Estado de emergencia en la reserva Rosebud: el clamor de una nación por justicia y seguridad

Una voz desesperada desde el corazón de Dakota del Sur

La Nación Sioux de Rosebud ha alzado nuevamente su voz. No es la primera vez que lo hace, y lamentablemente, quizá no será la última. Esta semana, la tribu declaró un nuevo estado de emergencia en seguridad pública en su territorio, ubicado en el sur de Dakota del Sur, una región golpeada duramente por el tráfico de drogas, la violencia con armas y la escasez crónica de recursos policiales.

Es la tercera vez en seis años que lo hacen: antes fue en 2019 y luego en 2024. Esta declaración refleja una realidad áspera y constante agravamiento de las condiciones sociales, de salud y seguridad en la reserva. Pero también expone una herida abierta que atraviesa décadas de abandono institucional: el incumplimiento sistemático de los tratados firmados entre el gobierno federal de Estados Unidos y las naciones indígenas.

Una crisis perpetua en 1 millón de acres

El territorio de la Reserva India de Rosebud ocupa casi 1 millón de acres (más de 400,000 hectáreas) y se extiende a lo largo de cinco condados de Dakota del Sur. Sin embargo, según señaló Lewis Good Voice Eagle, jefe de gabinete de la presidenta tribal Kathleen Wooden Knife, sólo 12 agentes de la ley patrullan esta vasta extensión.

“Con la escasez de personal policial y de abogados con título de juris doctor admitidos en el colegio de abogados, se ha creado una pesadilla adicional en la reserva Rosebud”, expresó Good Voice Eagle.

Esta falta de recursos es el resultado, entre otras causas, de recortes presupuestarios implementados desde 2016 y de la dificultad para retener oficiales quienes, fuera de la reserva, pueden acceder a mejores salarios y beneficios laborales.

Cuando los tratados se convierten en papel mojado

La relación entre las tribus indígenas y el gobierno federal de EE. UU. está sostenida, en teoría, por una serie de tratados en los que las autoridades federales asumieron la responsabilidad de garantizar ciertos servicios: salud, educación, y sí —seguridad.

Pero la realidad es otra. La falta de cumplimiento ha llevado incluso a algunas tribus a adoptar una estrategia legal: demandar al Gobierno. Tal fue el caso de los Oglala Sioux, vecinos de los Rosebud en la Reserva Pine Ridge, quienes en 2022 lograron una sentencia histórica. Un juez federal dictaminó que EE. UU. tiene la obligación legal, por tratado, de brindar apoyo en seguridad a la reserva.

Este fallo asentó un precedente importante, que bien podría fortalecer el argumento de Rosebud en su esfuerzo por obtener asistencia federal más contundente.

¿Una guerra contra el narcotráfico o contra la ignorancia institucional?

Uno de los pilares de la emergencia en Rosebud es un preocupante aumento en el consumo y tráfico de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. Además, se ha producido un alarmante repunte en los actos violentos con armas de fuego. La tribu ha solicitado asistencia formal al Departamento del Interior, al FBI y a la Oficina del Fiscal de EE. UU. aunque, como han señalado, la ayuda brindada anteriormente resultó insuficiente.

La situación se complica aún más en el plano político. En 2023, las nueve tribus indígenas de Dakota del Sur prohibieron la entrada de la entonces gobernadora Kristi Noem a sus tierras, tras comentarios incendiarios en los que aseveró que las tribus estaban permitiendo la operación de cárteles de droga en sus territorios. Una acusación que muchos interpretaron como racista y desinformada.

Las reservas, huérfanas de Estado: datos que lo confirman

• Según el Bureau of Indian Affairs, sólo se destina un promedio de 1,3 policías cada mil personas indígenas, mientras que el promedio nacional para comunidades no indígenas es de 2,5.
• El Departamento de Justicia de EE. UU. ha admitido que el 84% de las mujeres indígenas han experimentado algún tipo de violencia durante su vida.
• En 2022, las reservas indígenas tuvieron una tasa de homicidios 2.5 veces más alta que el promedio nacional (datos del CDC).

¿Dónde queda la soberanía tribal?

La noción de soberanía tribal implica que las comunidades indígenas tienen el derecho de gobernarse a sí mismas dentro de EE. UU., pero dependen del Estado federal para la financiación de servicios clave como la seguridad. Esta paradoja genera una debilidad estructural: las autoridades tribales tienen que rogar por lo que, legalmente, ya les corresponde.

La presidenta Kathleen Wooden Knife lo dejó claro en su reciente declaración: el estado de emergencia responde a “problemas generalizados de salud pública y orden social que representan amenazas para la seguridad, salud y bienestar de la comunidad en general”.

¿Un modelo replicable? Lecciones del caso Pine Ridge

El caso de los Oglala Sioux y su victoria legal podría marcar un nuevo camino para pueblos como Rosebud. Allí, la respuesta judicial dejó claro que los tratados son vinculantes y que el abandono sistemático constituye una violación legal.

“Este no es sólo un tema de criminalidad, sino de justicia histórica y dignidad humana”, declaró Kevin Killer, presidente de la tribu Oglala, tras conocer el fallo favorable en Pine Ridge.

¿Podría Rosebud seguir el mismo camino legal? Todo indica que esto podría ser parte de su próximo movimiento estratégico, sobre todo si la respuesta federal sigue siendo insuficiente.

Un problema que se repite a lo largo de América indígena

Lo ocurrido en Rosebud no es un caso aislado. En EE. UU. existen 574 tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal, y muchas de ellas enfrentan problemas similares. Por ejemplo:

• La Nación Navajo ha declarado múltiples emergencias por violencia doméstica y abuso de opioides.
• En Alaska, comunidades como Bethel sufren tasas de suicidio y alcoholismo hasta cinco veces mayores al promedio estadounidense.
• En reservas de Montana y Arizona, organizaciones tribales deben crear sus propios programas de seguridad comunitaria ante la falta total de presencia policial.

No es caridad: es justicia

La narrativa habitual presenta estas crisis como si fueran tragedias episódicas que requieren ayuda humanitaria. Pero eso es erróneo. Estas comunidades no necesitan caridad, sino justicia. Y esa justicia empieza por exigir que el Estado cumpla con los acuerdos que firmó.

En palabras de la abogada indígena Tara Houska: “Los tratados indígenas no son gestos simbólicos: son compromisos legales entre naciones soberanas. Si no se cumplen, entonces ¿dónde queda la justicia de este país?”

¿Qué podemos hacer como sociedad?

La lucha de Rosebud debe hacernos reflexionar colectivamente sobre el racismo estructural y el olvido institucional que aún subyace en muchas de nuestras democracias modernas. Informarse, apoyar legalmente las causas de las tribus y exigir a los representantes políticos la asignación óptima de recursos no son actos heroicos: son deberes cívicos.

Mientras tanto, la Nación Rosebud sigue esperando —y luchando. Por justicia. Por seguridad. Por dignidad.