Protestas, deportaciones y protestas estudiantiles: ¿Represalias o justicia?

Una ola de represión en tiempos de protesta

En medio de un clima político abrasador, los derechos de los inmigrantes y la libertad de expresión han alcanzado un punto crítico. La detención de Mahmoud Khalil, estudiante palestino de la Universidad de Columbia, ha encendido una alarma nacional sobre el uso del sistema migratorio como herramienta de represalia política. Su arresto en marzo de 2024, dentro del lobby de su apartamento universitario en Nueva York, fue el primero de una serie de acciones dirigidas a estudiantes que protestaban contra la guerra en Gaza.

Mientras tanto, en San Francisco, defensores de los derechos de los inmigrantes se movilizaron frente a los tribunales para denunciar una táctica más inquietante aún: arrestos por parte de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU.) realizados en las inmediaciones de cortes de inmigración, un espacio que previamente era considerado neutral y seguro para los migrantes que esperaban resolver sus casos.

¿Criminalizar la disidencia universitaria?

Khalil, residente legal de EE. UU., fue trasladado a más de 3,000 km de Nueva York hasta Jena, Luisiana. Su familia, incluyendo a su esposa ciudadana estadounidense que dio a luz durante su detención, no pudo verlo. Sus abogados argumentan que su arresto responde directamente a su activismo propalestino en el campus, una acusación que suscitó una advertencia por parte del juez federal Michael Farbiarz.

Según la orden judicial emitida el 12 de junio, la orden de deportación emitida contra Khalil, fundamentada por el secretario de Estado Marco Rubio utilizando una estatua poco utilizada en cuanto a “consecuencias adversas para la política exterior”, es probablemente inconstitucional. Una declaración que, de confirmarse, podría sentar precedentes sobre hasta qué punto el gobierno puede usar poderes discrecionales en casos de deportación basados en activismo político.

Tácticas de ICE: “crear miedo y desalentar comparecencias”

El caso de Khalil no es aislado. De costa a costa, ICE ha intensificado sus operativos con una nueva táctica polémica: efectuar arrestos dentro o fuera de los tribunales de inmigración. El 11 de junio, al menos ocho personas fueron arrestadas en tribunales de San Francisco y del condado de Contra Costa, según Ali Saidi, director de Stand Together Contra Costa, una red de respuesta rápida y asistencia legal a migrantes.

“No parecían arrestos aleatorios, los oficiales llegaron con nombres específicos. Lo que indica una estrategia para enviar un mensaje: venir al tribunal puede costarte la libertad”, dijo Saidi.

La implicación es clara: sembrar el miedo entre migrantes para que no asistan a sus audiencias, lo cual automáticamente puede conducir a órdenes de deportación por ausencia. Los defensores legales están luchando contra este enfoque, argumentando que desmantela el derecho básico al debido proceso.

Datos alarmantes

• Según el TRAC de Syracuse University, los arrestos realizados por ICE en o alrededor de tribunales de inmigración crecieron un 122% entre 2020 y 2023.
• Un informe del American Immigration Lawyers Association citó que los arrestos en tribunales reducen la participación en los procesos legales en más del 40% en comunidades vulnerables.
• Human Rights Watch denunció en 2023 que estos métodos violan tratados internacionales como el ICCPR, el cual exige protección del derecho al acceso justo a mecanismos legales.

Dimensionando el uso político del sistema migratorio

Trump ha afirmado en múltiples ocasiones que su gobierno se enfocaría de manera agresiva en migrantes “ilegales”. Sin embargo, Khalil no es indocumentado. Es un residente permanente, casado con una ciudadana estadounidense, sin antecedentes criminales. Este detalle hace que su caso no encaje en el perfil promedio de deportación prioritaria.

La administración justifica su accionar mencionando omisiones en la solicitud de residencia de Khalil, pero según expertos legales, tales errores no suelen conducirse con detención inmediata y deportación sumaria, menos aún cuando la persona tiene familia y lazos significativos en EE. UU. El contexto de activismo político convierte estos movimientos en sospechosos de tener motivaciones represivas.

Voceros del miedo: política y narrativa pública

El senador Marco Rubio, uno de los artífices del argumento jurídico contra Khalil, ha defendido el uso de poderes ejecutivos para “preservar el orden diplomático” y evitar que “activistas importen conflictos internacionales a territorio estadounidense”.

Sin embargo, el juez Farbiarz dijo abiertamente que tales decretos abren la puerta a la “aplicación arbitraria de la ley”, y probablemente violan la Primera Enmienda de la Constitución. Esto puede avivar el debate sobre si el derecho a protestar en suelo estadounidense está siendo erosionado en nombre de la seguridad.

¿Un nuevo patrón sistémico?

ONGs como National Immigration Law Center, ACLU y RAICES están monitoreando esta tendencia con preocupación. Si bien las detenciones en sí pueden tener una fachada de legalidad, detrás se esconde un patrón más sombrío: disuadir a activistas, especialmente los que provienen de minorías étnicas o religiosas, de participar en la vida política del país.

Esto se sitúa dentro de una ola más amplia. Durante su primer mandato, la administración Trump implementó la Regla de Carga Pública, canceló el DACA temporalmente, e intensificó las redadas en comunidades latinas, políticas que fueron descritas por el Southern Poverty Law Center como “sistemáticamente diseñadas para marginar a los no blancos”.

La delgada línea entre ley y uso del poder

Khalil podría tener que esperar más semanas o incluso meses detenido mientras se resuelve su situación. El juez insinuó que una audiencia futura podría validar sus derechos constitucionales, pero no se comprometió a su liberación inmediata.

Este caso se convierte, inevitablemente, en una prueba crítica para el sistema judicial estadounidense: ¿Puede proteger a quienes ejercen derechos constitucionales cuando el poder ejecutivo busca castigar expresiones políticas inconvenientes?

Más allá del caso individual, lo que está en juego es mayor: el derecho a disentir sin miedo de deportación, especialmente cuando ese disenso ocurre en las prestigiosas aulas universitarias donde históricamente ha nacido gran parte del cambio social en EE. UU.

No perder la fe en la justicia

A pesar del clima hostil, activistas, abogados e incluso ciudadanos comunes continúan asistiendo a tribunales, organizando vigilias y ofreciendo recursos para quienes temas caer en las nuevas redes de detención.

“No debemos dejar que el miedo dicte nuestras decisiones”, dijo Luz Ramírez, abogada de inmigración en San José. “El sistema se sostiene mientras la gente cree en él y lo utiliza. Abandonarlo sería rendirse antes de tiempo.”

En este cruce entre derecho, política y protesta, la historia de Khalil podría convertirse en un símbolo: no solo de las tensiones actuales entre seguridad y libertad, sino de la resiliencia de quienes, desde la academia o la calle, se niegan a silenciar sus voces.