La ola de detenciones migratorias en Tennessee: ¿Una cuestión de seguridad o de persecución racial?

Una redada sin precedentes en Tennessee

Entre el 3 y el 10 de mayo de 2025, una operación conjunta entre la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) dejó un saldo alarmante: 103 personas detenidas, todas bajo sospecha de violaciones migratorias. La magnitud del operativo, enmarcado en 588 detenciones de vehículos, estremeció a las comunidades inmigrantes del estado, particularmente en la ciudad de Nashville.

Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), no dudó en calificar el operativo como "algo que no habíamos visto antes". Su organización, al igual que muchas otras, denunció la estrategia como una forma de intimidación estatal que apunta directamente a comunidades de color e inmigrantes.

Las cifras detrás de la represión

De acuerdo con datos oficiales, el resultado de la operación no solo fue el arresto de inmigrantes, sino también la incautación de drogas y armas ilegales. "Quitamos elementos peligrosos de las calles y hacemos que Tennessee sea más seguro", afirmó en un comunicado la Patrulla de Carreteras.

Sin embargo, activistas aseguran que esta narrativa esconde una práctica más preocupante: el uso de perfiles raciales. Denuncian que agentes policiales se enfocaron específicamente en vecindarios donde predominan personas latinas o de otras etnicidades no blancas. Las detenciones, según testimonios recogidos por TIRRC, respondían a excusas como vidrios polarizados o luces traseras rotas.

¿Quién está detrás de la acción?

Todo apunta a un respaldo directo del gobierno estatal encabezado por el gobernador Bill Lee. El mandatario republicano firmó recientemente una ley que crea una división estatal de control migratorio bajo el Departamento de Seguridad Pública y Patrulla de Carreteras. Con esta movida, Tennessee se alinea con otros estados de mayoría republicana, como Florida y Texas, en implementar medidas más duras contra migrantes en sintonía con la agenda del expresidente Donald Trump.

En Florida, por ejemplo, un operativo similar resultó en 1,120 arrestos de inmigración. Están surgiendo estos esfuerzos de coordinación como estrategia para consolidar una presencia policial con fines migratorios, desbordando las competencias tradicionales de los gobiernos estatales y locales.

La respuesta de las autoridades locales

Curiosamente, ni el alcalde ni el gobierno municipal de Nashville estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. El director jurídico de la ciudad, Wally Dietz, declaró que se enteraron de las operaciones luego de que residentes reportaran una inusual presencia de patrullas policiales cerca de instalaciones del ICE. Incluso al solicitar más información a la THP, se le requirió enviar una solicitud formal bajo la Ley de Registros Públicos.

Al respecto, Dietz aclaró que la ciudad "responde rutinariamente a solicitudes de patrullas adicionales por diferentes motivos", pero que no cuentan con información detallada sobre quiénes fueron detenidos ni sobre los criterios utilizados para las detenciones.

La Nashville diversa e inmigrante

Según un estudio del Migration Policy Institute, alrededor del 9% de la población del área metropolitana de Nashville —mas de 200,000 personas— es inmigrante. La mayoría proviene de México, Honduras y Centroamérica, pero también existe una vasta comunidad kurda y refugiados de Myanmar, Sudán y otros países.

Reacciones como la de Lisa Sherman Luna subrayan una preocupación profunda: "Esto es una estrategia para sembrar miedo en nuestros barrios, en nuestras comunidades vibrantes, diversas y hermosas". Como ella, muchos temen que personas detenidas, sin acceso a una representación legal competente, opten por su deportación sin haber atravesado un proceso justo.

¿Seguridad o limpieza étnica?

El discurso oficial apunta a seguridad y al cumplimiento de la ley migratoria. Pero la ejecución y disparidad en la aplicación genera serias dudas sobre violaciones a los derechos civiles y humanos. Activistas afirman que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes criminales ni representan una amenaza, y que solo carecen de estatus migratorio regular.

Algunas detenciones destacadas incluyeron a un individuo buscado por asesinato en El Salvador, caso ampliamente utilizado como justificación para el operativo. Aun así, se corre el riesgo de legitimar una estrategia policial basada en el miedo y no en investigaciones sólidas o comprobadas amenazas.

Historial de cooperación migratoria estatal

No es la primera vez que Tennessee enfrenta críticas por colaborar activamente con ICE. Ya en años anteriores, organizaciones de derechos civiles denunciaron que ayudaban en redadas y detenciones a pesar de carecer de mandato federal.

Con la nueva legislación impulsada por Bill Lee, el estado institucionaliza este rol. Y lo hace en un contexto político donde la migración vuelve a ocupar el centro del debate, especialmente con miras a elecciones donde el tema será estratégico para las campañas conservadoras.

El impacto invisible: familias separadas y ciudadanos con miedo

Más allá de cifras y declaraciones oficiales, el daño humano es incalculable. Las redadas, al estilo del que se vive en Tennessee, provocan traumas en niños cuyos padres no regresan a casa, pérdida de ingresos, temor a mover-se libremente, y un boicot silencioso a convenciones y eventos económicos por parte de quienes temen apagar su GPS y alejarse de casa.

Las oficinas de ayuda legal están saturadas. Una gran cantidad de detenidos parece dispuesta a firmar la salida voluntaria solo para evitar meses encerrados en centros de detención donde se reportan malas condiciones, hacinamiento, asistencia médica deficiente y procesos judiciales eternos.

¿Qué sigue para Nashville y otras ciudades santuario?

Nashville tiene una historia reciente de apoyo a comunidades migrantes. Sin embargo, el poder estatal sobrepasa el municipal en ciertos ámbitos, lo que complica los esfuerzos de resistencia institucional. Algunos concejales han exigido mayor transparencia, y se ha planteado la posibilidad de audiencias públicas para abordar el tema.

El resultado de estas políticas puede dividir aún más a Tennessee, alimentando tensiones entre sus crecientes ciudades progresistas y un gobierno estatal cada vez más escorado hacia medidas autoritarias y punitivas. También podría sentar jurisprudencia peligrosa sobre el límite entre seguridad pública y racismo estructural.

La batalla legal y el papel de la comunidad

Organizaciones como TIRRC, American Civil Liberties Union (ACLU) y Southern Poverty Law Center alistan demandas legales para frenar iniciativas similares. Mientras tanto, es crucial la solidaridad ciudadana: conocer sus derechos, apoyar fondos de defensa legal y participar en movilizaciones públicas marcan la diferencia.

El destino de cientos de personas está en juego. Y más allá de ideologías políticas, lo que está en tela de juicio es el tipo de sociedad que Estados Unidos —y Tennessee en particular— quiere ser: ¿una de oportunidades o una de miedo y persecución?