El poder presidencial bajo escrutinio: Trump, los aranceles y el límite legal

El fallo que frenó una política clave de Trump

El expresidente Donald Trump recibió un revés judicial significativo cuando la Corte de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, falló en contra de sus órdenes arancelarias impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, conocida como IEEPA por sus siglas en inglés. Esta ley, tradicionalmente utilizada para bloquear activos o limitar transacciones financieras de adversarios extranjeros en tiempos de crisis, fue invocada por Trump para justificar aranceles sobre importaciones de gran parte del mundo.

El fallo emitido por un panel de tres jueces fue claro: "Las Órdenes Arancelarias Mundiales y de Represalia exceden cualquier autoridad otorgada al Presidente por la IEEPA para regular la importación mediante aranceles". Este dictamen ha detonado un nuevo debate sobre el alcance de los poderes presidenciales, especialmente en el ámbito de la política comercial.

La IEEPA: una ley para emergencias reales

Promulgada en el contexto de la Guerra Fría, la IEEPA otorga al presidente la capacidad de emitir órdenes ejecutivas que limiten o congelen transacciones con naciones extranjeras durante una "amenaza inusual o extraordinaria" para la seguridad del país. Tradicionalmente, ha sido utilizada para sanciones más que para bloquear bienes a gran escala. Por ejemplo:

• Jimmy Carter la utilizó contra Irán tras la toma de rehenes en 1979.
• George W. Bush impuso restricciones financieras tras el 11 de septiembre de 2001.
• Barack Obama la aplicó para sancionar a Corea del Norte y Siria.

Pero nunca antes se había utilizado para imponer aranceles comerciales de manera masiva como lo intentó Trump.

Una política comercial basada en la "emergencia" del déficit

Trump argumentó que el déficit comercial crónico de Estados Unidos constituía una amenaza nacional. En 2018, justificó aranceles del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio en varios países (incluidos aliados como Canadá y México) bajo la premisa de proteger la seguridad nacional. No obstante, sus detractores señalan que:

• Estados Unidos ha tenido déficits comerciales continuos por más de 49 años.
• No hay evidencia clara de que estos déficits representen una amenaza extraordinaria para la seguridad del país.
• El uso de la IEEPA para regular el comercio interior socava la autoridad del Congreso.

"Esta sentencia reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones comerciales no pueden tomarse según el capricho del presidente", declaró Dan Rayfield, Fiscal General del estado de Oregón, uno de los que lideró la demanda que resultó en el fallo.

Consecuencias económicas: ¿aranceles sin estrategia?

Los aranceles de Trump, nombrados de forma no oficial en los mercados como "TACO" (Trump Always Chickens Out) —Trump Siempre Se Rinde—, tuvieron efectos variables:

• Sacudieron los mercados financieros globales.
• Provocaron represalias por parte de otras potencias como China y la Unión Europea.
• Llevearon a un aumento en los precios para consumidores y pequeñas empresas estadounidenses.

Un ejemplo claro es el caso de V.O.S. Selections, una pequeña importadora de vinos, cuyo propietario declaró que los aranceles habían sido devastadores para su negocio: "No estoy seguro de que podamos sobrevivir", afirmó.

La separación de poderes en juego

El fallo judicial es también una reafirmación del equilibrio de poderes. La Constitución otorga al Congreso la autoridad para legislar sobre comercio exterior. Aunque el presidente puede reaccionar en emergencias, estas deben estar claramente delimitadas por el marco legal.

Al usar la IEEPA como argumento para una política comercial sostenida y de alcance mundial, la administración Trump abrió la puerta a un precedente peligroso. Como señala el analista jurídico de la Georgetown University, David Super: "Permitir que se impongan aranceles bajo pretextos de seguridad nacional convierte al presidente en un zar del comercio sin supervisión legislativa".

¿Y ahora qué? El posible impacto de la apelación

Aunque el gobierno de Trump ya no ocupa la Casa Blanca, la administración actual podría enfrentar las consecuencias legadas por este uso amplio de poderes presidenciales. Se espera que el fallo de la Corte sea apelado, y potencialmente podría llegar a la Corte Suprema.

Además, el Congreso podría verse presionado a reformar la IEEPA para limitar su uso irregular. Un proyecto similar ya fue introducido en el Senado por Pat Toomey (republicano) y Mark Warner (demócrata) en 2019, pero no avanzó.

Cuando gobernar por decreto pierde legitimidad

Las implicaciones de este caso van más allá del comercio. Ponen en evidencia cómo un presidente puede intentar usar legalidades existentes para justificar decisiones que generan un desequilibrio institucional y afectan profundamente la economía.

Como en el caso de Richard Nixon, a quien la administración Trump citó para justificar sus acciones recordando el uso de aranceles en 1971, el contexto actual es distinto. Nixon aplicó esa medida bajo un control general de precios y no bajo poderes de emergencia internacionales. De hecho, la jurisprudencia bajo Nixon está lejos de permitir la extralimitación que intentó Trump.

La importancia de los "frenos y contrapesos"

Lo que realmente está en juego aquí es el estado de derecho. En democracias sólidas, ningún líder está por encima de las leyes. El fallo judicial refuerza ese principio esencial. Si el Congreso no toma medidas para clarificar o limitar el alcance de leyes de emergencia, futuros presidentes —de cualquier partido— podrían repetir los mismos abusos.

Los aranceles de Trump, aunque poco efectivos en lograr revertir el déficit comercial, sirven ahora como caso de estudio sobre los peligros de alterar la arquitectura institucional del comercio internacional bajo argumentos jurídicos cuestionables.

El Congreso debe actuar. La Corte ha hablado. La presidencia debe recordar que el poder sin límites siempre es una amenaza, incluso cuando se ejerce con las mejores intenciones.