Cárceles que se desmoronan y menores asesinos: El fracaso del sistema penitenciario y judicial en EE.UU.

Un adolescente de 15 años y el asesinato de un físico en bicicleta

En mayo de 2024, un hecho estremecedor sacudió a Albuquerque, Nuevo México. Cuatro adolescentes, el menor de ellos con solo 11 años, se encontraban en un vehículo robado cuando atropellaron deliberadamente a Scott Dwight Habermehl, un físico de 63 años que trabajaba en Sandia National Laboratories. El hecho, grabado en video por los propios adolescentes y compartido en redes sociales, dejó clara la intencionalidad del acto, que fue calificado como asesinato.

El último arresto —correspondiente a un joven que en el momento del crimen tenía 15 años— se produjo gracias a voces que lo identificaron en el video y a mensajes que el mismo sospechoso compartió en redes sociales. Este caso se encuentra ahora en el centro del debate político de Nuevo México, donde tanto el gobierno como la oposición han exigido actuar ante el aparente aumento de violencia juvenil deliberada.

La tragedia como reflejo de un sistema en crisis

La gobernadora Michelle Lujan Grisham ha llamado la atención sobre este caso como ejemplo de por qué se necesita una reforma urgente en la legislación penal juvenil del estado. Aunque ha prometido convocar una sesión especial legislativa, aún no lo ha hecho. Mientras tanto, crecen las voces que critican la laxitud del sistema para prevenir que adolescentes reincidan o cometan crímenes graves con aparente impunidad.

De acuerdo con el Proyecto de Sentencias, cerca de 200,000 jóvenes menores de 18 años entran a sistemas penitenciarios para adultos cada año en EE.UU.. Sin embargo, en muchos casos, cometieron delitos no violentos u ofensas menores. ¿Cómo se justifica entonces que actos como este —asesinato premeditado con un vehículo— sigan alterando las líneas divisorias entre justicia juvenil y penal adulta?

La cárcel de Nueva Orleans: lujo fallido y desastre estructural

Pocas semanas después de este crimen, otra noticia ponía en tela de juicio la infraestructura judicial y carcelaria del país: 10 presos escaparon de una prisión “de última generación” en Nueva Orleans. Aunque ocho fueron recapturados rápido, dos siguen prófugos, y los responsables del centro culparon a fallas de plomería, cerraduras rotas y una estructura que, aunque moderna, sufre abandono en mantenimiento.

Construida en 2015 al costo de $150 millones, la Instalación de Justicia de Orleans (OJC, por sus siglas en inglés) ha estado bajo supervisión federal desde 2013. La actual sheriff, Susan Hutson, afirma que el constante deterioro del edificio, sumado a la falta de inversión, ha generado una crisis de infraestructura que amenaza la seguridad pública y la dignidad humana.

«Este no es solo un problema físico, es un problema de dignidad humana», dijo Hutson. Solicitó $13 millones en reparaciones urgentes y denunció que inundaciones generadas por problemas con tuberías están forzando a la cárcel a utilizar suministro de agua externo. A esto se suma que los presos, en algunos casos, entorpecen los sistemas al desechar objetos indebidos por el inodoro.

¿Fuga coordinada o colapso logístico?

La fuga de mayo, una de las más masivas de la historia reciente estadounidense, se logró a través de actos de sabotaje: los internos retiraron un inodoro, abrieron un hueco en la pared, treparon vallas con mantas y burlaron los sistemas de seguridad. Se reportó que un trabajador de mantenimiento habría apagado el suministro de agua a petición de un agente, creyendo que era una medida preventiva tras recibir amenazas, aunque luego se aclaró que no existía ninguna amenaza real. Todo esto fue parte de un plan orquestado por los presos.

El incidente ha desatado un debate feroz entre el sheriff y el Ayuntamiento de Nueva Orleans, cuyos miembros sostienen que, pese al aumento presupuestal a la oficina del sheriff, la gestión es deficiente. Desde 2019, el aumento proporcional en fondos destinados al sistema correccional ha sido mayor que el de cualquier otra agencia de seguridad pública en la ciudad.

La pena de muerte y el debate sobre el escuadrón de fusilamiento

En un plano paralelo al caos juvenil y las negligencias institucionales, la Corte Suprema de Carolina del Sur ha rechazado el pedido de información formulado por Stephen Stanko, un preso condenado a muerte cuya ejecución está prevista para el 13 de junio. Stanko solicitó detalles técnicos sobre el protocolo y entrenamiento de escuadrones de fusilamiento tras alegar que una ejecución anterior, la de Mikal Mahdi en abril, habría sido fallida.

Mahdi, según la autopsia, no murió de manera inmediata. Las balas apenas perforaron una cámara de su corazón, haciendo que su muerte tomase entre tres y cuatro veces el tiempo habitual. Se reporta que después de ser ejecutado, Mahdi se quejó y gruñó durante unos 45 segundos.

Ante esto, los abogados de Stanko sostienen que su cliente tiene derecho a saber si los mismos ejecutores serán usados y si el protocolo asegura una muerte sin sufrimiento prolongado. La Corte, sin embargo, argumentó que no había evidencia suficiente para afirmar que la ejecución fue irregular.

Stanko fue condenado por dos asesinatos en 2005 y 2006, entre ellos el de su pareja, a quien asesinó y, además, agredió sexualmente a su hija, quien sobrevivió y testificó en su contra. También asesinó a un amigo mayor de edad, Henry Turner, a quien le robó dinero antes de huir.

¿Qué tienen en común estos casos?

• Un adolescente involucrado en asesinato brutal, grabado y compartido como si fuera contenido de redes sociales.
• Una prisión de $150 millones colapsando por fugas de agua, corrupción estructural y escapes cinematográficos.
• Un sistema de pena de muerte cuestionado por errores mortales del escuadrón de fusilamiento.

Cada caso refleja un fracaso sostenido del sistema de justicia penal estadounidense: políticas débiles de prevención y rehabilitación juvenil, instalaciones carcelarias modernas que se derrumban por dentro, y métodos de ejecución todavía anclados en prácticas del siglo XIX, pero con mecánicas recientes que fallan estrepitosamente.

El costo humano del abandono institucional

La mezcla de violencia juvenil, negligencia institucional y penas de muerte ejecutadas sin garantías ha provocado una crisis que va más allá de los muros de prisiones o tribunales. Afecta la confianza pública, deja a comunidades enteras en shock y expone a víctimas (y victimarios) a un sistema que no siempre prioriza la justicia ni la humanidad.

La pregunta no es si debe haber castigos, sino si estos castigos obedecen a una ética jurídica coherente y si las instituciones que los ejecutan están preparadas para hacerlo con profesionalismo y dignidad. Desde adolescentes que pueden matar por entretenimiento, hasta cárceles donde se escapan diez presos en una sola noche y ejecuciones que duran más de lo que deberían, el sistema parece menor que la suma de sus crisis.

¿Es este el sistema que queremos para el país más influyente del mundo?