Ashli Babbitt y las heridas abiertas del asalto al Capitolio: ¿Justicia o impunidad?

Una muerte que sigue generando controversia

El 6 de enero de 2021 es una fecha que marcó un antes y un después en la historia política reciente de Estados Unidos. Entre la confusión y el caos del asalto al Capitolio por seguidores del entonces presidente Donald Trump, una mujer de 35 años llamada Ashli Babbitt fue abatida por un disparo de un oficial de la Policía del Capitolio mientras intentaba ingresar a la Speaker’s Lobby, una zona contigua a la Cámara de Representantes.

Babbitt, veterana de la Fuerza Aérea y ferviente seguidora de Trump, se convirtió inmediatamente en un símbolo polarizante: mártir para algunos, y amenaza insurgente para otros. Su muerte desató numerosas teorías de conspiración y se convirtió en un punto delicado en el debate sobre el uso de la fuerza, la seguridad nacional y la polarización política en el país.

Un acuerdo que reabre viejas heridas

En mayo de 2024, el Departamento de Justicia y los abogados de la familia Babbitt llegaron a un acuerdo preliminar para resolver la demanda de 30 millones de dólares interpuesta por sus familiares por muerte injusta. Aunque los términos específicos del acuerdo aún no se han revelado públicamente, su sola existencia ha generado múltiples reacciones en la opinión pública estadounidense y en los círculos políticos.

El caso alegaba que el oficial, quien no estaba uniformado en ese momento, no emitió advertencias antes de disparar y actuó de manera negligente. Sin embargo, tanto el Departamento de Justicia como la propia Policía del Capitolio absolvieron al agente, alegando que actuó en defensa propia y de los legisladores en el recinto.

“Fue un último recurso”, dijo el oficial en una entrevista televisiva. “Temía por mi vida y por la de los congresistas allí presentes”.

¿Justificación o impunidad?

El caso de Ashli Babbitt sigue siendo una suerte de campo minado ideológico. Para muchos conservadores y seguidores de Trump, ella es víctima de una fuerza desproporcionada usada por un Estado que ya no representa al ciudadano común. Para muchos otros, su muerte fue el resultado trágico pero inevitable de una acción que ponía en peligro la integridad de las instituciones democráticas.

Este caso ilustra de manera vívida el dilema sobre la interpretación de la justicia en un país profundamente dividido: ¿la muerte de Babbitt fue un acto de defensa legítima por parte del oficial como dictaminan las autoridades, o es evidencia de un Estado dispuesto a disparar sin advertencia sobre sus ciudadanos?

El componente político: Trump y la narrativa del 6 de enero

El rol de Donald Trump en este contexto es imposible de ignorar. Durante su presidencia y particularmente en los meses posteriores a los comicios de 2020, fue acusado de incitar a la violencia y caldear los ánimos de sus seguidores. El asalto al Capitolio fue el clímax de una serie de eventos en los que el entonces presidente cuestionó la validez del resultado electoral.

Aunque Trump fue absuelto en su segundo juicio político por “incitación a la insurrección”, su influencia sigue siendo palpable. Incluso ha mencionado a Babbitt en discursos, elevándola como símbolo de una “opresión” sufrida por lo que él llama “patriotas verdaderos”.

Este tipo de narrativa ha tenido consecuencias: según una encuesta de Pew Research, un 40% de los republicanos cree que el FBI y otras agencias federales persiguen políticamente a los conservadores. En este ambiente, la muerte de Babbitt ha sido instrumentalizada como prueba de esa supuesta persecución.

La legalidad detrás del disparo

Desde el punto de vista legal, no es común que un funcionario policial sea exonerado tan categóricamente luego de un uso letal de la fuerza. La Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia determinó que el disparo fue “razonable” bajo las circunstancias. La ley estadounidense permite a oficiales usar fuerza letal cuando hay amenaza “inminente” para otros.

Y en este caso, el oficial declaró que no podía identificar si Babbitt estaba armada o no y que era la última barrera entre la turba y más de 100 congresistas escondidos detrás de la puerta. El hecho de que Babbitt estaba entrando por una ventana rota no contribuyó a reducir su perfil amenazante.

Comparativas con otros casos

Algunos expertos han comparado el caso de Babbitt con otros bien conocidos en los Estados Unidos como los de Breonna Taylor, George Floyd o Tamir Rice, donde las víctimas fueron personas de color. Mientras que en algunos de esos casos los policías fueron arrestados o despedidos, en el caso de Babbitt, el oficial rápidamente fue declarado inocente. Esto ha generado debates sobre si hubo un “doble estándar” o si las circunstancias de estos casos hacen que no sean comparables.

La American Civil Liberties Union (ACLU) ha señalado que si bien es legal para los oficiales usar fuerza letal en ciertos contextos, debe existir rendición de cuentas y transparencia, especialmente en escenarios tan complejos como un asalto a una institución del gobierno.

¿Qué nos dice esto sobre el estado de la democracia estadounidense?

Más allá del nombre de Ashli Babbitt, este caso plantea interrogantes sobre la salud del sistema político estadounidense. El hecho que la familia insista en una compensación multimillonaria por considerar que su hija fue asesinada injustamente, incluso después de que el oficial fue absuelto, habla de una desconfianza institucional que viene creciendo desde hace varios años.

El sistema judicial puede resolver una demanda legal, pero no puede curar las fracturas sociales que esa misma disputa expone. Y eso es precisamente lo que torna este asunto tan duradero y complejo. No se trata solo de una mujer que murió en el Capitolio, sino de la forma en que una nación interpreta los conceptos de “patriotismo”, “legalidad” y “justicia”.

El uso político del acuerdo

Desde el anuncio del acuerdo, varios actores políticos lo están usando como insumo para reforzar sus narrativas. Los republicanos más cercanos al trumpismo ven la compensación como una “admisión tácita” de culpa por parte del gobierno de Biden, mientras que los demócratas aseguran que esto solo cierra una etapa legal sin cambiar el fondo del asunto.

Como señaló el analista político David Frum en una columna reciente, “si algo nos enseñó el caso Babbitt, es que no hay terreno neutral en la batalla por la narrativa del 6 de enero. Cada gesto, cada declaración y ahora cada acuerdo, se lee como una victoria o una traición”.

El futuro legal e histórico del 6 de enero

La resolución parcial de esta demanda deja aún muchos cabos sueltos. Más de 1,500 personas han sido arrestadas y cientos condenadas por su participación en el asalto al Capitolio. No obstante, el país aún no ha acordado un relato común sobre lo que ocurrió ese día, ni sobre cómo prevenir que algo similar vuelva a ocurrir.

Queda por ver si el pago que recibiría la familia de Ashli Babbitt será percibido como una señal de reconciliación o como una victoria del revisionismo político. Lo cierto es que a más de tres años del suceso, el eco de los disparos en el Capitolio todavía resuena en las urnas, en las calles y en las mentes de millones de estadounidenses.