¿Protección Ambiental o Carga Industrial? La Batalla por Regular la Contaminación de las Fábricas de Neumáticos

Una batalla legislativa con consecuencias ambientales

El Congreso de Estados Unidos votó recientemente para deshacer una regulación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que buscaba reducir las emisiones contaminantes en la industria de fabricación de neumáticos. Esta resolución, impulsada por legisladores republicanos, refleja un conflicto cada vez más agudo entre quienes abogan por la protección del medio ambiente y quienes priorizan la competitividad y el empleo industrial.

El reglamento, aprobado originalmente en noviembre de 2023, tenía como objetivo restringir las emisiones de hidrocarburos totales y material particulado filtrable (fPM) en procesos que hasta ahora no estaban regulados bajo los Estándares Nacionales de Emisión para Contaminantes del Aire Peligrosos (NESHAP). Según la EPA, las modificaciones permitirían reducir estos contaminantes en aproximadamente 171 toneladas métricas anuales, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y protegiendo la salud pública.

El trasfondo legal: una orden judicial y comunidades contaminadas

El origen de este reglamento se remonta a fallos judiciales que señalaron a la EPA por no cumplir con su deber de revisar periódicamente los estándares de emisión según lo exige la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). En particular, organizaciones como Louisiana Environmental Action Network y el Blue Ridge Environmental Defense League demandaron a la agencia por no regular adecuadamente las fuentes de contaminantes peligrosos como los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y los metales pesados.

Estas comunidades alegaban que vivían cerca de plantas de neumáticos y otras industrias altamente contaminantes sin recibir suficientes protecciones. En este contexto, el nuevo estándar fue parcialmente una respuesta a esa presión legal y social.

¿Qué regula exactamente la norma anulada?

El reglamento anulaba un vacío normativo de años en la industria de fabricación de caucho, especialmente en la "procesación del caucho", una etapa que libera cantidades significativas de VOCs que contribuyen a la formación del ozono troposférico —un contaminante peligroso para el sistema respiratorio humano.

Además, exigía a las empresas instalar tecnología de vanguardia como oxidadores térmicos regenerativos (RTOs, por sus siglas en inglés), diseñados para destruir contaminantes antes de que sean liberados a la atmósfera.

El contragolpe: economía frente a ecología

Sin embargo, congresistas como Morgan Griffith (Virginia), Tim Scott (Carolina del Sur) y Roger Wicker (Mississippi), todos republicanos, introdujeron una resolución para revertir la norma bajo el Congressional Review Act, una herramienta legislativa que permite al Congreso deshacer reglamentos federales recientes con mayoría simple en ambas cámaras.

"Como muchas regulaciones durante los últimos días de la Administración Biden-Harris, esta norma se basó en datos cuestionables y presentaba beneficios de salud pública casi inexistentes", afirmó Griffith. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes el 5 de marzo y por el Senado pocos días después.

Neumáticos vs. medio ambiente: ¿un falso dilema?

Los grandes fabricantes de neumáticos —como Michelin North America y Goodyear— argumentaron que el costo de cumplimiento con la norma era excesivo y que la instalación de equipos avanzados podría incluso aumentar las emisiones de CO₂ en sus fábricas.

Anne Forristall Luke, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de EE. UU., sostuvo que la medida derogada “reduce cargas financieras innecesarias en las instalaciones de fabricación de neumáticos y evita impactos ambientales adversos que el reglamento anterior potencialmente podía generar”.

Las consecuencias de respirar aire sucio

Sin embargo, expertos en salud pública como el senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, respondieron con fuerza. "Esta resolución niega protecciones de aire limpio al pueblo estadounidense, especialmente a los niños cuyos pulmones y cerebros aún están desarrollándose y son más vulnerables a estos contaminantes", declaró.

Y es que, según la EPA, los contaminantes regulados no sólo agravan el cambio climático, sino que están asociados con cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de daños neurológicos. El inventario oficial de contaminantes atmosféricos peligrosos (HAPs, por sus siglas en inglés) incluye sustancias como el benceno y el formaldehído, presentes en la producción de neumáticos.

Un precedente para otras industrias

El problema no se limita solo a los fabricantes de neumáticos. De hecho, esta norma era una de las primeras que abordaban la falta histórica de regulación en múltiples sectores industriales —desde refinerías de petróleo hasta lavanderías en seco y plantas de producción de asfalto— que colectivamente emiten millones de toneladas de contaminación cada año.

Mediante una serie de 31 acciones propuestas en marzo de 2023, la EPA pretendía revisar y fortalecer esos estándares. La revocación de esta regla podría sentar un precedente peligroso, desincentivando futuras propuestas regulatorias necesarias para enfrentar la emergencia climática y sanitaria.

Un debate ideológico disfrazado de economía

Detrás de este conflicto ambiental se esconde una profunda división ideológica. Quienes apoyan la revocación suelen argumentar que se trata de defender “el empleo estadounidense y la manufactura nacional”. No obstante, esta narrativa omite los costos sociales de la contaminación: hospitalizaciones, muertes prematuras, déficit de atención en niños y desaparición de biodiversidad.

Recientes estudios de la Organización Mundial de la Salud vinculan la exposición prolongada a HAPs con una reducción promedio de 2 años en la esperanza de vida en zonas urbanas densamente pobladas. Pero, ¿este tipo de datos puede competir con las estadísticas de empleo en campañas políticas locales?

¿Quién gana y quién pierde?

La revocación de la norma será celebrada por algunos sectores industriales, sin duda. Pero para comunidades como las de Luisiana o Carolina del Sur, será un golpe más en una larga historia de sacrificio ambiental en nombre del progreso económico. Estas “zonas de sacrificio”, como las llama el sociólogo Robert D. Bullard, coinciden frecuentemente con barrios pobres y comunidades racializadas.

Como señaló el senador Whitehouse, “es otra muestra más del interminable esfuerzo por acomodar a los mayores contaminadores del país”.

La pregunta ahora es: ¿será este retroceso normativo el comienzo de una nueva ola de desregulación industrial bajo el justificativo de reactivar la economía, o se trata de una excepción en una política ambiental cada vez más imprescindible en Estados Unidos?

El futuro inmediato

Todo apunta a que la medida será firmada por el presidente en los próximos días, marcando un giro importante en la agenda ambiental. La EPA, por su parte, ya ha anunciado que trabajará “rápidamente para rescindir la norma onerosa”, según un comunicado reciente.

Pero el impacto real se sentirá en el aire de las comunidades, no en los pasillos del Capitolio. Y aunque el debate sobre si regular o no continúe en el plano político, los pulmones de millones de estadounidenses seguirán siendo el campo de batalla invisible.