La revisión masiva de niños migrantes en EE.UU.: ¿protección o una nueva forma de persecución?

El operativo más grande de su tipo: ¿Dónde están los 450,000 niños?

El gobierno de Donald Trump ha iniciado una enorme pesquisa federal sobre unos 450,000 niños migrantes no acompañados que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México durante la presidencia de Joe Biden. Este movimiento, que involucra a múltiples agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), busca localizar a los menores y comprobar su bienestar.

Si bien la administración afirma que el objetivo es proteger a los niños de posibles abusos y negligencia, diversos defensores de los derechos de los migrantes aseguran que se trata de una maniobra oculta para identificar a adultos indocumentados y deportarlos junto con los menores.

La mecánica del programa de patrocinadores

Durante décadas, el gobierno de EE.UU. ha permitido que adultos, en su mayoría familiares, actúen como patrocinadores para cuidar a menores que ingresaron al país sin un tutor legal. Sin embargo, este sistema ha demostrado graves fallas de transparencia y verificación.

Un informe de vigilancia federal de 2023 reveló que, durante la administración Biden, se entregaron niños a patrocinadores sin verificaciones de antecedentes o direcciones, e incluso con documentación falsa. A raíz de esto, el nuevo plan de Trump afirma estar centrado en evitar más de estas irregularidades.

Cifras alarmantes y casos impactantes

Desde 2023, se han recibido más de 65,000 denuncias relacionadas con el bienestar de los menores. De estas, 450 casos han sido derivados a autoridades federales en lo que va del año, según funcionarios del HHS. Además, ya se han reubicado al menos 100 niños en custodia federal después de que se detectaran irregularidades con sus patrocinadores.

Uno de los casos más notorios es el de un hombre acusado de abuso sexual a una menor de 14 años proveniente de Guatemala. El sujeto fingió ser su hermano y obtuvo su custodia con documentación falsa. Fue sentenciado a ocho años de prisión y enfrenta cargos federales adicionales por inducción de entrada ilegal y robo de identidad agravado.

Visitas domiciliarias y agentes armados: ¿protección o intimidación?

El proceso de revisión ha generado controversia: incluye visitas domiciliarias por parte de agentes federales armados enfocados en "verificar el estado de los menores". En muchos casos, estas visitas resultaron en la deportación de los adultos patrocinadores.

Por ejemplo, en Kona, Hawái, al menos dos familias han sido deportadas y un niño fue removido de su cuidador. En Omaha, Nebraska, un niño de 10 años fue interrogado por cinco agentes con equipo táctico, generando cuestionamientos sobre el enfoque humanitario del operativo.

La abogada Julia Cryne denunció: “Están usando esto como una forma de ir tras los niños”.

Política migratoria y derechos de los menores: ¿una colisión peligrosa?

Mary Miller Flowers, del Centro para los Derechos de los Niños Migrantes, alerta que muchos de estos menores están ahora siendo criados por sus padres, abuelos o tíos previamente asentados en EE.UU., a quienes podría detectarse como indocumentados.

“¿Cómo puede beneficiar a un niño perder nuevamente a sus padres por una deportación?”, cuestiona Flowers, señalando que el nuevo enfoque criminaliza la reunificación familiar.

Repercusiones legales y nuevas medidas

La administración Trump ha agregado requisitos más estrictos para los patrocinadores, tales como pruebas de ADN, huellas dactilares e incluso verificación de ingresos, lo que imposibilita a muchos inmigrantes indocumentados cumplir con estas condiciones. Como señala Flowers: “Es una trifecta de reglas que hace casi imposible que los niños salgan de detención federal”.

El presidente Trump, junto con el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha asegurado que su prioridad es localizar a estos menores y garantizar su seguridad. Sin embargo, activistas opinan que los motivos reales son más oscuros, especialmente debido a los antecedentes de la política de “tolerancia cero” de su primer mandato, en la que cientos de niños fueron separados de sus padres y enviados de vuelta a sus países de origen.

¿Control o protección? El debate de fondo

La tensión sobre cómo se debe manejar la inmigración infantil es profunda. Según el Pew Research Center, hasta abril de 2024, más del 60% de los estadounidenses consideran que el gobierno no ha manejado la inmigración adecuadamente. En el otro extremo, grupos como The Young Center y la ACLU alertan que operaciones como esta se están convirtiendo en herramientas de represión migratoria, más que en sistemas de protección de menores.

Esta revisión masiva también se da en un contexto electoral, lo que hace pensar a muchos que alimenta el discurso antiinmigrante de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Infancia migrante en el limbo federal

El país enfrenta un dilema ético y político: cómo proteger a los menores migrantes sin criminalizar la pobreza, la migración o la reunificación familiar. ¿Se trata realmente de mejorar el proceso o de imponer obstáculos irreparables?

Si bien hay casos graves de explotación, también existen cientos de miles de familias genuinas que tratan de reconstruirse luego de años de separación. Esta revisión, si se lleva a cabo sin un marco humanitario claro, corre el riesgo de perpetuar el mismo daño del que busca proteger a los niños.

En la lucha entre seguridad y derechos humanos, los niños no deberían ser jamás la moneda de cambio.