Alquileres ilegales en Honolulu: una bomba turística sin control

Una crisis habitacional disfrazada de turismo

Honolulu enfrenta una disyuntiva que muchas ciudades turísticas han sufrido en carne propia: el auge de los alquileres a corto plazo, promovidos por plataformas como Airbnb y Vrbo, ha causado un daño significativo al mercado de viviendas y la calidad de vida de los residentes locales. Desde 2019, la ciudad ha intentado combatir esta expansión, pero con escasos resultados.

Según datos de Inside Airbnb, en O‘ahu existen alrededor de 7,900 anuncios activos en la plataforma, mientras que la ciudad solo reconoce legalmente unos 2,100 alquileres de este tipo. El desequilibrio es evidente y tiene repercusiones severas para la población.

Una legislación ambiciosa, pero ineficaz

La ley implementada en 2019 por el Concejo Municipal de Honolulu exigía que todas las plataformas de alquiler a corto plazo registraran sus propiedades y reportaran mensualmente las reservas realizadas, incluyendo detalles como la ubicación y el número de identificación del impuesto sobre alojamientos transitorios.

No obstante, en los cuatro años y medio desde su entrada en vigor, la Departamento de Planificación y Permisos (DPP) no ha multado a ninguna de estas plataformas. Según Dawn Takeuchi Apuna, directora del DPP, la estrategia se basa en perseguir a los operadores y no a las plataformas, una postura que ha demostrado ser poco efectiva.

Falta de voluntad o de recursos

Entre 2022 y abril de 2024, la ciudad emitió unas 2,200 notificaciones de infracción, imponiendo casi $90 millones en multas a propietarios y operadores ilegales. Sin embargo, solo se ha recaudado el 2% de esas sanciones. La razón principal, según las autoridades, es la falta de personal y de herramientas tecnológicas adecuadas para hacer cumplir la ley.

“Creemos que seremos más efectivos si trabajamos en conjunto con las plataformas en lugar de enfrentarlas”, declaró Apuna. Pero muchos residentes y concejales, como Tyler Dos Santos-Tam, consideran que esta actitud complaciente solo prolonga el problema. “Las plataformas deben estar obligadas a cumplir la ley. Eso incentivaría el cumplimiento masivo”, afirmó Santos-Tam.

¿Qué hacen otras ciudades?

Honolulu no es la única urbe enfrentando esta problemática. San Francisco multa a las plataformas hasta con $968 por anuncios ilegales reincidentes. New York City implementó la Ley Local 18, la cual limita severamente los alquileres a corto plazo. Las plataformas que no cumplan pueden ser multadas hasta con $1,500 por cada violación.

Estos modelos representan enfoques robustos y efectivos. Desde que Nueva York instauró su ley, los anuncios en Airbnb allí cayeron un 90%. Aunque esto no ha resultado en una disminución significativa de los precios de renta, sí ha reducido los abusos del sistema.

Negocios turísticos vs comunidades locales

Muchas de las casas en O‘ahu ahora se compran como “inversiones para generar ingresos”, como lo recalca la ley de Honolulu. Este fenómeno ha contribuido a la creciente inaccesibilidad de la vivienda, sobre todo para las nuevas generaciones. Según el Departamento de Asuntos de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., el precio promedio de una casa en Hawái supera los $800,000, uno de los más altos del país.

Las consecuencias también se reflejan en el deterioro de la cohesión comunitaria: ruido constante, estacionamiento ilegal, tráfico incrementado y pérdida del “espíritu vecinal” son solo algunos de los problemas señalados por los residentes.

¿Una solución legal imposible?

Una nutrida parte del debate gira en torno a si las plataformas pueden ser legalmente responsables por los alquileres ilegales. La jurisprudencia está dividida. Por ejemplo, en Santa Mónica un juez determinó que Airbnb sí puede ser sancionada si facilita operaciones ilegales.

Sin embargo, Arjuna Heim de la Iniciativa Appleseed advierte que las plataformas podrían ampararse bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la misma que protege a Meta de la responsabilidad sobre los contenidos que los usuarios publican.

Esta batalla legal ya ha llegado a ciudades como Santa Mónica, New Orleans y New York, todas enfrentando desafíos judiciales por normar estas actividades. A diferencia de estas, Honolulu ni siquiera ha recibido un litigio formal por parte de Airbnb, lo cual revela lo laxo de sus esfuerzos regulatorios.

No registrar, no declarar, no sancionar

Pese a que la ley requiere que plataformas como Airbnb entreguen reportes mensuales detallados, ninguna de ellas se ha registrado formalmente en la ciudad. En palabras de la directora del DPP: “Hemos trabajado juntos, pero no hemos exigido esos reportes”.

En otras palabras, toda la intención legislativa ha sido neutralizada por la falta de aplicación efectiva. Apenas doce veces se ha solicitado a una plataforma que elimine anuncios ilegales. Y en ninguna ocasión esta solicitud ha derivado en una sanción directa.

Los reclamos de la ciudadanía

Vecinos como James Gebhard aseguran que, aunque el número de alquileres ilegales ha disminuido en su área, los problemas asociados persisten. “Están ignorando sus responsabilidades si no sancionan también a las plataformas”, manifestó.

Varios testimonios recogidos durante audiencias públicas de 2022 reflejan frustración por parte de los ciudadanos, quienes reclaman la promesa incumplida de aplicar la ley de manera integral. La falta de seguimiento y ejecución detrás de la legislación ha erosionado la confianza ciudadana.

Airbnb dice que no es el problema

En su defensa, Airbnb ha manifestado que la principal causa de la crisis de viviendas es la falta de nuevas construcciones, no las rentas de corto plazo. En un artículo reciente de su blog, la empresa sostiene que la estricta regulación en Nueva York no ha reducido los precios de alquiler, argumentando que la ley solo ha beneficiado a la industria hotelera.

“La Ley Local 18 no ha mejorado la disponibilidad ni la asequibilidad de la vivienda, pero sí ha elevado los precios para residentes y visitantes”, afirma el blog. Esta postura es respaldada en parte por el hecho de que los alquileres siguieron incrementándose tras la implementación de dicha ley.

Sin embargo, investigadores como Keri K. White y Jennifer Cordon Thor, en un artículo de la Cornell Law Review, sostienen que sí existe evidencia de que los alquileres turísticos contribuyen al aumento del precio de la vivienda. Insisten en que los gobiernos necesitan colaboración obligatoria de las plataformas para tener éxito.

¿Y el futuro?

Otras jurisdicciones como Maui ya están considerando prohibiciones totales y el uso del poder de zonificación para erradicar los alquileres a corto plazo. Y aunque en O‘ahu se intentó elevar el período mínimo de renta a 90 días —lo cual una corte declaró inconstitucional—, legisladores modificaron las leyes estatales para permitir usar el poder municipal y restringir aún más estas actividades.

El concejal Dos Santos-Tam sugiere que Honolulu debería considerar un enfoque similar. Mientras tanto, la ciudad continúa perdiendo millones en potenciales multas, mientras los residentes enfrentan un mercado cada vez más inalcanzable y un vecindario transformado.

El tiempo se agota para que la ciudad actúe de forma decidida. Como diría un hawaiano molesto: aloha no es compatibilidad con impunidad.