El poder sin límites: los indultos de Trump y su desgaste institucional

La clemencia como arma política

Donald Trump no ha ocultado su fascinación por el ejercicio del poder presidencial, especialmente cuando este le permite proteger aliados, recompensar lealtades y castigar enemigos. Y entre sus herramientas favoritas se encuentra el indulto presidencial. En lo que va de sus mandatos, Trump ha otorgado perdones y conmutaciones polémicas, muchas de ellas a personajes públicos vinculados a escándalos de corrupción, fraude y abuso de poder.

Lejos de ser un ejercicio de justicia reparadora, sus decisiones reflejan una visión del poder personalista, que desafía el equilibrio institucional que define a la democracia estadounidense. Lo preocupante es que, en este uso extremo de la clemencia presidencial, Trump no solo ha debilitado la confianza pública en la justicia, sino que también ha profundizado la percepción de un sistema dual en el que solo los cercanos al poder se benefician.

¿Quiénes han sido beneficiados?

Entre los casos más resonantes de la última ronda de perdones otorgados por Trump se encuentran:

• John Rowland, exgobernador de Connecticut, quien cumplió dos condenas por corrupción.
• Michael Grimm, excongresista republicano por Nueva York, condenado por fraude fiscal.
• Todd y Julie Chrisley, estrellas del reality "Chrisley Knows Best", condenados por fraude bancario y evasión de impuestos por más de $30 millones.
• NBA YoungBoy, rapero con múltiples cargos por posesión de armas.

Estos casos reflejan una constante: el perdón no se otorga a los más necesitados, sino a los más influyentes.

Casos especialmente controvertidos

Uno de los nombres más emblemáticos es el de Larry Hoover, exlíder de los Gangster Disciples, una de las pandillas más peligrosas de Chicago. Pese a su historial violento y haber liderado una organización criminal desde prisión, Trump conmutó su sentencia federal. Aunque Hoover aún debe cumplir una condena estatal en Illinois, el gesto ha generado indignación.

Según Ron Safer, ex fiscal federal encargado de su caso, "hay crímenes tan atroces y extraordinarios que no merecen misericordia". Hoover fue condenado por asesinato en 1973 y continuó dirigiendo operaciones criminales tras las rejas, involucrándose en tráfico de drogas en múltiples estados. Fue descrito como el "jefe indiscutible de la organización".

La ruptura con el proceso tradicional de indultos

Históricamente, el proceso de indultos en Estados Unidos se ha canalizado a través del Departamento de Justicia, mediante la Oficina del Abogado de Indultos (Office of the Pardon Attorney). Su función ha sido evaluar miles de solicitudes de clemencia con base en criterios claros: remordimiento, rehabilitación y proporcionalidad de la condena.

Durante la administración Trump, esta oficina fue prácticamente desmantelada. La abogada Liz Oyer fue despedida de su puesto por negarse a recomendar la restitución del derecho a portar armas a Mel Gibson, actor y abierto simpatizante del expresidente. En su lugar, se nombró a Ed Martin, conocido por su fidelidad a Trump.

Como resultado, el proceso se tornó opaco, personalizado y centrado en intereses políticos y mediáticos. Celebridades, políticos corruptos y figuras televisivas fueron los grandes beneficiados, mientras que miles de presos anónimos, muchos condenados de forma desproporcionada, siguen en espera.

Comparaciones históricas

Trump no es el primer presidente en otorgar perdones controvertidos. Gerald Ford indultó a Richard Nixon en 1974, Bill Clinton a Marc Rich, un fugitivo financiero, en 2001, y Joe Biden a su hijo Hunter en medio de una tormenta política. Sin embargo, lo distintivo de Trump es la frecuencia, naturaleza y falta de criterios éticos en sus indultos.

Como señala Julian Zelizer, historiador de Princeton: "Trump no usa el perdón por compasión o justicia, sino como recompensa y castigo político. Sus indultos no son acciones aisladas, sino parte integral de su política de poder".

El indulto como mensaje para aliados y enemigos

Los indultos también envían un mensaje directo: quienes estén con Trump, tendrán protección—y quienes lo desafíen, sufrirán consecuencias. Esto ha contribuido a la descomposición de los mecanismos tradicionales de control de poder. En algunas ocasiones, incluso se ha sugerido realizar autoindultos preventivos para cubrirse ante cargos futuros.

Este uso estratégico de la clemencia puede ser percibido como una forma de impunidad institucional. En 2021, al regresar a la presidencia, Trump perdonó o conmutó a más de 1.500 personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Una medida que, lejos de promover la unidad, reforzó la polarización y debilitó la rendición de cuentas.

La decadencia de la sección de integridad pública

El Departamento de Justicia contaba con una poderosa división: la Public Integrity Section, nacida después del escándalo Watergate para investigar abusos de funcionarios. Durante el mandato de Trump, esta unidad fue reducida a un puñado de fiscales. Muchos de ellos renunciaron tras la presión política para abandonar investigaciones relevantes, como la de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Esta erosión institucional dejó el terreno preparado para una politización sin precedentes del sistema judicial.

Indultos simbólicos: de Ye a la cultura pop

Parte del atractivo de Trump hacia ciertos casos está también vinculado con el impacto mediático. Durante su presidencia, Kanye West (entonces conocido como Ye) le pidió, cara a cara en la Oficina Oval, que considerara la liberación de Larry Hoover. En 2021, el propio Ye y Drake encabezaron un concierto en Los Ángeles con el lema "Free Larry Hoover".

La capacidad de Trump para conectar con figuras del entretenimiento le permitió usar estos casos como anclajes culturales, transformando decisiones presidenciales legales en espectáculo público—algo nunca antes visto a tal escala.

Consecuencias para la justicia

El sistema de perdones debería ser una válvula de escape humanitaria para corregir errores o excesos judiciales. Sin embargo, bajo Trump se ha transformado en una figura de poder omnímodo, sin transparencia ni justicia.

Como declaró Douglas Brinkley, historiador de la Universidad de Rice: "Trump actúa como si el poder fluyera desde él, no desde las instituciones. Sus acciones dan a entender que está por encima del orden constitucional".

Además, la continua invalidación de decisiones judiciales por medio de clemencias ha generado incertidumbre en la actuación de jueces y fiscales. Muchos temen que sus esfuerzos sean anulados por motivaciones políticas. Esto mina el balance de poderes, elemento vital para la democracia.

¿Reforma al poder de perdón?

El debate sobre limitar el poder del presidente para otorgar indultos toma fuerza. Académicos, juristas y asociaciones civiles han propuesto crear una comisión independiente y obligatoria para supervisar el proceso y sugerir recomendaciones al presidente. Hoy, esa comisión es opcional y no vinculante.

También se plantea establecer límites al número de indultos por mandato, así como excluir ciertos crímenes considerados de alta gravedad, como crímenes de lesa humanidad o atentados contra el orden constitucional.

Aunque esta idea enfrenta resistencias por parte de quienes ven el perdón como una prerrogativa ejecutiva esencial, los excesos recientes muestran que sin regulación, esta facultad puede ser usada como arma política y no como herramienta de justicia.