamente lo que llamó una política de “dominio energético”, intentando revivir industrias como el carbón, mientras desmantelaba normativas clave sobre el agua, el aire y las energías renovables.

Bajo su administración:

• Se retiró a EE.UU. del Acuerdo de París (aunque Biden revertiría esta decisión en 2021).
• Se relajaron límites sobre las emisiones de metano de la industria del petróleo y gas.
• Se eliminó la regla sobre energía limpia del gobierno de Obama, que buscaba moderar las emisiones de plantas de energía.

Estos pasos buscan crear un entorno más permisivo para las industrias fósiles, aun cuando existe consenso científico y político internacional sobre la urgencia de actuar contra el cambio climático.

Cuando el federalismo entra en crisis

El conflicto entre el poder federal y las acciones estatales no es nuevo en Estados Unidos, pero esta batalla climática adquiere una dimensión ideológica profunda. ¿Puede un estado proteger a sus ciudadanos de los efectos del calentamiento global cuando el gobierno central le pone trabas legales por hacerlo?

Se trata también de una disputa constitucional sobre el alcance de la Ley de Aire Limpio: ¿le otorga esta norma a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) una autoridad exclusiva que elimina toda competencia estatal? ¿O coexiste un marco en el cual los estados pueden actuar también según sus particularidades?

Los estados han colaborado tradicionalmente con el gobierno federal en temas ambientales —como se ve en la división entre estándares estatales y federales de calidad del aire— pero el nuevo enfoque del DOJ amenaza con centralizar aún más el poder, a expensas de las capacidades locales.

La sombra del petróleo: política y financiación

Esta ofensiva legal no es solo un problema técnico; es también una señal clara del alineamiento político del gobierno con la industria fósil. Como bien apunta Gerrard, “es una táctica de intimidación” para demostrar afecto hacia las empresas energéticas.

La situación se vuelve más alarmante cuando se observa el trasfondo económico: las empresas de combustibles fósiles aún financian campañas políticas en Estados Unidos con donaciones multimillonarias. ExxonMobil, Chevron y otros actores clave gastan colectivamente cientos de millones de dólares al año en lobbying legislativo.

Es por ello que la independencia climática de los estados se vuelve más urgente que nunca. Según datos del Global Carbon Project, Estados Unidos fue responsable del 14.5% de las emisiones globales de CO₂ en 2022—sólo detrás de China. Si los estados no pueden actuar localmente, se debilita aún más el ya tambaleante liderazgo estadounidense en materia climática.

Hawái y Michigan como símbolos de resistencia

Más allá de las implicaciones legales, los casos de Michigan y Hawái simbolizan una fuerte voluntad política de enfrentar a los gigantes del petróleo. En el caso de Hawái, la decisión se ve agravada por la tragedia de Lahaina, donde los incendios forestales —exacerbados por condiciones climáticas extremas— cobraron más de 100 vidas.

El estado insular ya ha sentido la fuerza del cambio climático: aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad y eventos meteorológicos anómalos. Responsabilizar a los causantes de estas transformaciones es un acto no solo político, sino éticamente imperativo.

En Michigan, una región que históricamente dependió del sector automotor, las consecuencias de la contaminación industrial y el cambio climático son visibles en la salud ambiental de comunidades completas, como Flint. Allí, el derecho a un medio ambiente seguro ha sido muchas veces negado.

¿Un futuro litigioso o un pacto climático?

En este intrincado tablero de intereses políticos, legales y económicos, lo único claro es que la batalla por el clima será también una batalla por el poder. Las acciones del DOJ podrían sentar precedentes peligrosos y minar la creatividad legislativa de los estados para enfrentar desafíos ambientales complejos.

Muchos se preguntan si es posible alcanzar una política nacional verdaderamente coherente y ambiciosa en un país donde las prioridades políticas parecen estar al servicio de intereses energéticos. El caso de Michigan y Hawái nos recuerda que, en ausencia de liderazgo federal, los estados deben convertirse en la última y más firme línea de defensa para el planeta.

Y como advierte Carlson con claridad: “Si el gobierno federal no actúa, y tampoco permite que los estados lo hagan, ¿quién protege entonces el clima?”