Polémica en Carolina del Sur: Aumentos Salariales Encubiertos para Legisladores

Un aumento silencioso pero significativo

En una maniobra legislativa poco transparente, la Asamblea General de Carolina del Sur aprobó esta semana final su presupuesto estatal de $14,500 millones para el año fiscal 2025-2026. Lo que más llamó la atención no fue el recorte de impuestos, ni la inversión en infraestructura o educación, sino un aumento poco debatido de $18,000 anuales en la compensación "distrital" para cada uno de los 170 legisladores estatales.

Este incremento, que eleva la compensación mensual de $1,000 a $2,500, se sumó discretamente durante la revisión del presupuesto en el Senado. En palabras del presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, el republicano Bruce Bannister:

“La anticipación es que usted gastará ese dinero en sus electores, haciendo el trabajo para el que lo eligieron”.

Pero la falta de debate público previo y la forma en que se introdujo el aumento generaron incomodidad incluso entre algunos legisladores. A pesar de eso, tanto la Cámara como el Senado lo aprobaron con facilidad.

El contexto de los salarios legislativos

Los legisladores estatales de Carolina del Sur reciben un salario base de $10,400 anuales, una cifra que no ha cambiado desde 1990. Además, reciben pagos por comidas, kilómetros recorridos para llegar a Columbia, alojamientos, y por supuesto, la ya mencionada “compensación distrital”. Antes del cambio, esta suma anual era de $12,000. Con el nuevo presupuesto, se eleva a $30,000.

Este tipo de pagos no requiere una votación directa como un aumento salarial formal, el cual, por ley, no puede implementarse hasta después de una elección. Al hacerse mediante el presupuesto, los legisladores comienzan a recibir el nuevo monto a partir del 1 de julio de 2025.

¿Representación o autorrecompensa?

Algunos legisladores se mostraron críticos, aunque no votaron en contra del paquete completo. El senador republicano Wes Climer, de Rock Hill, lo calificó como una “verruga” dentro de un plan de gasto por lo demás bien elaborado. Argumentó:

“Si va a haber un aumento salarial, la gente, a través de elecciones, debería determinar quién lo merece y quién no”.

El gobernador Henry McMaster tiene la capacidad de ejercer vetos parciales. Aunque expresó su intención de revisar el presupuesto con detalle, sugirió que probablemente no eliminaría estos fondos adicionales:

"Creo que se puede argumentar que los gastos han aumentado dramáticamente. El remedio sería proporcionar más dinero para cubrir esos costos, no es un favor".

¿Qué más incluye el presupuesto?

El plan fiscal aprobado no se limita solo a la compensación legislativa. Algunos puntos relevantes incluyen:

• $200 millones para reparación y mantenimiento de puentes estatales
• $35 millones para limpieza y recuperación por el huracán Helene de 2024
• Reducción del impuesto sobre la renta del 6.2% al 6%
• $50 millones para un nuevo programa de vales escolares para educación privada, sujeto a revisión judicial
• Aumentos salariales a maestros, aunque no se especificó el porcentaje exacto en el resumen inicial

Aunque estos temas generaron cierto debate, el aumento a los legisladores terminó siendo el punto más polémico del paquete presupuestario.

Antecedentes: ¿Es esta una práctica común?

Este tipo de aumentos encubiertos no son nuevos en Carolina del Sur. En 2014, se intentó un aumento de $1,000 mensuales en el presupuesto, pero fue vetado por la entonces gobernadora Nikki Haley. En esa ocasión, el Senado no logró los votos suficientes para cancelar el veto.

Dentro del contexto más amplio, muchos estados presentan mecanismos similares de compensación que no se contabilizan como salario oficial. Según el National Conference of State Legislatures (NCSL), la estructura salarial en muchas legislaturas estatales incluye estipendios variables, lo que provoca una falta de transparencia sobre los ingresos reales de los legisladores.

Por ejemplo:

• En Texas, los legisladores reciben solo $7,200 al año, pero dietas y compensaciones de viaje incrementan ese monto sustancialmente.
• En Nueva York, en cambio, los legisladores estatales ganan más de $110,000 al año, reflejando su rol de tiempo completo.

Carolina del Sur considera su legislatura como de tiempo parcial, ya que solo sesiona tres días por semana de enero a mayo.

El riesgo del descrédito político

Estas maniobras pueden alimentar la desconfianza pública. En un Estado donde miles de trabajadores no han visto un aumento salarial real en la última década, los ciudadanos podrían interpretar este cambio como autocomplacencia.

En lugar de someter esta decisión a un proceso legislativo transparente, se camufló en un documento de más de mil páginas, minando la ya frágil confianza entre representantes y ciudadanos.

Como se mencionó, el presupuesto fue aprobado sin que se forme una ley independiente ni requerimientos de audiencia pública. Este procedimiento parece haber evitado mayores protestas o manifestaciones.

¿Una oportunidad desperdiciada?

Muchos analistas creen que el aumento de los fondos para trabajo distrital no es, en sí, una mala idea si se aplica correctamente. En palabras de la organización no partidista Common Cause:

“Los legisladores necesitan recursos adecuados para atender a sus comunidades. Pero eso debe ir acompañado de responsabilidad y transparencia”.

Sin un requisito de rendición de cuentas sobre cómo se gasta el dinero distrital —por ejemplo, en gastos relacionados con eventos, asociaciones locales o servicios a ciudadanos—, se corre el riesgo de que se utilice como ingreso personal disfrazado.

La falta de límites claros o mecanismos de reporte pone en duda los beneficios reales de esta política a largo plazo.

Próximos pasos

La Asamblea no tiene previsto regresar hasta enero de 2026 a menos que el gobernador vete alguna partida en el presupuesto, lo que se considera improbable. Esto deja al Estado en una situación incómoda, ya que cualquier intento de corrección en el aumento —ya sea reduciendo o exigiendo controles— tendría que esperar al menos medio año.

En resumen, lo que debería ser una oportunidad para reforzar el compromiso público con la eficiencia legislativa, se ha convertido en fuente de frustración ciudadana. La compensación justa a legisladores es debatible, pero nunca debe aplicarse bajo una capa de opacidad.

Carolina del Sur —como tantos otros estados— debe decidir si su democracia local valora más la transparencia o la conveniencia política.