¿Impuesto a la Propaganda?: La nueva tasa de radio obligatoria en Zimbabue desata indignación

Una ley polémica sacude a Zimbabue

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha aprobado una ley que exige a todos los conductores del país pagar una tarifa anual de 92 dólares estadounidenses a la emisora estatal Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) como condición para registrar o asegurar sus vehículos. Se trata de una enmienda a la Broadcasting Services Act que ha generado polémica y encendido el debate sobre la libertad de acceso a la información y el abuso del poder estatal.

¿Qué implica esta nueva medida?

Según la nueva legislación, ningún automovilista en Zimbabue podrá renovar su matrícula o adquirir un seguro para su vehículo si no paga primero esta tarifa de radio obligatoria. Aunque es posible solicitar una exención si el vehículo no cuenta con un aparato de radio, el proceso requiere una declaración escrita ante la ZBC.

La medida se justifica oficialmente como una forma de asegurar fuentes de ingresos para la emisora estatal, la cual ha sufrido una fuerte caída en la publicidad y la audiencia. Sin embargo, muchos sectores de la población y de la oposición han expresado su desacuerdo ante lo que consideran un abuso de poder y un ataque contra la ciudadanía.

Una radiodifusora con credibilidad en entredicho

La ZBC, fundada en 1960 como parte del aparato de radiodifusión del gobierno colonial, ha sido criticada durante décadas por su alineamiento con los gobiernos de turno, especialmente con el partido gobernante ZANU-PF, en el poder desde la independencia del país en 1980.

“El contenido de la ZBC ha perdido toda relevancia para el público y los anunciantes, de ahí su caída financiera”, señaló el activista por la libertad de prensa Rashweat Mukundu. Añadió en su cuenta de X (anteriormente Twitter): “Este impuesto obligatorio es un robo a plena luz del día”.

En Zimbabue ya existe una legislación que impone tarifas para la tenencia de aparatos de televisión y radio en hogares y negocios, razón por la cual esta medida adicional sobre los automovilistas ha sido calificada de redundante e injusta.

Rechazo popular y político

El abogado Kudzai Kadzere manifestó su indignación en declaraciones a medios locales: “Esto es demasiado para el contribuyente, que ya está bastante cargado. La mayoría de la gente ni siquiera escucha la ZBC; recurren a la prensa independiente, WhatsApp y redes sociales para informarse”.

El líder de la oposición, Nelson Chamisa, calificó la ley como “draconiana, anticívica y cruel”. Chamisa viene siendo crítico del gobierno de Mnangagwa, denunciando una y otra vez la falta de respeto a las libertades civiles y el recurso sistemático a la represión institucional.

¿Cuánto se recaudaría?

Según datos del gobierno, hay alrededor de 1,2 millones de vehículos registrados en el país. Con la tarifa de 92 dólares al año, esto podría traducirse en ingresos de más de 110 millones de dólares anuales para la ZBC.

Estos fondos, en teoría, permitirían a la emisora realizar mejoras técnicas, modernizar su infraestructura y ampliar su cobertura. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿están los ciudadanos dispuestos a pagar por una emisora que consideran irrelevante y parcializada?

Historia de la televisión pública en Zimbabue

La historia mediática de Zimbabue ha estado marcada por el control gubernamental. Durante el mandato de Robert Mugabe, la ZBC fue utilizada como herramienta de propaganda, difundiendo únicamente contenido favorable al régimen y silenciando voces críticas.

Esto llevó a la proliferación de radios piratas y el uso masivo de medios internacionales a través de satélite e internet. Sin embargo, el acceso a estos canales alternativa no está garantizado para toda la población debido a problemas de conectividad y falta de recursos.

Desconfianza en aumento

En 2016, la Corte Constitucional del país desestimó un caso interpuesto por un legislador opositor que pedía eliminar la tarifa al considerar que la ZBC era sesgada hacia el ZANU-PF. Aunque no logró su objetivo, la sentencia visibilizó la creciente brecha de confianza entre el público y su emisora nacional.

La decisión de ahora, aunque enfocada en los automovilistas, parece querer reforzar ese modelo centralizado de financiamiento mediático, incluso a costa de vulnerar la voluntad popular.

Una tendencia regional preocupante

El caso de Zimbabue no es aislado. Diversos países africanos han recurrido a modelos de financiamiento forzoso para sus medios estatales en momentos de crisis presupuestaria. Un caso similar ocurrió en Tanzania, donde los contribuyentes fueron obligados a pagar impuestos especiales por el acceso a televisión satelital.

Estas políticas suelen justificarse con fines de soberanía informativa, aunque terminan favoreciendo el control estatal del discurso público. Para los defensores de la democracia, representan un retroceso peligroso en pluralidad mediática y libertad de prensa.

La voz del pueblo

Las redes sociales han sido el principal canal de denuncia de esta política. Miles de ciudadanos zimbabuenses usan plataformas como Facebook y X para cuestionar la lógica de pagar por “propaganda sin sentido” mientras enfrentan desempleo, inflación y servicios públicos deficientes.

Otros están comenzando a explorar formas de desobediencia civil, como no registrar sus vehículos o utilizar tácticas legales para obtener exenciones. Algunos activistas incluso han propuesto lanzar una campaña nacional de boicot a la ZBC hasta que cambie su línea editorial.

Lo que dice el gobierno

En defensa de la medida, el portavoz del gobierno, Nick Mangwana, argumentó que la ZBC requiere de recursos sostenibles para cumplir su rol de servicio público. Según Mangwana, la radio y televisión estatales son “herramientas fundamentales en la construcción de una identidad nacional y cohesión social”.

Sin embargo, su posición ha sido fuertemente refutada por expertos como Mukundu, quien afirma que “la identidad nacional no puede construirse sobre la base de la desinformación y la marginalización de voces críticas”.

¿Hacia dónde va Zimbabue?

Esta obligación impositiva plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza del poder en Zimbabue y el papel de los medios en una democracia saludable. Obligando a la ciudadanía a pagar por contenidos oficiales que no consumen ni desean, el estado podría, en realidad, estar reforzando los sentimientos de alienación y desafección política.

Mientras tanto, las organizaciones de derechos civiles ya evolucionan hacia posibles acciones legales para frenar la entrada en vigor de la ley o reducir su alcance. Clara evidencia de cómo un simple “impuesto de radio” puede tener implicaciones mucho más amplias para la libertad de expresión y la soberanía ciudadana en África.