Censura, armas y carbón: la batalla política por el control local en Texas y EE. UU.

Texas: ¿Quién decide lo que es mejor para las comunidades?

Durante la más reciente sesión legislativa en Texas, se aprobaron enmiendas controvertidas sobre tres aspectos fundamentales del poder local: el control sobre los programas de recompra de armas, la disponibilidad de libros escolares y la autonomía energética frente al Gobierno federal. En el corazón del debate está una pregunta clave: ¿hasta qué punto deben las autoridades locales tener el control de sus propias decisiones?

Prohibición de los programas de recompra de armas: ¿un golpe a la autonomía municipal?

El Senado de Texas dio recientemente una aprobación preliminar al proyecto de ley HB 3053, que prohíbe explícitamente a los gobiernos locales organizar programas de recompra de armas. Estas iniciativas, en general voluntarias, permiten a los ciudadanos devolver armas de fuego a cambio de incentivos, como tarjetas de regalo. Pero para el senador estatal Bob Hall (R-Edgewood), esta medida es una "barrera necesaria" para evitar el "mal uso del dinero público".

Según Hall, estos programas son inútiles para reducir la violencia armada y, peor aún, "transmiten la idea errónea de que la propiedad de armas podría ser ilegal". Sin embargo, varios senadores demócratas, como José Menéndez (D-San Antonio) y Borris Miles (D-Houston), lo contradijeron. Menéndez mencionó que en San Antonio se han llevado a cabo eventos exitosos de recompra, donde los ciudadanos devolvieron armas no utilizadas y potencialmente peligrosas.

“La gente estaba feliz de cambiar algo que no usaban por algo útil para su familia”, dijo Menéndez.

Borris Miles fue más allá al señalar que, sin acceso a estos programas, algunos residentes podrían verse obligados a tirar sus armas a la basura, lo cual plantea serios riesgos de seguridad pública. Hall replicó que, si alguien desea deshacerse de un arma, puede venderla, pero Miles objetó: "no todos saben cómo vender legalmente un arma, ni todos tienen acceso a internet o se sienten cómodos yendo a ferias de armas".

El control del saber: SB13 y el nuevo filtro de las bibliotecas escolares

En paralelo, la Cámara de Representantes de Texas dio luz verde al polémico Senate Bill 13 (SB 13), que trasladaría el control del contenido en bibliotecas escolares desde los bibliotecarios a las juntas escolares o a "consejos asesores" de padres.

La legislación propone permitir que el 20% de los padres en un distrito puedan pedir la creación de consejos asesores que decidan qué libros son apropiados según valores comunitarios. La ley también ofrece definiciones vagas de contenido "dañino" e "indecente", lo que sus detractores denuncian como una arma de doble filo para fomentar la censura.

El demócrata James Talarico (D-Austin) advirtió que esta normativa podría llevar al retiro de clásicos de la literatura como El guardián entre el centeno o incluso la Biblia debido a la interpretación subjetiva de lo que es indecente o inadecuado.

“¿Podría Romeo y Julieta ser prohibido? Si la respuesta no es un 'por supuesto que no', entonces tenemos un problema serio”, afirmó Talarico.

Según la organización PEN America, al menos 540 libros fueron prohibidos en escuelas de Texas en 2023, unos números que algunos representantes consideran una señal de alarma. La discusión también se centró en la carga administrativa que implicará investigar y decidir sobre cada queja: actualmente, las juntas escolares tendrían 90 días para resolver si un libro debe mantenerse o eliminarse.

Para el promotor republicano de la ley en la Cámara, Brad Buckley (R-Salado), esto no es censura: "Debemos valorar a nuestros hijos más que a los libros. SB 13 garantiza eso".

El carbón que se resiste a morir: la intervención federal en la planta J.H. Campbell

Más allá de Texas, otro conflicto institucional se desarrolló en Michigan, cuando el Departamento de Energía de EE. UU. ordenó a la empresa Consumers Energy mantener abierta la planta de carbón J.H. Campbell hasta al menos el 21 de agosto. Originalmente planeaba cerrar el 31 de mayo como parte de su transición a fuentes limpias de energía.

