M23: El rostro brutal del conflicto en el este del Congo

El conflicto armado que sacude al este de la República Democrática del Congo (RDC) desde hace décadas se encuentra, una vez más, en el foco internacional. Un reciente informe de Amnistía Internacional acusa al grupo rebelde M23 de cometer una serie de atrocidades contra civiles en las ciudades de Goma y Bukavu, actualmente bajo control rebelde. Torturas, asesinatos y desapariciones forzadas son solo algunas de las violaciones de derechos humanos detalladas entre febrero y abril de este año.

El repunte de un conflicto histórico

La región oriental del Congo ha sido escenario de violencia constante desde mediados de los años 90. Con la caída del dictador Mobutu Sese Seko en 1997, una serie de conflictos internos e internacionales han transformado esta parte del continente africano en uno de los epicentros más letales del mundo. Según ReliefWeb, más de 7 millones de personas han sido desplazadas internas, incluyendo a más de 100.000 solo en lo que va de 2024.

El grupo Movimiento 23 de Marzo (M23), surgido en 2012, regresó con fuerza en enero de 2024 con el respaldo del gobierno de Ruanda, según expertos de la ONU. Conquistaron Goma, capital de la provincia de North Kivu, y en febrero avanzaron hacia Bukavu, en South Kivu. Esto marcó uno de los momentos más significativos del conflicto reciente y activó las alarmas internacionales.

Denuncias de crímenes de guerra

Amnistía Internacional entrevistó a 18 personas que fueron detenidas por M23 entre febrero y abril. Estos testimonios arrojan luz sobre las condiciones inhumanas que imperan en los lugares de detención clandestinos manejados por los rebeldes.

• Detenciones sin cargos: Las víctimas fueron arrestadas por supuesta colaboración con el ejército congoleño, sin evidencia alguna o explicación formal.
• Condiciones infrahumanas: Los detenidos describen haber estado hacinados en celdas sin acceso adecuado a alimentos, agua potable, letrinas o cuidados médicos.
• Tortura sistemática: Golpes con varas de madera, cables eléctricos y correas de motor son algunas de las formas de tortura mencionadas.
• Ejecutados ante testigos: Algunos exdetenidos relataron haber visto cómo los milicianos mataban prisioneros con martillos o armas de fuego.

Según Amnistía, estos hechos violan el Derecho Internacional Humanitario y pueden constituir crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Desapariciones forzadas: el dolor del anonimato

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la negación del paradero de los detenidos a sus familiares. Este patrón, bien documentado en violaciones de derechos humanos, se clasifica como desaparición forzada, una práctica prohibida por el derecho internacional y perseguida por mecanismos como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

“Visitamos el lugar, pero nos dijeron que no estaba allí. Nunca volvimos a saber de él”, contó uno de los familiares de un joven desaparecido en Bukavu. El silencio oficial prolonga la angustia y perpetúa la impunidad.

¿Quiénes son el M23?

El M23 es una milicia rebelde formada, en su mayoría, por desertores del ejército congoleño. Toma su nombre del fallido acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009 entre el gobierno y antiguos cuerpos rebeldes del CNDP (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo). Argumentan estar luchando contra la marginación de los tutsis congoleños, pero sus métodos han sido duramente criticados.

Desde su resurgir en el conflicto reciente, ha contado con apoyo logístico y militar de Ruanda, según reportes del Grupo de Expertos sobre el Congo de la ONU. De hecho, el gobierno congoleño ha acusado repetidamente a Kigali de buscar un control más directo sobre las vastas riquezas mineras del este del país, especialmente el coltán, vital para la industria tecnológica global.

Una crisis humanitaria ignorada

El este del Congo vive una de las crisis humanitarias más graves del planeta. Desde que comenzó el conflicto armado moderno en 1996, se estima que más de 5,4 millones de personas han muerto, lo que lo convierte en una de las guerras más mortíferas desde la Segunda Guerra Mundial.

Según cifras de la ONU, hay actualmente más de 120 grupos armados activos en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur y Ituri. La lucha no solo se centra en razones étnicas o políticas, sino sobre todo en el control de los recursos naturales.

El coltán, el oro, el tungsteno y otros minerales clave alimentan tanto la economía global como el conflicto local. En palabras de uno de los entrevistados por la BBC en un documental sobre minería en África: “Sangre por chips: cada minuto que usas tu smartphone, estás conectado a nuestro sufrimiento”.

Indiferencia e impunidad

La comunidad internacional ha sido señalada repetidamente por su tibia reacción frente al drama congoleño. A pesar de la presencia de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas (MONUSCO), con más de 14.000 efectivos desde 1999, el conflicto se ha perpetuado.

Los juicios internacionales por los crímenes cometidos por grupos armados como el M23 son escasos. Mientras tanto, gran parte de los líderes rebeldes siguen operando libremente o incluso participan en procesos políticos locales.

“Si estos crímenes ocurrieran en Europa, la movilización sería total,” afirmó un experto en derecho humanitario consultado por France 24. “Pero como es África, hay más silencio que justicia”.

¿Qué sigue para el Congo?

En abril de 2024, tanto el ejército congoleño como representantes del M23 anunciaron que trabajarían en un alto el fuego coordinado. No obstante, reportes de combate han continuado llegando desde las cercanías de Goma y Bukavu, lo que genera escepticismo sobre una posible resolución inmediata.

En paralelo, organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja han evacuado a más de 1.000 soldados congoleños desarmados que ahora están en proceso de reintegración.

Sin embargo, hasta que no se garantice justicia para las víctimas, la paz será solo una ilusión efímera.

La responsabilidad de las potencias

No se puede hablar del conflicto congoleño sin mencionar el rol de las potencias extranjeras: desde la época colonial belga hasta las multinacionales modernas que se benefician de la explotación desregulada del suelo africano. Mientras empresas tecnológicas de todo el mundo continúan demandando coltán para smartphones y baterías, pocas han implementado auditorías reales sobre sus cadenas de suministro.

Organizaciones como Enough Project y Global Witness han exigido mecanismos de trazabilidad y una mayor responsabilidad empresarial occidental. “No basta con decir que se cumple la ley”, escriben, “hay que demostrar que los derechos humanos no se compran ni se financian con beneficios trimestrales”.

La voz que aún clama en el silencio

En medio del horror, se alzan voces como la de Amnistía Internacional que nos recuerdan que detrás de cada número hay rostros, familias, historias. Que la justicia no puede ser negociada por conveniencia diplomática. Y que los crímenes cometidos por el M23 —al igual que por cualquier actor armado— deben ser juzgados bajo el amparo del derecho internacional.

“No estoy buscando venganza”, dijo uno de los sobrevivientes entrevistados, “solo quiero que el mundo sepa lo que nos hicieron. Que no lo olviden.”