Prisión, deportación y derecho: El polémico trato a los venezolanos en El Salvador

Por Redacción

Una alianza controversial: deportación masiva y encarcelamiento patrocinado

En marzo de 2025, el gobierno de los Estados Unidos deportó a más de 200 inmigrantes venezolanos con presuntos vínculos con la pandilla criminal Tren de Aragua. La deportación no terminó en territorio venezolano, sino en El Salvador, donde los detenidos fueron ingresados a una prisión de máxima seguridad bajo el control del gobierno de Nayib Bukele. Según denuncias recientes, esta operación fue financiada en parte por el propio gobierno estadounidense.

Desde su llegada al Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, los migrantes no han podido comunicarse con sus familias ni tener acceso a representación legal. Esta situación ha suscitado gran preocupación internacional por lo que organizaciones de derechos humanos no dudan en calificar como una desaparición forzada respaldada por el Estado.

Organismos internacionales alzan la voz

El pasado viernes, múltiples organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Global Strategic Litigation Council, el Centro para Estudios de Género y Refugiados, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston y Robert F. Kennedy Human Rights, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos.

“Estos individuos han sido arrancados de sus familias y sometidos a un régimen de desaparición forzada patrocinado por el Estado, lo que constituye una violación flagrante de la ley internacional,” afirmó Bella Mosselmans, directora del Global Strategic Litigation Council.

Las organizaciones solicitan medidas cautelares, tales como el derecho al contacto familiar, acceso a abogados e incluso el retorno a territorio estadounidense en algunos casos.

¿Puede un país tercero ser cárcel de otro?

El acuerdo entre EE. UU. y El Salvador abre un precedente peligroso: el uso de naciones extranjeras como centros de detención tercerizados. Aunque Washington aún no ha divulgado los detalles financieros y legales del acuerdo, un juez federal ordenó recientemente que el gobierno estadounidense proporcione más información sobre las condiciones del trato.

Los migrantes deportados incluían individuos con solicitudes de asilo pendientes, aprobaciones para reubicarse como refugiados e incluso algunos con estatus de protección temporal (TPS), que legalmente les permitía residir y trabajar en los Estados Unidos. Sin embargo, fueron deportados bajo acusaciones “no procesadas” de vínculos con bandas criminales.

El Salvador: seguridad a cualquier costo

Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que suspende ciertas libertades constitucionales en nombre de la seguridad. Más de 85,000 salvadoreños han sido detenidos en ese período, según cifras oficiales, por presuntos vínculos con maras como la MS-13 y Barrio 18.

Bajo este marco de poder excepcional, el gobierno de Bukele ha construido una narrativa de “mano dura” contra el crimen. La infraestructura que encierra hoy a los venezolanos fue pensada para contener a estos grupos criminales y ha sido elogiada por simpatizantes internacionales, quienes aplauden los resultados en seguridad. En paralelo, múltiples informes documentan detenciones arbitrarias, casos de tortura y violaciones al debido proceso.

Ni el gobierno de El Salvador ni el de EE. UU. han explicado bajo qué condiciones pueden recobrar su libertad los detenidos venezolanos. De hecho, algunos recursos judiciales presentados en tribunales salvadoreños —como peticiones de habeas corpus— no han tenido respuesta.

La dignidad detrás de la detención

Más allá del debate legal, esta situación deshumaniza a cientos de personas que, sin un juicio ni pruebas públicas, han sido aisladas y etiquetadas como criminales. Los testimonios de familiares presentados ante la CIDH muestran el dolor de una separación abrupta, informe y, hasta ahora, indefinida.

Uno de esos testimonios, bajo juramento, fue el de la hermana de un joven que había sido aprobado para refugio: “No sabemos si está vivo, no responde su teléfono, el consulado solo nos dice que está en una cárcel de máxima seguridad. Él no es miembro de ninguna banda.”

Según Mosselmans, esta situación no solo representa una vulneración de derechos internacionales, sino también una falla sistémica del sistema migratorio estadounidense y un abuso del sistema judicial salvadoreño.

La política migratoria y la criminalización del migrante

Aunque la administración de Joe Biden ha intentado marcar diferencias con su antecesor Donald Trump en materia migratoria, en este caso concreto, parecen coincidir. Bajo la idea de externalizar el problema migratorio, Washington ha intensificado la cooperación con países del sur para controlar la migración bajo supuestas estrategias de contención criminal.

Estas acciones, sin embargo, chocan con la realidad legal de muchos de los migrantes involucrados. Algunos ya estaban en procesos legales para regularizar su situación en EE. UU. La deportación sin juicio previo y la posterior detención en condiciones militarizadas violan principios básicos del derecho internacional, como la prohibición de expulsión colectiva y el derecho al debido proceso.

¿Qué puede hacer la CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el poder de dictar medidas cautelares de emergencia cuando existe riesgo inminente de daño irreparable. En este caso, los abogados piden acciones urgentes ante lo que consideran una situación carcelaria que equipara a una desaparición forzada colectiva.

La existencia de registros limitados, el aislamiento prolongado y la negligencia institucional hacen temer por la integridad física y mental de los detenidos. En semanas recientes, algunos informes han comenzado a circular sobre amotinamientos y enfermedades en el centro de detención, datos que aún no han sido verificados.

La presión internacional crece

Aunque Bukele ha respondido con indiferencia a las críticas internacionales —acusando a los defensores de derechos humanos de ser "defensores de criminales"—, la presión continúa aumentando. Algunos gobiernos de la región, incluido el de Chile y Colombia, han pedido a la CIDH mayor supervisión en el uso carcelario con fines políticos.

En EE. UU., un juez federal en Washington declaró estar cerca de ordenar al gobierno que revele más datos sobre el trato con El Salvador e incluso consideró un repatriamiento forzado de los migrantes si se documentan violaciones a derechos básicos.

¿Hacia dónde vamos?

Este caso representa uno de los episodios más preocupantes de la intersección entre migración, justicia penal y geopolítica regional. La apuesta por la seguridad sin garantías judiciales no es sostenible. Si las instituciones internacionales como la CIDH no logran actuar con contundencia, se corre el riesgo de que la tendencia a tercerizar la represión se convierta en paradigma regional.

Mientras tanto, cientos de detenidos continúan desaparecidos en la práctica, ajenos al mundo y sin fecha de liberación. El costo humano de esta política no puede ignorarse.

“El derecho internacional no puede ser selectivo. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros.” — Frase clave de uno de los abogados participantes.

La comunidad internacional observa expectante si los derechos humanos aún tienen peso frente al modelo carcelario exportado de EE. UU. a su aliado centroamericano.