La disputa por el Esequibo: ¿territorio en juego o nacionalismo en campaña?

Un conflicto colonial que sigue vivo

La disputa por el territorio del Esequibo entre Venezuela y Guyana no es nueva. Se remonta a fines del siglo XIX, cuando, en 1899, un laudo arbitral decidió otorgar a la entonces colonia británica de Guyana el control sobre un amplio territorio que hasta entonces Venezuela consideraba propio.

Este territorio comprende unos 159.500 kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente dos tercios del actual estado de Guyana. La región es rica en recursos naturales como oro, diamantes, madera y, más recientemente, petróleo offshore, cuya explotación ha intensificado el conflicto en los últimos años.

La intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ha buscado resolver una pugna que se incrementó tanto por los intereses económicos como por el uso político del nacionalismo territorial.

Del reclamo diplomático a los gestos unilaterales

En 2018, Guyana acudió formalmente a la CIJ para que se reconociera el laudo arbitral de 1899 como definitivo y vinculante. Venezuela, por su parte, rechaza la competencia de la corte, amparándose en el llamado "Acuerdo de Ginebra" firmado en 1966, año en que Guyana obtuvo la independencia.

Dicho acuerdo establecía que ambas naciones se comprometían a buscar una solución pacífica, pero sin determinar un foro específico para ello. Caracas ha sostenido que ese tratado invalida el laudo de 1899, convirtiéndolo en un tema de negociación bilateral, no judicial.

Durante el último año, sin embargo, la controversia dejó el plano diplomático y ganó protagonismo en la agenda interna venezolana. En diciembre de 2023, el presidente Nicolás Maduro organizó un referéndum sobre el Esequibo, una consulta simbólica cuyo objetivo era preguntar al pueblo si apoyaba convertir el territorio en un nuevo estado venezolano. La iniciativa fue rechazada por la comunidad internacional, y específicamente, por Guyana, como una escalada peligrosa.

La respuesta de La Haya y el rechazo de Venezuela

El 24 de mayo de 2024, la CIJ ordenó a Venezuela abstenerse de celebrar elecciones para establecer autoridades en el Esequibo, tras una denuncia de Guyana que consideró tales comicios una violación flagrante del estatus actual del territorio en disputa.

En respuesta, el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo “rotundo” a la decisión de la corte. Denunció que esta pretende “interferir” en asuntos internos y reiteró que el Esequibo es una parte “inalienable del territorio venezolano”.

“Ninguna presión internacional, chantaje judicial, ni tribunal extranjero nos hará retroceder en esta convicción”, aseguró el texto oficial, haciendo eco de una narrativa que ha sido constante en los discursos gubernamentales desde el chavismo: resistir cualquier presión externa con base en la soberanía y el legado de los libertadores.

¿Simbología o estrategia electoral?

Expertos coinciden en que, más allá del valor legal o internacional del referéndum y de los comicios propuestos en Esequibo, este tipo de gestos buscan fortalecer la narrativa nacionalista dentro de Venezuela. Con elecciones a la vuelta de la esquina, el oficialismo necesita cohesionar a su base de apoyo y distraer la atención de los problemas económicos y sociales que aquejan al país.

“El nacionalismo territorial siempre ha sido una carta útil en contextos de fragilidad política”, señala el historiador venezolano Tomás Straka, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Según Straka, el uso simbólico del Esequibo responde más a una lógica interna que a un plan real de expansión territorial.

La reciente amenaza de anexión y el plan de “ocupar administrativamente” la región pueden ser gestos más teatrales que efectivos. La presencia de empresas extranjeras como ExxonMobil, que lidera la explotación petrolera en las costas guyanesas cercanas a la zona en disputa, convierte cualquier movida militar en un escenario con implicaciones regionales y geopolíticas graves.

Recursos en juego: el petróleo como catalizador

La región del Esequibo experimentó un brusco aumento de su importancia estratégica tras los hallazgos de depósitos petroleros gigantescos en zonas marítimas cercanas. Guyana firmó entonces acuerdos de exploración y explotación con compañías como ExxonMobil, lo que ha disparado su crecimiento económico. En 2023, el país registró un crecimiento del PIB que superó el 33%, uno de los más altos del mundo, impulsado por una producción media de 650.000 barriles diarios.

La proyección es alcanzar 1 millón de barriles al día para 2027, lo cual transformaría a Guyana en un actor importante en el mercado mundial del crudo. Venezuela ve esa riqueza como una pérdida histórica, a la par que considera ilegítimo el uso de esos recursos por parte de un país que, consideran, ejerce soberanía de facto sobre un territorio en litigio.

Para Guyana, por su parte, las amenazas venezolanas son percibidas como un intento de sabotear su crecimiento económico y generar inestabilidad para encarecer las inversiones extranjeras. El presidente guyanés, Irfaan Ali, ha denunciado reiteradamente las incursiones venezolanas y ha buscado apoyo diplomático en la Comunidad del Caribe (Caricom), Brasil y el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿En qué punto está el fallo de la Corte?

La decisión del pasado 24 de mayo no se refería al fondo del conflicto, es decir, aún no hay un veredicto definitivo sobre a quién pertenece legalmente el territorio del Esequibo. La medida es una orden provisional, propia de los mecanismos de la CIJ para evitar que los Estados alteren la situación mientras el caso está siendo juzgado.

El caso principal sigue abierto y podría tardar años en resolverse. Mientras tanto, ambas partes deben abstenerse de acciones que modifiquen el statu quo, como celebrar elecciones o permitir asentamientos civiles o militares.

En derecho internacional, este tipo de medidas cautelares no solo tienen peso legal sino político. Si Venezuela decide ignorarlas, se arriesga a mayores sanciones o a perder apoyos políticos importantes. Como lo expresó el secretario de la ONU, Antonio Guterres, “el respeto a las decisiones de la CIJ es esencial para la vigencia del orden internacional basado en normas”.

La diplomacia en jaque

Las tensiones entre ambos países no disminuyen. Los episodios más recientes incluyen denuncias de Guyana sobre la presencia de buques militares venezolanos en aguas en disputa, algo que Caracas niega, alegando que se trata de patrullajes soberanos.

En diciembre de 2023, una cumbre de emergencia convocada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y observada por Brasil y la ONU permitió un breve cese de hostilidades, con un compromiso verbal de no iniciar acciones militares. Sin embargo, la falta de mecanismos de verificación hace que la desconfianza entre las partes se mantenga intacta.

¿Solución a la vista?

Venezuela podría buscar reactivar el Acuerdo de Ginebra como base para nuevas negociaciones bilaterales, pero Guyana insiste en que solo la CIJ puede cerrar definitivamente este capítulo. El gobierno de Maduro, mientras tanto, seguirá utilizando el discurso del Esequibo como punto de cohesión ideológica en tiempos electorales.

Como sucede frecuentemente en la región, la soberanía y los recursos naturales se entrelazan con juegos de poder y razones nacionales. El Esequibo, más allá de su riqueza tangible, sigue siendo un símbolo de orgullo y herida histórica para ambas partes.

Pero será la Corte, dentro de algunos años, la que probablemente tendrá la última palabra sobre este extenso y codiciado territorio suramericano.