¿La razón? El gobierno teme un posible déficit eléctrico durante eventos climáticos extremos en la región gestionada por MISO (Midcontinent Independent System Operator). Esta planta puede generar hasta 1.450 megavatios, energía suficiente para abastecer a un millón de personas.

Sin embargo, funcionarios estatales como Dan Scripps, presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan, se opusieron firmemente:

"Producimos más energía de la que necesitamos en Michigan. No hay una emergencia energética presente".

Este choque entre las prioridades del Gobierno federal (garantizar la resiliencia energética) y los estados (avanzar en sus objetivos de energía renovable) refleja una problemática recurrente en la política estadounidense: quién tiene la última palabra en la planificación territorial y energética.

Una tendencia nacional hacia el centralismo conservador

En su conjunto, estos tres casos –el control sobre los libros escolares, la limitación de programas de recompra y la operación forzada de una planta de carbón– reflejan una tendencia política preocupante donde gobiernos estatales y federales restringen la capacidad de actuar de autoridades locales en nombre de valores tradicionales o intereses estratégicos.

En Texas, la dinámica ha sido evidente durante varias legislaturas, con una legislatura dominada por republicanos intentando limitar el margen de maniobra de ciudades como Austin, Dallas y Houston, las cuales tienen gobiernos municipales más progresistas. Desde la prohibición de iniciativas climáticas locales hasta el control del contenido escolar, el mensaje parece claro: el gobierno estatal decide lo que es mejor, no las ciudades.

La ironía del conservadurismo interventor

Paradójicamente, muchas de las medidas adoptadas por legisladores conservadores apelan al “gobierno pequeño” en teoría, pero en los hechos promueven una concentración del poder en el Estado o incluso en el gobierno federal. Así lo resaltó el senador Roland Gutierrez (D-San Antonio), quien cuestionó:

“¿Cómo se atreven a decirme cómo el dinero municipal de San Antonio debe ser usado?”

Esto ha generado tensiones ideológicas dentro del mismo campo conservador, pues choca con la noción clásica de subsidiariedad y libertad individual. ¿Puede una ideología centrada en la autonomía personal justificar una supervisión centralizada tan agresiva sobre bibliotecas, programas comunitarios y fuentes de energía?

¿Hacia dónde va el federalismo en Estados Unidos?

En EE. UU., el federalismo ha sido históricamente un juego de equilibrios y tensiones. La carta de derechos promueve una Corte Suprema que defienda los derechos fundamentales, pero también un entramado de competencias que habilitan a estados y ciudades a innovar –o vetar– políticas según su visión.

Sin embargo, cuando estados como Texas o Florida empiezan a aplicar reglas generalizadas sobre sistemas tan diversos como los distritos escolares o las bibliotecas públicas, la diversidad institucional se convierte en monocromía autoritaria, bajo el argumento de la moral colectiva.

Y cuando el gobierno federal interviene para frenar clausuras de plantas contaminantes en nombre de la seguridad energética, también es válido preguntarse: ¿dónde queda el compromiso con el cambio climático?

La verdadera pregunta: ¿Quién debe decidir?

Frente a estas tensiones crecientes, ciudadanos, legisladores y líderes comunitarios deben debatir con honestidad una pregunta esencial: ¿quién debería tener la última palabra sobre temas que afectan a sus vecinos, sus hijos y su entorno?

• ¿Una junta escolar elegida localmente o una ley estatal generalizada?
• ¿La alcaldía que escucha las preocupaciones de sus ciudadanos o una cámara legislativa ideologizada?
• ¿El estado que promueve regulación homogénea o ciudades autónomas con real capacidad de innovación?

El debate no es anecdótico. Es existencial. Porque en la respuesta a esa pregunta se encuentra el alma misma de la democracia local estadounidense.