Trump vs. el sistema judicial: ¿Hasta dónde puede llegar el poder presidencial?

La ofensiva contra el Departamento de Educación: cuando los jueces se interponen

El intento de Donald Trump de desmantelar el Departamento de Educación de EE.UU., parte de su vieja promesa de campaña, recibió un golpe devastador cuando un juez federal en Boston bloqueó recientemente la orden ejecutiva destinada al cierre de la agencia. El juez de distrito Myong Joun emitió una orden judicial preliminar que detiene esta medida y ordena la reincorporación inmediata de los empleados despedidos tras los recortes masivos del 11 de marzo.

En palabras del propio juez: “Los despidos de esta magnitud probablemente paralicen el Departamento”. Agregó que los demandantes —distritos escolares y sindicatos de maestros— presentaron “un panorama sombrío del daño irreparable que resultará de la incertidumbre financiera, el impedimento al acceso al conocimiento vital y la pérdida de servicios esenciales para las poblaciones estudiantiles más vulnerables del país”.

El caso fue presentado por los distritos escolares de Somerville y Easthampton, así como por la Federación Estadounidense de Maestros y otras agrupaciones educativas. Argumentaron que la acción administrativa era ilegal e inconstitucional, ya que imposibilitaba al Departamento cumplir funciones delegadas constitucionalmente por el Congreso, como la educación especial y el financiamiento estudiantil.

La controversia detrás de un escupitajo en cámara: agresión e ideología política

Mientras los titulares se concentraban en el fracaso del intento de cierre del Departamento de Educación, otra controversia de carácter político-electoral sacudía la capital. El entonces fiscal interino del Distrito de Columbia, Ed Martin Jr., fue agredido de forma insólita durante una entrevista con Newsmax. Emily Gabriella Sommer lo escupió en pleno video y gritó su nombre antes de retirarse.

Este incidente ocurrió justo después de que Trump retirara la nominación de Martin para conservar el puesto de forma permanente. ¿La causa? Su defensa de los participantes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Esta defensa generó rechazo bipartidista, además de desatar tensiones internas en la oficina del fiscal, donde Martin fue acusado de realizar despidos y reestructuraciones polémicas.

Sommer incluso se atribuyó el incidente en redes sociales. Fue arrestada bajo el cargo federal de agresión contra un funcionario del gobierno, destacando cómo las tensiones políticas actuales pueden culminar incluso en actos físicos, simbólicos pero judicialmente sancionables. La fiscal del caso ya no es Martin, sino la polémica exconductora de Fox News, Jeanine Pirro.

Un caso humano, político y legal: el activista palestino que logró abrazar a su hijo

Quizás el caso más conmovedor (y controvertido) de los tres sea el de Mahmoud Khalil, activista palestino y residente legal de EE.UU., graduado de la Universidad de Columbia. Desde el 8 de marzo permanece detenido en Louisiana como parte de la represión impulsada por Trump contra las protestas por la violencia en Gaza.

Khalil fue el primer arrestado bajo este operativo, y su encarcelamiento se ha mantenido mientras atraviesa procesos en la corte federal e inmigratoria. Luego de que ICE le negara asistir al nacimiento de su hijo el 21 de abril, la historia se volvió aún más angustiante cuando también se le prohibió cargarlo o verlo directamente. El gobierno insistió en realizar una “visita sin contacto”, es decir, a través de un divisor de plexiglás.

Pero un juez federal, Michael Farbiarz, intervino la noche del miércoles y emitió una orden para permitir una visita directa. Así, Khalil sostuvo por primera vez a su bebé, Deen, enfrentando las lágrimas de su esposa, Noor Abdalla, quien viajó más de 2.400 km al centro de detención. Según ella, “esto no es simplemente insensible; es crueldad calculada por parte de un gobierno que desgarra familias sin remordimientos”.

La administración Trump y la legalidad: ¿autoritarismo mitigado por el poder judicial?

Los tres casos, aparentemente dispares, están profundamente unidos por una constante: el intento (frustrado, por ahora) de la administración Trump de socavar instituciones, procedimientos y límites legales en favor de decisiones ejecutivas con tono autoritario. Y a su lado, juega un rol esencial otro actor: el poder judicial independiente.

Desde los despidos en el Departamento de Educación hasta el uso del sistema migratorio para detener activistas críticos o influencias partidistas en fiscalías federales, la administración ha utilizado (y abusado de) facultades ejecutivas. Sin embargo, lo que estas historias muestran es que aún existen mecanismos de control, especialmente judiciales, que resisten el poder presidencial cuando este amenaza derechos fundamentales.

Para el juez Farbiarz —quien permitió la visita entre Khalil y su hijo— la seguridad es importante, sí, pero también lo son la dignidad humana y las formas jurídicas adecuadas. Para el juez Joun, no se puede vaciar una dependencia federal como la del Departamento de Educación sin la debida aprobación legislativa. Para la justicia federal en D.C., escupir a un fiscal federal frente a las cámaras, por más simbólico que se pretenda, es un acto punible.

¿Qué sigue?

• El Departamento de Educación debe reestructurarse respetando procesos legales y congresuales.
• Martin ha sido reemplazado por Jeanine Pirro, pero su paso por el cargo deja preguntas sin resolver sobre el uso político del sistema judicial.
• El caso de Khalil continúa: su deportación todavía está en evaluación, pero ahora existe más atención pública sobre las condiciones de su detención.

Lo que está claro es que Estados Unidos se encuentra en un momento en el que cada institución, cada juez y cada decisión cuenta. La administración Trump ha tensado los límites del poder presidencial como pocas veces en la historia reciente. Pero cada vez que ese poder busca arrasar con normativas básicas —como los derechos civiles, las leyes laborales o la dignidad familiar—, una vieja fórmula democrática sigue probando su eficacia: la separación de poderes.

Un ejemplo similar en la historia contemporánea fue la paralización del controvertido decreto de inmigración firmado por Trump en 2017, conocido como el “muslim ban”, bloqueado por varias cortes federales antes de que una versión modificada llegara a la Corte Suprema. Ahora, como entonces, los tribunales se han convertido en una muralla esencial frente al crecimiento del autoritarismo disfrazado de eficiencia ejecutiva.

En adelante, no será solo cuestión de elegir líderes, sino de garantizar que los mecanismos institucionales permanezcan resistentes frente a quienes deseen doblegarlos por conveniencia política o ideológica.