Guatemala bajo lupa internacional: persecución judicial, exilio y la resistencia de los defensores de derechos

Una visita con peso internacional

Durante una visita de dos semanas a Guatemala, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, levantó una alarma contundente: el Ministerio Público del país estaría utilizando el derecho penal como arma política. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente represión judicial contra actores clave del sistema de justicia guatemalteco, activistas sociales y periodistas.

¿Quién es Margaret Satterthwaite?

Designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Satterthwaite tiene la tarea de evaluar la independencia del poder judicial en diferentes regiones del mundo. Su papel es fundamental para visibilizar abusos institucionales que amenacen el legítimo ejercicio del derecho y el estado de derecho. Con experiencia como profesora de derecho internacional y defensora de derechos humanos, Satterthwaite no es una figura cualquiera. Su visita a Guatemala representa un hito tanto diplomático como jurídico.

Criminalización como política institucional

En su informe preliminar, la experta advirtió:

"El uso instrumental del derecho penal por parte de la Fiscalía General de la República parece constituir un patrón sistemático de privación intencional y grave de derechos fundamentales, dirigido a grupos específicos".

Entre estos grupos se encuentran más de 60 operadores de justicia y abogados defensores de derechos humanos, de los cuales más de 50 han debido exiliarse. Las cifras son escalofriantes y revelan una estructura institucional que, lejos de proteger la justicia, la manipula para fines políticos.

Una fiscal al centro de la tormenta: Consuelo Porras

Consuelo Porras, Fiscal General de Guatemala, se ha convertido en una figura altamente controversial. Sancionada por EE.UU. por supuestamente entorpecer investigaciones por corrupción, Porras ha sido criticada tanto por actores internacionales como por sectores civiles guatemaltecos. No obstante, ella se defiende, asegurando que sus actuaciones están "basadas en investigaciones serias y objetivas dentro del marco legal guatemalteco".

En respuesta al informe de la ONU, su oficina emitió un comunicado rechazando "energéticamente" las acusaciones de criminalización, afirmando que se omite "el complejo trabajo" y la "exhaustiva información" brindada.

La reacción del gobierno de Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo, electo en agosto de 2023 bajo la bandera del cambio, ha intentado sin éxito persuadir a Porras para que renuncie. La resistencia institucional desde el Ministerio Público ha sido alarmantemente sólida, revelando los límites del poder ejecutivo frente a un aparato judicial cooptado. La oficina de Arévalo no ofreció comentarios inmediatos sobre las observaciones de Satterthwaite.

Una condena geopolítica más amplia

Guatemala no está sola. Las denuncias de utilización del sistema judicial para perseguir opositores se han hecho cada vez más comunes en algunos países latinoamericanos. Según reportes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, este fenómeno supone una regresión autoritaria que erosiona las democracias emergentes.

• En El Salvador, jueces y fiscales también han sido removidos por motivos políticos.
• En Nicaragua, más de 200 opositores han sido condenados en juicios sin garantías procesales.
• En Venezuela, el sistema judicial ha sido denunciado como un instrumento directo del régimen de Nicolás Maduro.

En este contexto regional, lo que sucede en Guatemala se inscribe dentro de una tendencia preocupante.

El exilio como única salida

Más de 50 operadores de justicia —incluyendo jueces, fiscales y abogados— han abandonado Guatemala por temor a represalias. Entre los casos más emblemáticos está el de Claudia Paz y Paz, exfiscal general, reconocida por su lucha contra la corrupción y los crímenes de guerra. Su salida del país en 2018 fue un termómetro de lo que vendría después: un desmantelamiento del estado de derecho disfrazado de legalidad.

También sobresale el caso de Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción que fue condenada bajo cargos dudosos en lo que muchos califican como una venganza política.

Las consecuencias para la prensa y la sociedad civil

Los periodistas no han escapado a esta ofensiva judicial. Figuras reconocidas como José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, han sido encarcelados en procesos plagados de irregularidades. Otros periodistas han optado por el exilio.

En paralelo, organizaciones defensoras de derechos humanos enfrentan hostigamiento digital, amenazas constantes y procesos legales. La intención parece clara: silenciar toda disidencia y consolidar un modelo autoritario bajo el disfraz de democracia.

Satterthwaite: una advertencia con peso moral

La relatora especial no es una funcionaria más de Naciones Unidas. Su palabra tiene un peso ético y político considerable. Como ella misma señaló:

"Aquellos que han buscado terminar con la impunidad, defender los derechos humanos o denunciar abusos del poder enfrentan cada vez más hostigamiento digital, amenazas y cargos criminales".

Sus conclusiones fueron compartidas al término de decenas de reuniones con jueces, magistrados, abogados, legisladores y hasta la fiscal general. Eso aporta legitimidad y profundidad a sus observaciones.

¿Hacia dónde va Guatemala?

Las denuncias de Satterthwaite coinciden con un momento político crítico. La administración de Arévalo intenta avanzar en reformas judiciales y recuperar la institucionalidad, pero encuentra resistencia interna en un aparato corrompido y burocrático. Mientras tanto, los operadores de justicia honestos están saliendo del país o son perseguidos penalmente.

Sin independencia judicial no hay democracia ni justicia real. Según datos del World Justice Project (2023), Guatemala ocupa el puesto 138 de 142 países en independencia de poderes judiciales, y el puesto 139 en corrupción institucional.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

Algunos gobiernos, como Estados Unidos, ya han sancionado a Consuelo Porras e incluido a funcionarios guatemaltecos en la “Lista Engel” por actos de corrupción y socavar la democracia. No obstante, otros actores regionales —como algunos gobiernos latinoamericanos— evitan pronunciarse, en parte por temor a que sus propios sistemas judiciales también caigan bajo escrutinio.

La ONU debe ahora decidir si eleva esta denuncia preliminar a mecanismos más fuertes, como una resolución antes el Consejo de Derechos Humanos o incluso incluye a Guatemala dentro de sus informes permanentes sobre países con regresión institucional.

La esperanza desde abajo

Frente al desmantelamiento institucional, la ciudadanía guatemalteca aún no se rinde. Las protestas indígenas de 2023, que exigieron la salida de Porras, demostraron que los movimientos sociales siguen siendo un importante contrapeso y fuente de esperanza democrática. La presión internacional puede facilitar las condiciones, pero el verdadero cambio requerirá movilización interna y valentía cívica.

El abogado guatemalteco Alejandro Rodríguez resume la situación así:

"Si permitimos que se persiga a quienes nos defienden, pronto no quedará nadie para defendernos".

La batalla por la justicia en Guatemala sigue abierta, pero mientras voces internacionales como la de Satterthwaite la visibilicen, el país aún tiene oportunidad de recuperar su dignidad institucional.