¿Ciencia criminalizada? El caso de Kseniia Petrova y la delgada línea entre la ley y la investigación

La historia que sacudió al mundo académico

Kseniia Petrova, una destacada investigadora rusa de Harvard especializada en biología del desarrollo y medicina regenerativa, fue detenida en febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Su crimen: ingresar al país sin declarar unas muestras no vivas de embriones de rana obtenidas en un laboratorio durante unas vacaciones científicas en Francia.

El caso rápidamente ganó notoriedad. La acusación formal: contrabando. Pero, ¿realmente se puede calificar como tal transportar muestras microscópicas no vivas con fines de investigación científica? La pregunta derivó en un torbellino de debates éticos, legales y científicos, y sacó a la luz las tensiones entre la burocracia migratoria y la libertad investigativa.

¿Qué hizo exactamente Kseniia Petrova?

Petrova viajó a Francia para descansar, pero aprovechó su estancia para visitar un laboratorio especializado en secciones ultraprecisas de embriones de rana, una técnica utilizada para mapear el desarrollo embrionario con aplicaciones prometedoras en el estudio de la regeneración celular y el cáncer. Según explicó posteriormente, obtuvo una pequeña muestra destinada a ser analizada como parte de su investigación biomédica.

Al llegar a EE. UU., fue interrogada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Petrova alegó que no se percató de que esos materiales requerían ser declarados. Sin embargo, las autoridades la acusaron de mentir y confiscaron su visa. A partir de ese momento, comenzó un periplo legal con tintes de thriller científico.

¿Quién es Kseniia Petrova?

A sus 30 años, Kseniia Petrova no es una investigadora cualquiera. Su trabajo, centrado en el desarrollo embrionario y sus posibles aplicaciones en medicina antienvejecimiento, ha sido elogiado por figuras destacadas del entorno biomédico. Uno de ellos fue Michael West, pionero en biotecnología regenerativa, quien testificó a su favor diciendo: “Es ciencia excelente… la contrataría sin pensarlo dos veces”.

West citó uno de los trabajos de Petrova donde propone mapear detalladamente la embriogénesis como vía para explorar nuevas técnicas de regeneración celular y tratamiento de enfermedades degenerativas. El valor de su trabajo sería, según muchos colegas, crucial para el futuro de la medicina contra el deterioro celular.

El “contrabando” que no era tal

El juez federal Christina Reiss, de Vermont, dictaminó que los agentes de inmigración actuaron sin base legal al cancelar su visa. En su fallo, Reiss fue contundente: “Los embriones no estaban vivos, no eran peligrosos y no representaban amenaza alguna”.

Además, remarcó que Petrova no representaba riesgo para la sociedad ni existía intención dolosa en su actuar. No obstante, la científica pasó varias semanas detenida entre Vermont y Luisiana bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de EE. UU. antes de ser puesta en libertad, mientras espera una audiencia de fianza en Massachusetts.

Más allá del laboratorio: el trasfondo de una detención

Aunque el caso podría parecer una excepción, no lo es. Desde hace años, especialistas en relaciones internacionales y derechos humanos han advertido sobre la creciente criminalización de investigadores extranjeros, especialmente en áreas científicas sensibles.

Casos como el de Xiaoxing Xi, físico acusado en 2015 de espionaje industrial, o Charles Lieber, exdirector del departamento de química de Harvard, vinculado a intereses con instituciones chinas, han llenado titulares. Aunque sus casos distan del de Petrova en su naturaleza, todos comparten un tema común: el aumento de la vigilancia sobre científicos extranjeros y la difuminación de la línea entre colaboración y sospecha.

¿Una cuestión de xenofobia científica?

Robert Romanovsky, abogado de Petrova, sostiene que todo el proceso se encuentra viciado por prejuicios contra investigadores extranjeros. Su argumento es que si Petrova hubiera tenido una ciudadanía estadounidense y facilitado el mismo material desde un laboratorio nacional, este incidente jamás se habría judicializado.

“Se ha confundido el celo migratorio con la vigilancia científica”, dijo en declaraciones a medios locales. Y añade que no existía base para acusar a Petrova de ocultamiento malintencionado.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, defendió la actuación de sus agentes. En su cuenta oficial en X (antes Twitter) declaró: “Detuvimos a la investigadora tras encontrar evidencias en su teléfono de intenciones de no declarar el material transportado”.

Las paradojas de la ciencia en tiempos de fronteras

Pocas actividades humanas son tan universalmente colaborativas como la ciencia. Ya desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los avances técnicos y médicos más cruciales nacieron de redes de cooperación transatlántica. Hoy, los desafíos sanitarios globales —como el cáncer, el Alzheimer o las pandemias— requieren intercambios constantes entre investigadores de todo el mundo.

En palabras del biólogo Evolutivo Sean Carroll, “la ciencia necesita fricciones intelectuales, no legales”. Los límites migratorios impuestos a la colaboración científica podrían erosionar el espíritu compartido de búsqueda de conocimiento que caracteriza al trabajo académico global.

Harvard, institución donde Petrova se desempeñaba como investigadora visitante, emitió un escueto comunicado: “Seguimos monitoreando la situación”. Mientras tanto, académicos de todo el país han alzado su voz en defensa de la joven científica, pidiendo mayor claridad legal frente a lo que consideran una zona gris entre migración, bioética e investigación.

¿Y ahora qué?

Petrova será trasladada a Massachusetts, donde comparecerá para una audiencia en la que se decidirá su situación legal. Aunque ahora ha sido liberada de la detención migratoria, aún pesa sobre ella el cargo federal por contrabando.

Abogados y académicos esperan que el caso siente un precedente sobre cómo manejar episodios de este tipo en el futuro, especialmente cuando el material biológico no representa riesgo alguno, y más aún cuando puede aportar soluciones médicas sustanciales a la humanidad.

¿Debe una investigadora ser procesada por transportar muestras no vivas de embriones de rana? ¿Puede la ciencia del siglo XXI desarrollarse con éxito bajo regímenes migratorios del siglo XX? El caso de Kseniia Petrova no solo confronta una interpretación estricta de la ley, sino que lanza una advertencia al mundo científico: necesitamos una legislación que entienda la ciencia global.

Como resume el genetista David Reich, del Broad Institute: “Esto es un llamado a revisar cuánto entendemos —y protegemos— a quienes trabajan por el avance humano”.