La nueva guerra en la inteligencia estadounidense: ¿Limpieza política o fin legítimo del sesgo ideológico?

El terremoto en la comunidad de inteligencia

En un movimiento que ha sacudido los pilares de la inteligencia estadounidense, la directora del Departamento de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, ha despedido a dos veteranos de alto rango: Mike Collins y Maria Langan-Riekhof. Ambos contaban con más de 25 años de experiencia, y su salida ha generado una ola de preocupación entre congresistas demócratas y antiguos miembros de la comunidad de seguridad nacional.

Este hecho ocurre semanas después de la publicación de un memo desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia que contradijo uno de los argumentos principales usados por la Administración Trump para justificar la deportación de inmigrantes venezolanos. A pesar de las afirmaciones oficiales, el memo deja claro que no existe coordinación documentada entre el gobierno venezolano y la banda criminal Tren de Aragua.

¿Una purga ideológica al estilo Trump?

Desde que asumió el cargo nuevamente, el presidente Donald Trump ha dejado claro su desconfianza hacia la comunidad de inteligencia. En 2023, declaró en la Conservative Political Action Conference (CPAC): "La inteligencia ha estado jugando para el equipo contrario durante demasiado tiempo. Es hora de cambiar eso".

El despido de Collins y Langan-Riekhof tiene un fuerte olor a purga política. Así lo expresó el representante Jim Himes, el demócrata de más alto rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara, quien afirmó:

“En ausencia de evidencia que justifique estos despidos, la fuerza laboral solo puede concluir que sus empleos están supeditados a producir análisis alineados con la agenda política del Presidente, en lugar de mantenerse fieles a la verdad y la imparcialidad”.

El memo que desató la tormenta

El memo desclasificado fue una respuesta a una solicitud bajo el Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). En él se señala con claridad que no hay prueba alguna que respalde la afirmación de que el gobierno de Nicolás Maduro opera oficialmente con el grupo criminal Tren de Aragua, el cual ha sido citado con frecuencia dentro de la narrativa de la administración Trump para deportar masivamente inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Este desacuerdo ha colocado a la comunidad de inteligencia en una incómoda posición, enfrentada directamente con una Casa Blanca que ha demostrado estar dispuesta a marginar o destituir a quienes desafíen su línea discursiva.

Reformas estratégicas bajo Gabbard

Gabbard ha iniciado cambios estructurales profundos, incluyendo la reubicación del Consejo Nacional de Inteligencia y el equipo que prepara el President’s Daily Brief—el informe diario más confidencial que recibe el Presidente—hacia las oficinas de la ODNI, reduciendo la participación de la CIA.

Esto no solo centraliza el poder en sus manos, sino que aumenta el control del Ejecutivo sobre la narrativa cotidiana que se forma en la cúspide de la cadena de mando de defensa y seguridad nacional.

ICE, deportaciones y el incidente en Newark

La tensión no se limita a las oficinas de inteligencia. En paralelo, se ha producido un incidente que ha encendido alarmas tanto en el Congreso como en la opinión pública. El 9 de mayo, tres congresistas demócratas de Nueva Jersey, junto al alcalde de Newark, Ras Baraka, intentaron inspeccionar sin aviso el centro de detención Delaney Hall administrado por ICE.

Lo que siguió fue una confrontación tensa. Baraka fue arrestado por presunta invasión. Sin embargo, miembros del Congreso tienen legalmente garantizado el derecho a inspeccionar centros de detención sin previo aviso. Así lo confirmó Todd Lyons, director interino de ICE, en una posterior audiencia en el Congreso.

“Reconocemos el derecho de cualquier miembro del Congreso a inspeccionar nuestras instalaciones sin previo aviso como parte de sus funciones de supervisión”, dijo Lyons.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sin embargo, calificó la acción como "un acto político", minimizando su naturaleza legítima como ejercicio de supervisión legislativa.

Reformas inmigratorias radicales en camino

En el contexto de este conflicto, el gobierno republicano ha anunciado un plan ambicioso y controversial: aumentar drásticamente las deportaciones a un ritmo de un millón de personas al año, construir infraestructura para 100,000 camas en centros de detención y contratar 10,000 nuevos agentes de ICE.

Esto ha desatado críticas intensas de organizaciones de derechos humanos, que acusan a ICE y a los legisladores republicanos de utilizar métodos desproporcionados y de enfocarse en personas sin historial criminal, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado.

Un caso inquietante de espionaje y manipulación política

Paralelamente, se ha hecho pública una demanda presentada por Jamie Mannina, un exagente del FBI y contratista del Pentágono, quien fue víctima de una operación encubierta llevada a cabo supuestamente por James O’Keefe, fundador de Project Veritas y ahora líder de O’Keefe Media Group.

La historia parece sacada de una novela de espionaje: Mannina conoció a una mujer en una app de citas que fingió ser simpatizante liberal, pero en realidad fue parte de una trampa mediática. Sus conversaciones fueron grabadas, editadas y publicadas para hacer parecer que Mannina estaba conspirando contra Trump con generales retirados, calificándolo de parte de un “golpe” del estado profundo.

Su abogado, Mark Zaid, reconoció que aunque la grabación era técnicamente legal bajo las leyes de Washington D.C., su propósito fue "deliberadamente dañino" y una violación ética dirigida a arruinar la carrera de su cliente.

“Mentir o engañar en un app de citas no es lo que impugnamos. Lo grave es crear un perfil falso con el objetivo específico de destruir a una persona por razones políticas”, dijo Zaid.

Inteligencia en tiempos de polarización

Lo que está en juego no es solo la libertad de expresión o prácticas administrativas internas, sino la salud institucional de agencias clave encargadas de la seguridad nacional. El uso creciente e impune de espionaje y medios encubiertos para manipular el discurso público marca un precedente alarmante. El hecho de que los informes de inteligencia sean filtrados o manipulados para fines políticos no solo erosiona la confianza pública, sino que puede tener efectos devastadores en la seguridad nacional.

En palabras del exdirector interino de la CIA, Michael Morell:

“Cuando los líderes políticos comienzan a despedir a analistas por decir la verdad incómoda, la función misma del análisis de inteligencia se desintegra.”

¿Hacia qué modelo se dirige EE. UU.?

Mientras Gabbard continúa su ofensiva para consolidar el control vertical de la inteligencia nacional, y Trump reafirma su estrategia de deportaciones masivas y reformas drásticas, queda la pregunta abierta: ¿estamos viendo un intento por reformar una burocracia disfuncional o una asimilación política de los organismos de seguridad más importantes del país?

Todo parece indicar lo segundo. Y si es así, el impacto será duradero y profundo. Como advirtió en su momento el almirante Mike Rogers, exdirector de la NSA: "La politización de señales de alerta solo garantiza que dejemos de verlas cuando más las necesitamos".