Vacíos legales y derechos en juego: ¿Quién protege la privacidad de los más vulnerables en EE. UU.?

Una demanda que sacude los cimientos del sistema de asistencia social

La administración federal enfrenta una fuerte presión legal tras la demanda presentada en Washington, D.C., contra el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), acusado de recopilar datos personales de millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como cupones de alimentos. La acción judicial, liderada por grupos de defensa de la privacidad y lucha contra el hambre, ha desatado una controversia nacional en torno al derecho a la privacidad y el trato del gobierno hacia los ciudadanos más vulnerables.

El litigio, impulsado por Electronic Privacy Information Center (EPIC), Mazon: A Jewish Response to Hunger, y cuatro usuarios del sistema SNAP, argumenta que el USDA violó múltiples leyes federales de privacidad al exigir a los estados y proveedores de beneficios electrónicos que entregaran cinco años de información detallada sobre los solicitantes y sus dependientes. Esta información incluye nombres, direcciones, fechas de nacimiento e incluso números del Seguro Social.

SNAP: Un salvavidas para más de 42 millones de personas

El SNAP se ha consolidado como la red de seguridad alimentaria más grande de los Estados Unidos, proporcionando apoyo mensual a más de 42 millones de personas (USDA, 2023). El programa está estructurado de modo que el gobierno federal cubre el 100% de los beneficios alimentarios, mientras que los estados afrontan los costos administrativos y son responsables de evaluar la elegibilidad de los candidatos.

En ese contexto, los estados acumulan una gran cantidad de datos altamente sensibles: históricos médicos, fiscales, datos de vivienda y más. La orden ejecutiva que desencadenó la actual polémica provino del expresidente Donald Trump, quien en marzo de 2020 firmó una directriz que exigía a las agencias federales conseguir “acceso sin restricciones a datos integrales de todos los programas estatales” con el supuesto objetivo de combatir el fraude.

¿Lucha contra el fraude o vigilancia estatal?

Bajo el pretexto de combatir el desperdicio y el abuso del sistema, la orden ejecutiva apuntó especialmente contra programas de asistencia como SNAP. La implementación de dicha orden impulsó al USDA y al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental a solicitar la entrega masiva de datos personales a los estados.

Según la demanda, Alaska ya proporcionó los datos de más de 70,000 residentes, mientras que estados como Iowa han manifestado su intención de hacer lo mismo. Lo preocupante aquí es que varios estados han declarado públicamente no contar con mecanismos sólidos para anónimizar los datos antes de entregarlos.

“Buscamos garantizar que el gobierno no explote a nuestros ciudadanos más vulnerables ignorando protecciones de privacidad establecidas desde hace décadas”, afirma Daniel Zibel, abogado de National Student Legal Defense Network, en la presentación legal.

Una posible violación del Acta de Privacidad de 1974

El núcleo de la demanda se sostiene sobre la posible transgresión de la Privacy Act de 1974, la cual prohíbe expresamente al gobierno federal almacenar información personal sin consentimiento y sin propósitos claros y legalmente justificados. Más profundamente aún, está el argumento ético: ¿debe el acceso a alimentos tener como costo la entrega de toda tu información privada al gobierno federal?

Implicaciones más allá del SNAP

Este caso no solo pone en tela de juicio un programa esencial, sino que genera un precedente peligroso sobre cómo el gobierno podría manejar la información personal de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Una vez abierta la puerta al intercambio descontrolado de datos —bajo justificación de eficiencia—, las consecuencias podrían replicarse en sectores como salud, vivienda subsidiada o educación pública.

La Electronic Privacy Information Center advierte que este camino establece un precedente alarmante, en el que programas sociales dejan de ser ayudas para convertirse en mecanismos de control masivo.

Una historia de vigilancia y control que se repite

La recopilación excesiva de datos por parte del gobierno estadounidense no es una novedad. Desde las filtraciones de Edward Snowden en 2013, que revelaron la dimensión del programa PRISM de la NSA, hasta el uso de tecnología biométrica en inmigración, las preocupaciones sobre la vigilancia estatal han sido recurrentes.

En el caso de SNAP, quienes dependen del programa ya están en situaciones de extrema vulnerabilidad económica. Cargar con el peso adicional de tener que entregar toda su vida personal en papel para recibir ayuda alimentaria recrea una dinámica de poder desigual y punitiva.

Respuestas institucionales y reacción pública

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el caso. Sin embargo, legisladores progresistas en el Congreso han comenzado a exigir audiencias para revisar las solicitudes del USDA y evaluar si estas medidas exceden el mandato legal de la agencia.

La respuesta pública también ha sido contundente. Activistas, académicos y beneficiarios del SNAP han señalado que esta política vulnera la confianza en los sistemas de bienestar y podría disuadir a personas en necesidad de solicitar ayuda por temor a ser monitoreadas.

¿Hacia dónde se dirige esta controversia?

Los demandantes solicitan al juez que declare ilegal la recolección de los datos, que se ordene la destrucción de la información ya recibida y se impida cualquier sanción contra los estados que se nieguen a colaborar.

De fallar a favor de los demandantes, el caso podría reforzar los límites legales para el manejo de datos personales en programas federales. En caso contrario, marcaría el comienzo de una era de vigilancia gubernamental expandida bajo el pretexto de la eficiencia administrativa.

El debate más amplio: privacidad como derecho humano

Este caso resucita una pregunta esencial: ¿dónde está la línea entre seguridad, eficiencia gubernamental y respeto al individuo? En un país donde la privacidad no figura explícitamente como un derecho constitucional, cada batalla legal que gire en torno a este valor se convierte en trascendental.

El control estatal debe encontrar su límite en los derechos fundamentales, y la asistencia social no debe traducirse en sumisión a un sistema de vigilancia. Como bien dice el proverbio bíblico que inspira a Mazon: “no neguéis el pan al pobre”; sin embargo, tampoco deben negarle su dignidad mediante políticas que lo convierten en sujeto de monitoreo constante.

En tiempos donde los debates sobre el equilibrio entre libertad y control estatal se intensifican en todo el mundo, casos como este no solo reflejan un problema aislado. Son un espejo del alma democrática de una nación. Una nación donde, irónicamente, la libertad podría estar en juego por un plato de comida.