Guerra judicial, religión y escuelas públicas: el caso St. Isidore y la redefinición del laicismo en EE. UU.

El empate en la Corte Suprema sobre una escuela virtual católica financiada con fondos públicos reaviva el debate ético, legal y constitucional sobre la educación religiosa en instituciones públicas

De qué trata el caso de St. Isidore

El caso que ha dividido a la Corte Suprema de Estados Unidos es tanto jurídico como profundamente cultural. Se trata de la aprobación —posteriormente anulada— de una escuela virtual católica llamada St. Isidore of Seville Catholic Virtual School en Oklahoma. Esta escuela, propuesta como una charter school (escuela autónoma financiada con fondos públicos), tenía un objetivo declarado: ser fiel a las enseñanzas de Jesucristo y formar a los estudiantes en la fe católica.

Inicialmente, la Junta Estatal de Escuelas Autónomas aprobó la creación de St. Isidore, lo que habría sentado un precedente nacional: esta sería la primera escuela autónoma religiosa con financiación pública en la historia del país.

Empate 4-4: una Corte estarcida

Sin embargo, la Corte Suprema, con solo ocho jueces participando, terminó empatada 4-4. Esta decisión mantiene la sentencia de una corte estatal inferior que anuló la aprobación de la escuela, pero no establece una jurisprudencia nacional, dejando el asunto sin resolver de manera definitiva.

Los jueces conservadores parecían inclinados a permitir la escuela, mientras que los liberales se oponían con igual vehemencia. El voto decisivo parecía estar en manos del presidente de la Corte, John Roberts, quien, según expertos legales, probablemente votó junto a los liberales para evitar una mayoría en favor de la escuela.

¿Por qué es tan importante este caso?

La controversia va más allá de una sola escuela. En juego está nada menos que la separación entre Iglesia y Estado, principio constitucional clave desde la fundación del país. Permitir una escuela pública que evangelice va, según muchos críticos, contra la Primera Enmienda. Según la organización Americans United for Separation of Church and State:

“Los fondos de los contribuyentes no deben usarse para financiar la actividad religiosa, punto.”

Pero también hay quienes argumentan que impedirle a una escuela recibir fondos solo por su carácter religioso es discriminación religiosa. El precedente se entrelaza con otros fallos anteriores:

  • Espinoza v. Montana (2020): la Corte dictaminó que excluir escuelas religiosas de programas de becas estatales era inconstitucional.
  • Carson v. Makin (2022): se falló a favor de padres que querían utilizar fondos públicos para matricular a sus hijos en escuelas religiosas en zonas rurales de Maine.

En ambos casos, la Corte favoreció el financiamiento religioso indirecto. Pero permitir una escuela directamente administrada por una diócesis católica con fondos públicos va un paso más allá.

Claves legales: ¿pública o privada?

Uno de los aspectos clave en pugna es la naturaleza de las charter schools: ¿son públicas o privadas? En Oklahoma, como en la mayoría de los 45 estados donde existen, las escuelas chárter son consideradas escuelas públicas. Eso implica:

  • Reciben financiación estatal.
  • Deben cumplir con las regulaciones educativas estatales.
  • No pueden discriminar por motivos de raza, religión ni discapacidad.

St. Isidore, sin embargo, tenía una misión diferente. Su declaración fundacional indicaba claramente que su objetivo era enseñar desde la fe. El arzobispo Paul Coakley de Oklahoma City apoyó el proyecto, alegando que los padres merecen opciones educativas que estén “enraizadas en sus valores espirituales”.

¿Qué dice la Constitución?

La Primera Enmienda establece:

“El Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, o que prohíba la libre práctica de la misma.”

Esto da lugar a una línea divisoria compleja: si se otorgan fondos públicos a instituciones religiosas, ¿estamos promoviendo una religión específica? ¿O más bien garantizando la práctica libre y equitativa?

El abogado constitucionalista Erwin Chemerinsky resume el dilema con claridad:

“El Estado puede financiar opciones privadas, incluso religiosas. Pero no puede convertir una institución religiosa en una entidad pública financiada por todos los contribuyentes.”

Un contexto más amplio: ¿religión en las escuelas públicas?

Este caso se da en un contexto más amplio de intentos legislativos —impulsados principalmente por estados liderados por republicanos— de incorporar la religión en la educación pública.

Entre ellos destacan:

  • Louisiana: Nueva ley obliga a que los Diez Mandamientos se expongan en todas las aulas de escuelas públicas.
  • Oklahoma: El superintendente estatal ordenó colocar ejemplares de la Biblia en todas las aulas.

Estos pasos han motivado múltiples demandas legales por parte de ONGs y ciudadanos, quienes alertan sobre un proceso silencioso pero efectivo de “recristianización sistémica” de la educación pública.

El papel estratégico del sistema chárter

Las charter schools se han convertido en una herramienta flexible para promover agendas ideológicas. Tradicionalmente nacieron como un experimento educativo liberal para fomentar innovación. Pero en las últimas dos décadas, han sido adoptadas por sectores conservadores para promover “valores tradicionales”.

Datos relevantes del National Center for Education Statistics muestran que actualmente operan más de 7,600 charter schools en EE. UU., con más de 3.7 millones de estudiantes matriculados. De ese total, un 60% atiende a comunidades de bajos ingresos o minorías raciales.

¿Qué puede venir después?

Esta no es la última palabra. Dado que la Corte Suprema quedó empatada, el caso de St. Isidore puede regresar con una composición completa de los nueve jueces. La jueza Amy Coney Barrett no participó por razones no especificadas, aunque medios señalan que su estrecha amistad con una asesora clave del proyecto podría haber motivado su abstención.

Cuando se retome, podría sentar un precedente rotundo sobre si las escuelas religiosas pueden o no considerarse públicas para efectos de financiación. Esto alteraría radicalmente la jurisprudencia existente sobre laicidad y educación pública.

¿Y los estudiantes?

Al centro del debate están niños y jóvenes que, en muchos casos, buscan una educación de calidad en zonas rurales o con pocos recursos. Para algunos padres, una escuela religiosa representa la única posibilidad de obtener valores y formación espiritual.

Para otros —muchos de ellos contribuyentes sin afiliación religiosa— pagar por la evangelización de otros representa una injusticia. A medida que EE. UU. se vuelve más secular (sólo 63% se declara cristiano en 2024, frente al 78% en 2007, según Pew Research Center), la tensión entre tradición religiosa y pluralidad se intensifica.

Lo que nos dice este caso sobre Estados Unidos

El caso St. Isidore no es solamente sobre una escuela. Es un símbolo viviente de una nación dividida entre:

  • La defensa del pluralismo y la neutralidad estatal en religión.
  • La reivindicación de valores espirituales como parte integral del civismo estadounidense.

El empate judicial refleja ese empate cultural: un país incierto entre la tradición protestante de sus fundadores y el modelo laico moderno que ha intentado construir desde el siglo XX.

La historia no terminó, y los tribunales seguirán siendo el nuevo campo de batalla de las guerras religiosas modernas.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press