¿Está Donald Trump cruzando la línea? Un análisis del poder presidencial en tiempos de polarización
Los estadounidenses perciben que Trump ejerce demasiado poder, mientras crece la división partidista sobre los límites del Ejecutivo
El creciente poder del presidente y la preocupación ciudadana
En un Estados Unidos profundamente dividido, una nueva encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la AP-NORC ha revelado un dato inquietante: la mitad de los adultos estadounidenses creen que el presidente Donald Trump está ejerciendo demasiado poder en la forma en que se maneja el gobierno federal. Esta percepción marca un contraste incisivo con la confianza que, en términos generales, se mantiene sobre el poder judicial federal.
Según el mismo estudio, únicamente 3 de cada 10 adultos creen que los jueces federales tienen demasiado poder. Este número varía considerablemente a lo largo del espectro ideológico: mientras que la mayoría de los demócratas e independientes perciben un exceso de poder en la presidencia, casi la mitad de los republicanos consideran que los tribunales federales tienen demasiada autoridad, y apenas 2 de cada 10 creen que el presidente ha excedido sus atribuciones.
El uso de órdenes ejecutivas: ¿herramienta práctica o abuso de poder?
Desde que asumió el poder, Trump ha emitido un número récord de órdenes ejecutivas, muchas veces eludiendo al Congreso e incluso ignorando decisiones de los tribunales. Ha desafiado órdenes judiciales sobre políticas de inmigración, intentado redirigir fondos federales sin el visto bueno legislativo y aplicado presión sobre funcionarios y adversarios políticos a través del Departamento de Justicia.
Este uso expansivo del poder ejecutivo ha generado críticas no solo entre los oponentes políticos, sino incluso dentro de algunos sectores conservadores. De acuerdo con un informe del Pew Research Center, cerca del 50% de los estadounidenses consideran que Trump está legislando demasiado mediante decretos presidenciales.
Una respuesta mixta entre los votantes
La opinión pública está claramente fragmentada por línea partidaria:
- Demócratas: Cerca del 90% sienten que Trump ha excedido su autoridad presidencial. Esto representa un salto drástico frente a un 32% que opinaba lo mismo en marzo de 2024, cuando Biden estaba cerrando su mandato.
- Independientes: Un 60% también considera que Trump ha cruzado la línea.
- Republicanos: Solo un 25% comparte esa inquietud; en contraste, un 60% cree que el presidente ha usado el poder de forma apropiada, y un 14% piensa que debería ir aún más lejos.
Esta disparidad subraya el fenómeno de tribalismo político estadounidense, donde la lealtad partidaria puede superar incluso las nociones tradicionales de separación de poderes.
Un Congreso sin voz y unos tribunales como último baluarte
Con un Congreso controlado por el Partido Republicano, gran parte de la agenda de Trump ha avanzado sin grandes obstáculos legislativos. Las cortes federales, por ende, se han convertido en el único freno real frente a sus decisiones más controversiales. No obstante, también existe un sector del electorado que comienza a ver con recelo la influencia del poder judicial.
Una encuesta de Fox News sugiere que la mayoría de los estadounidenses (aproximadamente dos tercios) cree que el presidente no está en posición de ignorar al Tribunal Supremo, incluso si considera que excede su mandato constitucional. Solamente un 20% considera que el presidente podría desoír fallos, y un 16% permanece indeciso.
La narrativa conservadora: protección contra el “activismo judicial”
Entre los republicanos, especialmente los más alineados con Trump, crece la narrativa de que los tribunales están siendo utilizados como una herramienta política para frenar los avances del presidente. “Yo no creo que un juez de distrito deba poder revocar decisiones del gobierno federal,” afirmaba Linda Seck, una enfermera jubilada republicana. “Eso es trabajo del Tribunal Supremo.”
Este tipo de afirmaciones reflejan una visión que cuestiona la función del poder judicial como contrapeso, y que, en la práctica, plantea una jerarquía donde las decisiones del presidente tienen primacía hasta que el Tribunal Supremo diga lo contrario.
La nominación de Ed Martin: ¿línea roja cruzada?
Otra manifestación del conflicto sobre los poderes presidenciales es la controversia en torno a la nominación de Ed Martin como Fiscal General de Washington D.C., una de las oficinas más importantes del país. Su historial como activista pro-Trump y defensor de algunos implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha generado alarma incluso entre algunos senadores republicanos.
Martin ha sido una figura polarizadora. Durante su tiempo en el cargo interino, despidió o degradó a varios fiscales veteranos que habían liderado los casos contra los insurrectos del 6 de enero. Ha defendido sistemáticamente la inocencia de muchos de estos individuos, incluso después de que se conocieran declaraciones abiertamente supremacistas y neo-nazis por parte de algunos.
Para algunos observadores, esta nominación es una línea roja que pone en jaque no solo la imparcialidad del departamento de justicia, sino el principio de que nadie está por encima de la ley.
Un presidente con estilo propio, pero ¿dentro de los límites?
Defensores del presidente argumentan que Trump simplemente está usando las mismas herramientas que emplearon sus predecesores. “Tienen el mismo poder, solo que lo usan diferente,” comenta Seck. Pero esta comparación resulta insuficiente si se considera la magnitud de las acciones ejecutivas de Trump durante su presidencia.
Tal vez la metáfora más ilustrativa proviene de la misma Seck: “No creo que esté cruzando la línea amarilla, pero sí está justo al lado.” Esa línea amarilla, el límite difuso entre el uso legítimo y el abuso del poder, es precisamente lo que preocupa a muchos sectores de la sociedad estadounidense.
Polarización institucional y consecuencias de largo plazo
Uno de los aspectos más preocupantes de esta concentración de poder presidencial es su impacto en el equilibrio de poderes. Cuando las instituciones pierden su capacidad de limitar al Ejecutivo, la democracia se debilita. Como dijo el demócrata Lynn Cohee, hay decisiones que otros poderes deberían frenar: “La deportación masiva, la política exterior, la idea de invadir Gaza—todo eso debería debatirse antes de ejecutarse.”
Cohee añade además una reflexión perspicaz sobre el sistema político actual: “Ya no se trata de lo que es mejor para el país, sino de ver qué equipo gana.”
¿Presidencialismo populista o verdadero liderazgo?
La presidencia de Trump plantea un dilema complejo: ¿es su estilo de gobierno un reflejo de liderazgo fuerte y directo o una deriva autoritaria envuelta en retórica populista? Las acciones que hoy causan polémica sientan precedentes peligrosos para futuros ocupantes del cargo. El principio de checks and balances —equilibrio entre los poderes del Estado— se tambalea si los ciudadanos lo toleran por conveniencia política.
En palabras de Alexander Hamilton, uno de los fundadores del sistema político estadounidense: “El juicio independiente de las cortes es una protección indispensable contra la opresión del poder ejecutivo.”
Cuando esa protección empieza a ser cuestionada, quizás sea momento de volver a revisar los principios que sostienen una república constitucional moderna.
Mientras tanto, Trump sigue al volante, no cruzando —pero tampoco alejándose— de esa línea amarilla.