Más lejos del sueño: cómo las políticas migratorias de Trump prolongan la angustia infantil

Un regreso a políticas severas y consecuencias emocionales graves

En una sala de audiencias virtual desde un albergue de Poughkeepsie, Nueva York, una joven migrante de 17 años reposa la cabeza entre sus manos mientras escucha cómo las nuevas regulaciones migratorias le impiden reunirse con sus padres tras más de 70 días en detención. Su historia, sin embargo, no es única.

La administración de Donald Trump ha reactivado e intensificado políticas migratorias que, según su defensa, buscan garantizar la seguridad de los menores. Estas políticas incluyen pruebas de ADN, verificación de ingresos y documentación obligatoria. Si bien las autoridades argumentan que estas condiciones impiden que los menores caigan en manos de traficantes, para muchos jóvenes y sus familias significa detención prolongada, separación forzosa y un estado de limbo emocional que consume meses de sus vidas.

El contraste entre dos gobiernos

Durante la presidencia de Joe Biden, los menores no acompañados pasaban en promedio 35 días en centros de detención antes de ser liberados con un familiar. En contraste, bajo las nuevas políticas de Trump, ese promedio subió dramáticamente a 217 días, según datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En mayo, apenas 45 niños fueron liberados a patrocinadores adultos, mientras más de 2.200 menores permanecían bajo custodia federal. Esto representa una tasa alarmantemente baja de liberación, intensificada por procesos burocráticos lentos y obstáculos prácticamente insuperables para muchos padres o familiares.

“Nos niegan a nuestros hijos”: La perspectiva legal

El National Center for Youth Law ha presentado demandas colectivas contra la administración Trump, alegando que estas reglas separan innecesariamente a los menores de sus familiares. “Estas políticas han resultado en niños separados de sus familias amorosas en todo el país, mientras el gobierno se niega a liberarlos innecesariamente”, argumentan los abogados.

La abogada Tatine Darker explicó durante una audiencia en Manhattan que muchos menores siguen detenidos únicamente porque están “esperando las pruebas de ADN”. Incluso cuando se completa ese paso, nuevos requerimientos de ingresos bloquean las solicitudes, aun si los padres o hermanos adultos no tienen los documentos necesarios como licencias de conducir o talonarios de pago.

Vidas detenidas: testimonios reales

Los hermanos dominicanos —una adolescente de 17 y un niño de 14 años— viajaron a EE.UU. para reencontrarse con sus padres, quienes llevaban años viviendo separados en Nueva Jersey y Boston. Habían escapado de una situación de abuso con su madrastra en su país. Después de cruzar la frontera en marzo con su hermana mayor de 25 años, quien fue deportada, ellos terminaron en el albergue de Poughkeepsie.

La madre de los niños, quien vive en Nueva Jersey y apoya económicamente a sus hijos, no pudo presentar talonarios de sueldo, ya que trabaja sin la debida autorización. Su padre en Boston se ofreció como patrocinador, pero el proceso de prueba de ADN ha tardado semanas. “Mis hijos ya no pueden más”, expresa la madre. “Están deprimidos. Solo quieren regresar a la República Dominicana”.

Detención prolongada no es protección

La justificación del gobierno de Trump es que la rigurosidad previene el tráfico de menores y abusos. De hecho, existen casos documentados donde menores terminaron en situaciones laborales ilegales o maltrato bajo patrocinadores falsos.

Pero los defensores y expertos subrayan que casos extremos no deberían dictar políticas que afecten a todos los menores. Molly Chew, asesora legal de Vecina —una de las organizaciones que ayudaban en procesos de reunificación— declaró que muchos patrocinadores esperan más de un mes solo para hacerse la prueba de ADN, que debería tomar dos semanas en promedio.

“Estamos viendo una política de sospecha generalizada. En vez de buscar soluciones, se castiga a los menores por sistema,” aseguró Chew.

¿Refugios o centros de detención?

En teoría, los albergues federales para menores migrantes deben servir como lugares de protección. Sin embargo, los relatos de decenas de jóvenes indican que las condiciones generan ansiedad, depresión e incertidumbre. “¿Si me voy ahora, cuánto tardarán en enviarme de vuelta?”, preguntó la joven dominicana al juez. “Pronto”, respondió él. “No se siente bien estar tanto tiempo en ese refugio”.

La opinión no es aislada. Decenas de niños provenientes de Haití, Guatemala y México han compartido experiencias similares en audiencias a lo largo de Nueva York y Nueva Inglaterra. Algunos ya ni desean quedarse en EE.UU.

El legado de políticas restrictivas

La administración Trump podría estar estableciendo un estándar nuevo de rigurosidad migratoria si regresa al poder. Su argumento de “seguridad infantil” contrasta con testimonios de padres que lo único que desean es reunirse con sus hijos.

La ironía es dolorosa: entre más estrictas las reglas, más riesgos enfrentan los niños en estos centros. Incluso la administración Biden ha reconocido que hubo errores al liberar niños inexplicablemente a personas no adecuadas. Aun así, se lograron reunificaciones rápidas por miles.

Un problema estructural más allá de partidos

La disyuntiva apunta a un problema más profundo. Ni la estrategia Biden ni la de Trump ofrecen soluciones completas. El sistema migratorio estadounidense carece de una infraestructura adecuada para el volumen de menores no acompañados. Incluso organismos como DNA Diagnostics Center, que realiza las pruebas bajo contrato federal, ha fallado en responder por sus demoras.

Además, hacia 2023 más de 65,000 alertas sobre menores supuestamente en riesgo han sido registradas. Hoy, el Departamento de Justicia ha imputado a individuos por intentar aprovechar el sistema para fines ilícitos. Pero esos casos siguen siendo minoritarios frente a la mayoría que busca reunificación familiar legítima.

El verdadero rostro de la migración infantil

Más allá de cifras y políticas, están los rostros de los niños: asustados, confundidos, pero con la esperanza viva de una nueva vida junto a sus padres. No son cifras ni amenazas. Son seres humanos. Muchos solo quieren reencontrarse con mamá o papá.

El enfoque represivo y burocrático no les ofrece protección, sino trauma prolongado. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por una supuesta seguridad basada en sospechas?

Quizá la pregunta urgente no sea cuántos menores están cruzando la frontera, sino cuántos están perdiendo la infancia en un limbo impuesto por políticas sin compasión.