Trump vs. la televisión pública: ¿Ataque ideológico o estrategia política?

Una ofensiva sin precedentes contra la televisión pública

En un movimiento que ha generado alarma tanto en los círculos políticos como en los medios culturales y educativos, el expresidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva para eliminar el financiamiento federal a la PBS (Public Broadcasting Service) y a NPR (National Public Radio). La medida apunta directamente a la Corporation for Public Broadcasting (CPB), la entidad responsable de canalizar los fondos gubernamentales a estas organizaciones mediáticas que han sido pilares del periodismo independiente, la difusión cultural y la educación pública en Estados Unidos desde hace más de medio siglo.

El anuncio fue acompañado por una dura acusación desde la Casa Blanca, que en un comunicado en redes sociales dijo que “estos medios reciben millones de dólares de los contribuyentes para difundir propaganda radical disfrazada de ‘noticias’”. Paula Kerger, directora ejecutiva de PBS, respondió de inmediato afirmando que la acción es ilegal y que están “explorando todas las vías legales” para garantizar que la organización siga brindando servicios educativos a la población.

PBS y NPR: Más que medios, instituciones nacionales

Desde su creación en 1967 con la firma de la Public Broadcasting Act por el presidente Lyndon B. Johnson, la Corporation for Public Broadcasting ha funcionado como un pilar del ecosistema democrático estadounidense. Su propósito ha sido claro: ofrecer contenidos educativos y culturales accesibles a toda la ciudadanía, especialmente en áreas rurales o con menos recursos.

Es importante entender que PBS y NPR no son redes centralizadas como las grandes cadenas comerciales. Funcionan a través de más de 1.400 estaciones afiliadas locales en todo el país que producen y comparten contenido diseñado especialmente para sus comunidades. Según datos de la propia CPB, aproximadamente el 70% del presupuesto de estas estaciones regionales proviene de fondos públicos. Sin esa ayuda económica, muchas tendrían que cerrar.

¿Una cruzada política contra las voces críticas?

La embestida de Trump forma parte de un patrón preocupante. Desde el inicio de su segundo mandato, el expresidente ha tomado medidas visibles para cercenar el financiamiento de organismos culturales y educativos. Entre otros casos, se destacan:

• La intervención directa en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas.
• Recortes millonarios a la National Endowment for the Humanities, entidad que financia bibliotecas, museos y universidades.
• Intentos de frenar la financiación federal a universidades que mantengan programas de diversidad o equidad.

El hecho de que ahora se apunte de forma explícita a la televisión pública, con acusaciones de “sesgo” y “propaganda radical”, ha llevado a múltiples expertos y académicos a calificar esta acción como un ataque directo a la independencia editorial y a la libertad de expresión.

“Es el asalto más grave que ha enfrentado la televisión pública en su historia”, dijo un analista de medios de la Universidad de Columbia en declaraciones recientes. “No se trata simplemente de un recorte presupuestario: es un intento de reconfigurar el ecosistema moral y cultural del país.”

Impacto en las comunidades locales: mucho más que programación ‘woke’

Contrario a lo que afirma la orden ejecutiva de Trump, la programación que ofrece PBS incluye contenidos educativos, infantiles, culturales y científicos que son apreciados por públicos de todas las tendencias políticas. Programas como Sesame Street han sido fundamentales en el desarrollo de millones de niños estadounidenses, y documentales de series como NOVA o Frontline han explorado temas históricos o científicos con profundidad pocas veces disponible en otros medios.

En las regiones rurales —muchas de las cuales votan mayoritariamente por candidatos republicanos—, las estaciones PBS locales representan una de las pocas fuentes de contenido educativo gratuito y confiable. Según datos de CPB, más del 60% de las estaciones comunitarias de radio y televisión están en zonas rurales o suburbanas, donde el acceso a internet de banda ancha o a cable comercial no está asegurado.

Quitarles el apoyo financiero no solo pone en peligro a la institución, sino que afecta directamente a las comunidades más necesitadas. En palabras de Kerger: “Eliminar la financiación es marginar aún más a quienes ya tienen menos acceso a recursos educativos y culturales”.

Un patrón de centralización del poder cultural

Las acciones de Trump también deben analizarse en el contexto de una estrategia más amplia de centralización ideológica del poder cultural y mediático. En paralelo a sus ataques a la televisión pública, el expresidente ha buscado reformar radicalmente instituciones clave como:

• La U.S. Agency for Global Media, que administra medios internacionales como Voice of America y Radio Free Europe.
• El Departamento de Justicia y su rol en vigilancia de medios considerados “hostiles”.

En ambos casos, los esfuerzos han sido bloqueados parcialmente por tribunales federales bajo el argumento de que el poder ejecutivo no puede apropiarse del control editorial de medios cuyo mandato proviene del Congreso u otras estructuras independientes.

¿Qué dice la ley?

Desde el punto de vista legal, el argumento de la CPB es que no está sujeta al control directo del Poder Ejecutivo. Aunque la Corporación recibe fondos del Congreso, opera como una organización privada sin fines de lucro, lo que le garantiza independencia administrativa y editorial. En este sentido, la destitución de tres de sus cinco miembros por orden presidencial fue inmediatamente demandada en la justicia por inconstitucional.

Una vez más, los tribunales tienen la última palabra sobre si la orden de Trump puede aplicarse legalmente. Mientras tanto, la incertidumbre ha desatado una ola de solidaridad en el ámbito cultural y educativo.

Reacción social: la defensa de un modelo público de medios

Desde que se anunció el corte de fondos, múltiples personalidades políticas, académicas y artísticas han defendido públicamente a la televisión pública. Movimientos ciudadanos han surgido con campañas para presionar al Congreso y garantizar que se mantenga el apoyo presupuestario.

Al mismo tiempo, donaciones individuales a estaciones locales de PBS y NPR han aumentado. Según PBS, en las primeras 72 horas desde el anuncio presidencial, más de 250.000 personas habían contribuido con nuevas donaciones, muchas de ellas de menos de 50 dólares.

“No se trata de ideologías. PBS me enseñó a leer, a amar la ciencia, y a entender el mundo. No voy a permitir que desaparezca”, escribió en redes sociales una madre de Memphis, Tennessee.

¿Qué está en juego?

El conflicto va mucho más allá de un enfrentamiento entre Trump y los medios públicos. Está en juego el modelo mismo de comunicación democrática y acceso equitativo a la información. En un entorno mediático dominado por plataformas privadas y algoritmos de monetización, PBS y NPR representan —todavía— espacios de respiro intelectual y reflexión crítica.

Eliminar su financiamiento sería no solo un golpe legal o financiero, sino un mensaje ideológico peligroso: que solo pueden prosperar aquellos medios cuya narrativa coincida con la del poder ejecutivo. Y eso, en cualquier democracia, es una línea roja.