Alabama da luz verde a la inmunidad policial: ¿protección necesaria o vía libre para el abuso?

Montgomery, Alabama – En medio de fuertes tensiones políticas y raciales, la legislatura estatal de Alabama aprobó una de las leyes más controvertidas del año: la HB 202, también conocida como la ley "Back The Blue". Esta legislación amplía las protecciones legales para los oficiales de policía bajo ciertas condiciones, permitiéndoles evitar juicios civiles si un juez determina que actuaron dentro de su autoridad y sin uso excesivo de la fuerza.

¿Qué dice la HB 202?

La nueva legislación establece que un oficial “estará justificado” en el uso de la fuerza física siempre que esta no exceda los límites constitucionales ni se haya realizado de manera imprudente fuera de sus funciones.

Además:

• Permite una audiencia de inmunidad para determinar si se puede desestimar un caso civil.
• Extiende protecciones legales similares a las ya existentes en audiencia “Stand Your Ground”.
• Requiere que los departamentos policiales recojan datos sobre denuncias relacionadas con el uso de la fuerza.

El debate racial tras la ley

Fue durante un encendido debate nocturno en el Senado estatal donde varios legisladores afroamericanos denunciaron que la nueva ley será un escudo para oficiales que actúan de forma racista o agresiva, especialmente hacia personas negras.

El senador Rodger Smitherman, demócrata de Birmingham, arremetió afirmando: “HB 202 es una licencia para matar a personas negras. Eso es lo que es.”

Por su parte, la senadora Merika Coleman expresó temor por la seguridad de su propio hijo: “Si este proyecto se aprueba y matan a jóvenes negros, mujeres negras, morenos y otros, tendrán sangre en sus manos por esta legislación.”

El respaldo “azul” y el argumento republicano

Los republicanos, en cambio, defendieron la ley como una herramienta crucial para garantizar que los agentes puedan ejercer su labor sin temor a persecuciones legales indebidas.

El senador Lance Bell, antiguo sheriff, aseguró: “Les pedimos que nos cuiden incluso mientras dormimos. Esta ley les asegura que los respaldamos.”

La gobernadora Kay Ivey celebró la aprobación con un mensaje en redes sociales: “¡No hay duda alguna de que Alabama apoya a la policía!”

¿Cuáles son las implicaciones judiciales?

El director ejecutivo de la Asociación de Sheriffs de Alabama, Hoss Mack, defendió el proyecto frente a los legisladores en abril, indicando: “Esto no concede inmunidad total. He arrestado a oficiales bajo mi cargo por mala conducta.”

No obstante, varios abogados de derechos civiles advierten que la ley podría reforzar una mentalidad de impunidad policial. Leroy Maxwell, abogado de Birmingham, comentó: “Esta ley abre las puertas a un estado policial donde la policía actúa sin temor a las consecuencias.”

Para otros, como el abogado Harry Daniels, el impacto podría ser más limitado: “Es un león sin dientes. Parece poderoso, pero no lo es. Los casos de derechos civiles aún pueden ser llevados a cortes federales.”

¿Legislación necesaria o peligroso retroceso?

El contexto de esta medida es especialmente tenso dado el historial creciente de uso de la fuerza letal por parte de la policía contra personas afroamericanas. Según datos del proyecto Mapping Police Violence, los afroamericanos representan solo el 13% de la población estadounidense pero casi el 27% de las víctimas de la violencia policial en 2023.

En Alabama, varios casos han generado controversia, incluyendo el tiroteo fatal en 2023 de Steve Perkins, un hombre negro asesinado por un oficial policial en la ciudad de Decatur. Ese caso motivó protestas y atrajo la atención nacional sobre el uso excesivo de fuerza en el estado.

Comparaciones con otras leyes

La ley HB 202 se asemeja en estructura a leyes impulsadas por legislaturas conservadoras en otros estados como Florida y Texas, donde también se han adoptado marcos de inmunidad que limitan la responsabilidad civil de los agentes.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles como la ACLU afirman que esas leyes tienden a aumentar la desconfianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, generando climas de tensión innecesarios y peligrosos, especialmente en comunidades vulnerables.

Lo que dice la evidencia

Numerosos estudios muestran que ampliar las protecciones legales sin mecanismos paralelos de transparencia y vigilancia puede tener efectos adversos. Un informe de 2020 del Center for Policing Equity encontró que las ciudades donde se redujo la supervisión policial vieron aumentos en conductas abusivas y el uso excesivo de fuerza.

En contraste, modelos como el de Camden, Nueva Jersey —donde se disolvió el departamento anterior y se reforzaron medidas de control comunitario— mostraron reducciones drásticas en quejas ciudadanas y una mejora en la percepción pública.

¿Qué tiene que ver la raza?

La ley HB 202 no menciona raza en su redacción. Sin embargo, el impacto diferenciado en comunidades afroamericanas ha sido ampliamente señalado por legisladores y activistas. La experiencia cotidiana de interacciones policiales sigue estando marcada por sesgos raciales percibidos: estudios indican que los afroamericanos tienen el doble de posibilidades de ser detenidos por la policía que los blancos, aun cuando la tasa de posesión de drogas o armas sea similar.

Datos recientes del Departamento de Justicia

En 2022, el Departamento de Justicia de EE.UU. investigó al Departamento de Policía de Louisville tras el asesinato de Breonna Taylor. El informe concluyó que “el departamento realiza detenciones, registros y confiscaciones de forma discriminatoria.” No es un caso aislado: existen investigaciones similares pendientes en Phoenix, Minneapolis y Nueva York.

¿Cómo responde la sociedad civil?

Grupos como Black Lives Matter Birmingham y la NAACP han convocado movilizaciones para frenar la puesta en marcha total de esta ley. Han pedido a la gobernadora que no firme la ley —una petición que parece simbólica dado su apoyo público.

Nina Simmons, organizadora comunitaria, comentó: “Esto es más que una ley. Es una declaración sobre a quién se protege y a quién se considera descartable en este estado.”

¿Qué sigue?

Una vez la ley sea firmada por la gobernadora Kay Ivey, entrará en vigor. Aunque no elimina vías judiciales federales, muchos prevén un aumento en el número de casos que serán automáticamente desestimados a nivel estatal si se concede inmunidad previa.

La expectativa es que esta ley será impugnada en tribunales por grupos de derechos civiles, posiblemente estableciendo un precedente legal más amplio sobre hasta qué punto puede llegar la inmunidad policial en Estados Unidos.

Mientras tanto, el debate sobre dónde trazar la línea entre seguridad y abuso, entre autonomía de la policía y rendición de cuentas, continúa más encendido que nunca en Alabama y más allá.