Donaciones fantasma y acusaciones cruzadas: la guerra sucia del financiamiento político en EE. UU.
Mientras Trump ordena investigar ActBlue por supuesto dinero ilícito extranjero, su propio historial de donaciones plantea serias dudas sobre la legalidad de sus aportes de campaña
Una tormenta de hipocresía: Trump y el doble rasero en el financiamiento electoral
Cuando el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar ActBlue, la popular plataforma de recaudación de fondos utilizada por los demócratas, lo hizo con el argumento de combatir "esquemas" utilizados por extranjeros para financiar campañas políticas ilegalmente. Sin embargo, lo que parecía una cruzada por la limpieza del proceso electoral pronto reveló ser una maniobra política con tintes de vendetta personal, ya que omitió convenientemente examinar sus propias finanzas de campaña.
Lo que Trump no dijo: sus comités también están manchados
Una revisión independiente de más de cinco años de donaciones hecha por la Associated Press encontró más de 1,600 contribuciones sospechosas vinculadas a comités políticos de Trump. Algunas provienen de personas que residen fuera del país, otras no contienen información básica identificable y, en algunos casos, incluso existen indicios de falsificación de direcciones o uso de frentes.
La legislación prohíbe estrictamente que ciudadanos extranjeros contribuyan a campañas políticas en EE. UU., y castiga el uso de "donantes testaferros" que sirven de pantalla para evadir límites legales. Además, los comités deben revelar información personal básica de cada donante.
Desde hoteles baratos hasta edificios abandonados: el misterio de las donaciones republicanas
Entre los casos más llamativos está el de Jiajun “Jack” Zhang, un empresario chino que listó un La Quinta Inn en California como su dirección en una donación de $5,000 a la campaña de Trump. El hotel económico no tiene registros a su nombre. Zhang reside oficialmente en la provincia de Shandong en China y su empresa es uno de los principales proveedores de andamios del país asiático.
Otra donación escandalosa vino de Nnenna Peters, esposa del magnate nigeriano del petróleo y la minería Benedict Peters. Peters ha sido relacionado con intereses energéticos en África que podrían beneficiarse directamente de políticas de EE. UU. sobre minerales estratégicos. Si bien Nnenna es ciudadana estadounidense, la ley prohíbe que ciudadanos donen fondos en nombre de sus cónyuges no ciudadanos si los fondos no provienen de bienes compartidos.
Criptomonedas, anonimato y direcciones falsas
El análisis también encontró más de 150 donaciones sin ciudad, estado o país visibles y más de 90 aportes en los que el nombre estaba ausente o tenía anotaciones como "donante no identificado". Algunos de estos donantes utilizaron WinRed, la plataforma republicana creada para competir con ActBlue.
Aunque solo unas tres docenas de estas donaciones fueron rechazadas formalmente, esto sugiere una relativa falta de control o regulación interna. Muchas de estas transferencias fueron hechas en criptomonedas, un método de difícil rastreo para reguladores.
Reincidente: Trump y su desdén por las leyes electorales
Este patrón no es nuevo. En su mandato anterior, Trump indultó a una serie de figuras condenadas por corrupción electoral: desde Dinesh D’Souza hasta el excongresista Duncan Hunter. Otro ejemplo es el indulto a Michael Liberty, multimillonario republicano acusado de orquestar un complejo esquema de donaciones falsas.
También destacan casos como el del empresario canadiense Barry Zekelman, quien fue multado con $975,000 por la FEC tras canalizar $1.75 millones a un súper PAC pro-Trump. El favor le consiguió una cena en la Casa Blanca donde se discutieron tarifas sobre el acero.
ActBlue bajo fuego: ¿caza de brujas o preocupación legítima?
ActBlue, por su parte, reconoció haber recibido alrededor de 200 contribuciones sospechosas provenientes de direcciones IP extranjeras en 2024. Aun así, Trump enfocó todas las baterías del gobierno federal en esa plataforma.
Ezra Reese, abogado del bufete Elias Law Group (afiliado demócrata), no escatimó críticas: “Esto es un ataque directo para desmontar el centro neurálgico del financiamiento progresista”.
Para los demócratas, el motivo real es obvio: mientras ActBlue recaudó más de $3.8 mil millones en la última campaña, WinRed no llegó ni a la mitad. Desestabilizar o clausurar ActBlue perjudicaría gravemente a miles de campañas locales y federales del Partido Demócrata.
¿Sabotaje político?
El temor en las filas demócratas es palpable. Expertos calculan que el cierre de ActBlue podría producir pérdidas inmediatas superiores a $10 millones. “Existe el temor de que ActBlue pueda dejar de existir”, confiesa Matt Hodges, ingeniero de la campaña de Biden 2020. “La logística de construir una plataforma equivalente tardaría años”.
La investigación contra ActBlue fue precedida por una comisión del Congreso liderada por republicanos que en 2023 empezó a documentar presuntas irregularidades. Pero hasta el momento, ni la FEC ni el Departamento de Justicia han imputado formalmente a la plataforma.
El silencio oficial: hipócritas bajo la lupa
Consultada, la Casa Blanca se limitó a señalar un memorando del Congreso como base para la orden presidencial. El Departamento de Justicia y el manager de la campaña 2024 de Trump, Chris LaCivita, declinaron hacer comentarios.
En contraste, WinRed y los comités de Trump siguen sin dar explicaciones sobre sus deficiencias en controles y validación de donantes. Tampoco han implementado medidas visibles contra donaciones dudosas.
El verdadero peligro: normalizar las violaciones
Los expertos alarman sobre el patrón que se está creando. Dan Weiner, exfuncionario de la Comisión Federal Electoral, sintetiza el dilema: “El dinero extranjero en nuestras elecciones es una preocupación legítima. Lo que no es legítimo es escoger con saña a un solo adversario y pretender que el resto está limpio”.
Mientras tanto, la instrumentalización de la justicia para atacar a opositores políticos recuerda prácticas de regímenes menos democráticos. La integridad del financiamiento electoral está en entredicho y la falta de voluntad real para reforzar y depurar el sistema proyecta un futuro sombrío si no se toman acciones imparciales y contundentes.
¿Será esta la era de las “donaciones fantasma” como norma en política? Una cosa es cierta: si el objetivo es garantizar transparencia, todos los bandos deben pasar por el mismo escrutinio.