El debate sobre las armas en Georgia: entre la tradición, la ley y la masacre

Un fallo clave en medio de la violencia

En un momento en el que Estados Unidos sigue debatiendo el alcance del derecho a portar armas, el estado de Georgia se ha convertido una vez más en epicentro de la controversia. El pasado miércoles, la Corte Suprema estatal confirmó la legalidad de una norma que prohíbe a la mayoría de los menores de 21 años portar armas de fuego en público, incluso cuando otras leyes más permisivas permiten portar armas sin licencia desde 2022.

El caso fue presentado por Thomas Stephens, un joven de 20 años del condado de Lumpkin, quien alegó que se le violaron sus derechos constitucionales cuando se le negó una licencia de portación a los 18 años. Aunque el argumento giraba en torno a supuestos derechos constitucionales y a diferentes estándares jurídicos federales, el máximo tribunal georgiano se centró en la letra de su propia Constitución, marcando una clara línea entre las leyes estatales y las federales.

¿Qué dice la ley en Georgia?

En Georgia, las personas entre 18 y 20 años pueden poseer armas de mano en propiedades privadas, vehículos, negocios propios y realizar actividades como caza o tiro. No obstante, no pueden portar dichas armas en espacios públicos, salvo que tengan entrenamiento militar. Esta excepción fue uno de los puntos más criticados por el abogado de Stephens, John Monroe, quien sostuvo que el entrenamiento militar no necesariamente se enfoca en el manejo de armas de mano, haciendo arbitraria la norma.

Georgia es conocido por tener leyes muy permisivas en cuanto a la posesión de armas. En 2022, el gobernador republicano Brian Kemp firmó una ley que permite llevar armas de fuego sin necesidad de permiso estatal. Esta ley convirtió a Georgia en uno de los 25 estados con normativa de "portación constitucional". Sin embargo, el respaldo a estas políticas sufre una creciente resistencia a raíz de hechos trágicos y sangrientos, como el tiroteo ocurrido el pasado septiembre en la Apalachee High School.

La masacre en Apalachee y su impacto político

El 4 de septiembre de 2023, Georgia se estremeció con un tiroteo en una escuela secundaria ubicada al noreste de Atlanta. Un joven de 14 años fue detenido como el principal sospechoso de disparar y matar a dos profesores y dos estudiantes, mientras varios más resultaron heridos. Este evento generó un nuevo debate legislativo sobre las armas de fuego, sus restricciones y las posibles políticas de control.

Varios legisladores demócratas intentaron avanzar propuestas de seguridad, incluyendo mecanismos de verificación de antecedentes más estrictos y restricciones al acceso de armas automáticas y semiautomáticas. Sin embargo, ninguna de estas medidas logró pasar el filtro de las comisiones. Incluso, una propuesta que habría permitido demandar a gobiernos locales por intentar imponer regulaciones sobre armas, fue desechada en el último día de sesiones de la legislatura estatal.

La decisión de la Corte y sus implicaciones jurídicas

La Corte Suprema de Georgia argumentó que el texto constitucional del estado sí permite la regulación de cómo se portan las armas, a diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, donde no se especifica tal prerrogativa para los legisladores. El fallo, redactado por el juez Andrew Pinson, subraya la importancia de analizar el contexto histórico y legal en el que se redactaron las cláusulas constitucionales.

“Interpretar una disposición constitucional requiere una atención cuidadosa no solo al lenguaje de la cláusula en cuestión, sino también a su contexto legal e histórico más amplio”, escribió Pinson.

El fallo también rechazó el uso de los dos estándares más comunes en pleitos relacionados con la Segunda Enmienda: "escrutinio estricto" e "historia y tradición". Según el Tribunal, estos métodos no son sustitutos adecuados para comprender el significado original del texto constitucional del estado.

Perspectiva histórica: el derecho a portar armas en Estados Unidos

El derecho a poseer y portar armas está protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución de los EE. UU., adoptada en 1791. Dicho artículo dice: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a tener y portar armas”.

Durante más de dos siglos, la interpretación de esta frase ha sido centro de arduas disputas políticas y legales. En 2008, el caso District of Columbia v. Heller fue un hito cuando la Corte Suprema de los EE. UU. estableció que la Enmienda protege el derecho individual a poseer armas no necesariamente ligado al servicio militar.

Sin embargo, el fallo también aclaró que este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a regulaciones razonables. En el caso de Georgia, el fallo reciente retoma esta postura al permitir limitaciones específicas según la edad y experiencia militar.

Lo que se viene: incertidumbre y activismo

John Monroe, abogado defensor de Thomas Stephens, reconoció que el fallo era predecible debido al precedente legal acumulado durante más de un siglo. “Estamos decepcionados con la decisión, pero así son las cosas”, afirmó. Sin embargo, no descartó apelar a instancias federales o explorar alternativas legislativas.

En paralelo, grupos defensores del control de armas como Everytown for Gun Safety y Moms Demand Action han intensificado su campaña en Georgia, argumentando que la proliferación de armas hace a las comunidades más vulnerables y aumenta el acceso de jóvenes a armas letales sin responsabilidad ni entrenamiento.

Por otro lado, organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y legisladores conservadores ven en casos como el de Stephens una oportunidad para fortalecer aún más los derechos individuales a portar armas, tomando como inspiración la filosofía del “constitutionally carry” o portación sin restricciones.

¿Un camino a la regulación o a la libertad total?

Georgia se encuentra en una encrucijada que representa el dilema nacional: mientras hechos de violencia demuestran los riesgos palpables de las armas en manos de jóvenes, especialmente sin regulación, una parte significativa de la población confía en las armas como símbolo de libertad individual y autonomía.

Según datos del Pew Research Center, el 45% de los estadounidenses vive en un hogar con al menos un arma de fuego. Más del 30% posee un arma personalmente. Además, el apoyo a la portación sin permiso ha crecido entre votantes republicanos, mientras que una mayoría demócrata aboga por controles estrictos.

Lo cierto es que Georgia —al igual que muchos estados del sur— refleja la tensión entre modernidad legislativa y tradición constitucional. La tragedia en Apalachee High School podría ser un punto de inflexión político, pero aún son muchas las barreras legales y culturales a superar. Mientras tanto, los menores de 21 seguirán sin poder portar armas en público, al menos por ahora.