El año de la muerte: el controvertido regreso de las ejecuciones capitales en Estados Unidos

¿Un resurgimiento de la pena capital?

Durante las últimas décadas, el número de ejecuciones en Estados Unidos ha disminuido paulatinamente debido al aumento de las críticas sobre la ética, efectividad y riesgos de injusticia de la pena de muerte. Sin embargo, el año 2025 representa un punto de inflexión. Hasta mediados de mayo, quince personas ya han sido ejecutadas en siete estados, y al menos doce más están programadas para ser ejecutadas en los próximos meses en ocho estados distintos.

Este aumento en el número de ejecuciones ha sido impulsado por un cambio de actitud en algunos gobiernos estatales, el uso de nuevos métodos de ejecución y el endurecimiento del discurso en torno a delitos graves. La diversidad geográfica de estos casos muestra una nación profundamente dividida: mientras algunos estados como Oregon, Illinois o Colorado han abolido la pena de muerte, otros como Florida, Texas o Alabama parecen dispuestos a intensificar su aplicación.

Un regreso cuestionado en métodos y ética

El caso que más controversia ha generado es el del uso de nitrógeno como método de ejecución. Alabama se convirtió en 2023 en el primer estado en utilizar gas nitrógeno como forma de ejecución, y en 2024 ya se registran cinco ejecuciones por este medio, incluidas cuatro en Alabama y una en Louisiana.

El método consiste en forzar al condenado a respirar nitrógeno puro, lo que provoca hipoxia y eventualmente, la muerte. Aunque sus defensores argumentan que se trata de un proceso más rápido y, potencialmente, menos doloroso que otros métodos, médicos y abogados defensores han denunciado el carácter experimental y posiblemente inhumano de esta técnica.

“Lo que están haciendo es convertir a los condenados en sujetos de pruebas médicas sin su consentimiento”, declaró Maya Foa, directora de Reprieve US, una organización que lucha contra la pena de muerte.

Casos como el de Gregory Hunt, programado para ser ejecutado el 10 de junio en Alabama con nitrógeno, han vuelto a poner el foco en la legalidad y constitucionalidad de estos métodos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha evitado, hasta ahora, pronunciarse con claridad.

Las ejecuciones programadas: una mirada estado por estado

Analizando los datos proporcionados por el Death Penalty Information Center, se destacan algunos casos emblemáticos que están marcando el calendario de ejecuciones:

• Florida: Destaca la ejecución de Glen Rogers, asesino en serie confeso que también fue condenado a muerte en California. A su caso se suma el de Anthony Wainwright, condenado por el secuestro, violación y asesinato de Carmen Gayheart en 1994.
• Texas: En mayo, Matthew Johnson será ejecutado por haber incendiado a la empleada de una gasolinera durante un robo en 2012.
• Indiana: Se ejecutará a Benjamin Ritchie por el asesinato del oficial Bill Toney, en un caso que ha sido apelado varias veces por supuestos errores legales durante el juicio.
• Tennessee: Oscar Smith, de 75 años, fue salvado en el último momento en 2022 debido a irregularidades con los fármacos. Ahora está nuevamente programado para morir en mayo.

A esos se suman ejecuciones programadas en Mississippi, Oklahoma y Ohio, aunque en este último estado las acciones han sido rutinariamente pospuestas por el gobernador republicano Mike DeWine, quien abiertamente ha dicho que no planea llevar a cabo más ejecuciones durante su mandato (vigente hasta 2026).

¿Qué opina la sociedad estadounidense en 2025?

El debate está encendido. Si bien algunos sectores conservadores argumentan que la pena de muerte disuade los crímenes violentos más dramáticos y que es un medio justo de castigo para atrocidades como violaciones o asesinatos múltiples, numerosos estudios cuestionan su efectividad.

Según datos de Pew Research Center, en 2023, solo el 55% de los estadounidenses apoyaba la pena de muerte, número muy inferior al 78% registrado en 1996. Además, solo una minoría cree que tenga un efecto disuasorio real en los delitos.

La preocupación por posibles errores judiciales también ha cobrado fuerza. Desde 1973, más de 190 personas han sido exoneradas del corredor de la muerte en EE.UU. debido a nuevas pruebas, errores forenses o mala conducta policial. La posibilidad de ejecutar a un inocente sigue siendo una de las críticas más rotundas del movimiento abolicionista.

Una cuestión política: entre leyes estatales y presión federal

La aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos es un reflejo de su sistema federal: dentro del mismo país, puede haber estados sin pena capital, mientras que otros aceleran ejecuciones. A ello se suma el rol del gobierno federal, que durante el mandato del expresidente Donald Trump reactivó las ejecuciones federales tras un hiato de casi 17 años, realizando 13 ejecuciones en sus últimos seis meses de gobierno.

Si bien la actual administración no ha llevado a cabo ejecuciones federales, no ha abolido formalmente el castigo, y mantiene su autoridad para hacerlo en el futuro. Defensores de derechos humanos exigen una postura más firme para instaurar una moratoria definitiva.

El caso Tennessee: transparencia y escándalo

Uno de los escándalos más sonados este año ha sido en Tennessee. En 2022, la ejecución de Oscar Smith fue detenida cuando se descubrió que los fármacos letales que se iban a usar no habían sido testados correctamente. Un informe independiente reveló que ninguna de las ejecuciones realizadas en el estado desde 2018 contaba con pruebas de pureza ni potencia farmacológica adecuadas.

El Departamento de Correcciones de Tennessee ha tenido que reformular su protocolo de ejecución y ahora utilizará pentobarbital como única droga. Sin embargo, persiste la sombra de la improvisación y la negligencia institucional, según han denunciado múltiples organismos civiles.

¿Hacia dónde vamos?

En 2025, Estados Unidos se encuentra ante una encrucijada moral: mantener la pena de muerte como una forma extrema de justicia en contextos de crímenes brutales, o eliminarla como muchos países occidentales lo han hecho ya, considerándola una violación a los derechos humanos fundamentales.

Con métodos de ejecución que generan dudas médicas, casos de inocentes por probar, protocolos farmacológicos imprecisos y una sociedad cada vez más dividida, cada ejecución programada este año representa algo más que el cumplimiento de una sentencia: es una pregunta abierta sobre el tipo de justicia que Estados Unidos quiere ejercer en el siglo XXI.

Y mientras llegue la respuesta, la pena de muerte sigue escribiendo historias de vida y muerte en los tribunales, en las prisiones y en el corazón de una nación en conflicto.