¿Héroe o criminal? El caso de David McBride y la verdad incómoda de las guerras modernas

La historia de un exabogado militar con conciencia

David McBride, un exabogado del ejército australiano, ha sido condenado a cinco años y ocho meses de prisión por filtrar documentos secretos a periodistas que desencadenaron una serie de reportajes conocidos como los "Afghan Files". Estos informes detallaban presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas de élite del país en Afganistán entre 2005 y 2016.

La corte de apelaciones del Territorio de la Capital de Australia rechazó recientemente su intento por reducir dicha condena. McBride, de 61 años, había argumentado que su filtración obedecía a un juramento moral de actuar en interés del público australiano.

“Es mi propia conciencia y el pueblo australiano a quienes respondo. He cumplido mi juramento con el pueblo de Australia”, dijo McBride a través de sus abogados.

El contenido de los “Afghan Files” y su impacto

Los “Afghan Files”, divulgados por la cadena ABC News en 2017, revelaron la existencia de asesinatos ilegales de civiles, incluidos hombres desarmados y niños, a manos de soldados australianos.

Una investigación militar australiana liderada por el General Paul Brereton llegó a la conclusión en 2020 de que al menos 39 civiles afganos habrían sido asesinados de manera ilícita. El informe recomendó investigaciones penales contra al menos 19 soldados actuales o exmilitares.

Sin embargo, a la fecha, David McBride sigue siendo la única persona en prisión relacionada con esos presuntos crímenes de guerra. Esta paradoja ha generado una intensa indignación entre defensores de derechos humanos, periodistas y miembros del público.

Responsabilidad selectiva: ¿quién paga el precio?

El contraste entre el castigo impuesto a McBride y la impunidad que aún rodea a muchos de los militares involucrados dibuja una doble moral inquietante. Uno de los casos más notorios es el de Ben Roberts-Smith, el soldado más condecorado de Australia, quien perdió una demanda civil por difamación en la que un juez concluyó que efectivamente había matado a cuatro afganos desarmados. Pese a ello, Roberts-Smith no ha sido acusado penalmente.

Otro caso es el de Oliver Schulz, acusado en 2023 del asesinato de un afgano en 2012. Aunque ha sido formalmente imputado, aún no enfrenta juicio y se declaró inocente.

Mientras tanto, McBride, quien actuó como un alertador de irregularidades (whistleblower), enfrenta años de cárcel y su defensa legal afirma que el fallo refleja un sistema judicial más preocupado por perseguir a quienes revelan crímenes que por castigar a quienes los cometen.

Una cuestión de principios… y de poder

Los abogados de McBride tienen la intención de llevar el caso a la Alta Corte de Australia, lo que refleja la relevancia constitucional y moral del asunto. En una declaración pública, afirmaron:

“Creemos que solo la Alta Corte puede abordar adecuadamente el inmenso interés público y las cuestiones constitucionales que están en el corazón de este caso.”

También exigen al fiscal general Michelle Rowland que recomiende su perdón, alegando:

“Ya es hora de que el fiscal general muestre liderazgo. Que demuestre que este gobierno laborista no encarcelará más a los informantes.”

Una tensión aún no resuelta entre seguridad, ley y ética

Es importante reconocer que McBride se declaró culpable de tres cargos, incluyendo el robo de documentos clasificados y su difusión a periodistas. Técnicamente, su actuar infringió la ley. El problema radica en que su motivación principal fue denunciar conductas ilegales y traer a la luz verdades incómodas para el Estado.

Según Human Rights Law Centre de Australia, el caso de McBride evidencia un vacío legal en las protecciones para informantes en temas de seguridad nacional. Mientras que Australia tiene leyes que protegen a los denunciantes en muchos contextos corporativos o administrativos, estas no son claras cuando se trata de secretos de Estado.

“No puede ser delito denunciar un delito”

Frases como esta, repetida por los abogados de McBride, resuenan mientras persiste la contradicción: los crímenes denunciados no han sido completamente juzgados, pero quien los reveló está tras las rejas.

Este tipo de casos recuerdan otros similares en el ámbito internacional: Edward Snowden, Chelsea Manning o Julian Assange. Todos ellos enfrentaron o enfrentan consecuencias legales graves por desafiar los límites del poder estatal mediante la difusión de información clasificada con el argumento de que el público tiene derecho a saber.

¿Cuál es el papel del periodismo en esta historia?

El periodismo de investigación en democracia cumple una función fundamental: supervisar y cuestionar al poder. La serie “Afghan Files” no solo sacudió a la opinión pública australiana, sino que también evidenció el impacto que puede tener acceder a fuentes clave dentro de las instituciones.

Kristina Kukolja, periodista australiana especializada en defensa y derechos humanos, indicó en una entrevista a The Guardian:

“Sin alguien como McBride, los afganos asesinados habrían muerto en silencio. La información que reveló nos obliga a una reflexión colectiva.”

Implicaciones políticas para el gobierno de Albanese

Con la reelección del Partido Laborista en 2025 y Michelle Rowland como nueva Fiscal General, existe presión creciente sobre el gobierno para cambiar su postura respecto a los informantes. En particular, se pide mayor transparencia en asuntos militares y una revisión de las políticas que permiten la criminalización de quienes actúan en nombre de la verdad.

Hasta ahora, Rowland no ha emitido comentarios sobre si recomendará el perdón de McBride. La indiferencia de las autoridades se percibe como una traición al ideal democrático que sostiene que los informantes deben ser protegidos, no perseguidos.

¿Qué sigue para McBride?

McBride será elegible para la libertad condicional en agosto del próximo año, tras cumplir al menos 2 años y 3 meses de su condena. Sin embargo, eso no mitiga las consecuencias personales, profesionales y financieras que ha sufrido por actuar en lo que él describe como “interés del pueblo”.

Más allá del individuo, el caso sienta un precedente crucial sobre cómo los estados tratan a quienes exponen la violencia, la injusticia y la hipocresía dentro de sus instituciones militares.

El verdadero juicio es el de la historia

Los tribunales pueden definir la legalidad, pero la historia suele decidir la moralidad de las acciones. Décadas más tarde, puede que el nombre de David McBride se sitúe junto a los de otros que decidieron levantar la voz contra lo inaceptable en lugar de acatar órdenes injustas.

El debate permanece abierto: ¿qué deber pesa más? ¿El obedecer las leyes que protegen secretos o el actuar en conciencia cuando esos secretos ocultan crímenes?