El poder tarifario de Trump: entre legalidad, emergencia y caos económico

El regreso de Trump y su cruzada arancelaria

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el expresidente Donald Trump ha intentado reconfigurar radicalmente la política comercial de Estados Unidos. Su estrategia: levantar un muro tarifario alrededor de la economía nacional. Con esta visión proteccionista, busca, según él, proteger a la industria norteamericana, generar empleos y recaudar más para el gobierno federal. Sin embargo, lo que aparentemente era un plan meditado ha derivado en incertidumbre comercial, preocupación de los consumidores y caos entre los sectores productivos.

Una política errática que sacude la economía

El patrón de acción ha sido inconsistente. Se anuncian tarifas, luego se suspenden, para más tarde anunciar otras nuevas. Esta inestabilidad ha provocado que muchas empresas no sepan cómo operar frente a nuevos costos e incertidumbres fiscales. Incluso analistas financieros y economistas temen que el encarecimiento de productos genere inflación y frene el crecimiento económico del país.

"La política comercial debe ser predecible para fomentar la inversión. El enfoque que hemos observado es, en cambio, caótico y arbitrario", señaló el economista Paul Krugman en una entrevista con The New York Times.

¿Puede Trump imponer tarifas sin aprobación del Congreso?

La Constitución de EE. UU. asigna al Congreso el poder de establecer impuestos, incluidos los aranceles. Sin embargo, durante décadas, ese ente legislativo ha delegado parte de esa autoridad al Ejecutivo mediante leyes como:

• Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (1962): permite aranceles si las importaciones amenazan la seguridad nacional.
• Sección 301 de la Ley de Comercio (1974): permite tarifas contra prácticas comerciales desleales tras una investigación.
• Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, 1977): permite medidas económicas ante emergencias nacionales.

Trump usó estas herramientas para imponer tarifas sobre acero, aluminio, automóviles e incluso contra China en su guerra tecnológica. Pero tras su reciente regreso, su necesidad de actuar sin demoras lo llevó a invocar la IEEPA para justificar una batería de tarifas por motivos tan diversos como la inmigración ilegal o los déficits comerciales.

Los tribunales detienen sus aranceles globales

En febrero, Trump declaró emergencia nacional por el flujo ilegal de drogas e inmigrantes, y con ese argumento impuso tarifas sobre China, México y Canadá. En marzo, alegó que el déficit comercial general constituía otra emergencia. Resultado: tarifas para prácticamente todo el mundo.

Pero en una decisión histórica de abril, el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. lo frenó. Un panel de tres jueces dictaminó que su uso de la IEEPA fue inconstitucional por exceder los límites legales y porque las tarifas no abordaban directamente la supuesta emergencia. A pesar de que el gobierno apeló, el fallo puso en jaque su capacidad inmediata de instaurar nuevos aranceles sin pasar por el Congreso.

El Congreso quiere recuperar poder

El creciente uso presidencial de estas facultades ha motivado iniciativas en el Senado. Chuck Grassley (Republicano) y Maria Cantwell (Demócrata) presentaron una propuesta de ley que obligaría a todo presidente a justificar nuevas tarifas ante el Congreso, el cual tendría 60 días para avalarlas.

Aun así, sus perspectivas son mínimas: muchos republicanos aún respaldan a Trump, y el presidente puede vetar leyes contrarias a sus intereses.

Opciones legales restantes: lentas e ineficientes

Derrotado temporalmente en tribunales, Trump aún puede recurrir a otras normativas arancelarias. Algunas opciones disponibles son:

• Sección 301 (requiere investigación formal contra prácticas desleales).
• Sección 201: necesita prueba de daño a una industria específica.
• Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930: permite hasta 50% de aranceles contra países que discriminen productos de EE. UU., sin requerir investigación previa.
• Sección 122 del Acta de Comercio de 1974: permite tarifas de hasta el 15%, pero por solo 150 días.

La vía legal existe, pero toma tiempo. Requiere análisis, audiencias, recomendaciones. No es tan inmediata como Trump desea.

Una estrategia contradictoria

Mientras Trump insiste en que los aranceles traerán fábricas y empleos de regreso, los datos cuentan otra historia. Un estudio de la Peterson Institute for International Economics calculó que los aranceles de la era Trump destruyeron 300,000 empleos en manufacturas netos en su mandato.

Además, las tarifas han recaudado miles de millones, pero pagadas por empresas y consumidores estadounidenses. De hecho, el Departamento del Tesoro informó una recaudación de 22 mil millones de dólares solo en mayo de 2025, muy por encima de los 6 mil millones de febrero antes del último aumento tarifario.

Economistas como Joseph Stiglitz alertan que "los aranceles castigan a los ciudadanos norteamericanos con precios más altos, no a las potencias extranjeras".

¿Y a dónde va ese dinero?

Si los tribunales anulan las tarifas, el dinero se devolverá a las compañías que lo pagaron. De lo contrario, esos fondos van al Tesoro para cubrir gastos del gobierno, como lo haría el impuesto sobre la renta.

Hasta ahora, se estima que las tarifas impugnadas por los tribunales han aportado entre 40 y 60 mil millones de dólares, según un análisis de Nomura Securities.

El conflicto con PBS y el papel de los medios públicos

De forma paralela, Trump ha iniciado una ofensiva contra los medios públicos, como PBS y NPR, acusándolos de tener sesgo liberal. Mediante una orden ejecutiva, ordenó el cese de toda financiación federal a estas entidades, lo que ha derivado en demandas legales.

PBS, respaldada por una estación de Minnesota, denunció que este acto representa una "amenaza existencial" que viola la Primera Enmienda, al intentar coartar la independencia editorial por diferencias ideológicas. La orden afectó directamente un subsidio de 78 millones de dólares destinado a programas educativos como Sesame Street y Clifford.

La visión desde el Congreso y los medios

Los democráticos acusan a Trump de cercenar la libertad de prensa por medios indirectos: retirar fondos como castigo por cobertura crítica. Mientras tanto, varias estaciones aseguran que esta decisión podría dejarlas fuera del aire, perjudicando especialmente comunidades rurales sin fuentes alternativas de información local.

El abogado de PBS, Z.W. Julius Chen, destacó en la demanda que "nuestro marco legal prohíbe que el Presidente actúe como árbitro del contenido de programación que los estadounidenses reciben".

Impactos colaterales: desde los medios hasta la verdulería

Y mientras Trump busca reordenar la economía global mediante aranceles, otras crisis emergen silenciosas. Una de ellas: un brote de salmonela ligado al consumo de pepinos contaminados, que afecta a 18 estados y ha llevado a hospitalizar a al menos 16 personas. Parte de los productos contaminados también fueron distribuidos en cruceros turísticos.

El brote se suma a uno anterior de 2024 que dejó 551 enfermos en 34 estados. Ambas crisis comparten un eje común: la necesidad de una regulación y fiscalización efectiva de importaciones, no solo aranceles arbitrarios.

Mientras el gobierno enfoca recursos legales y políticos en defender tarifas cuestionadas, problemas sanitarios como la salmonela evidencian brechas críticas en la cadena agrícola y de distribución.

La institucionalidad en juego

Más allá de los efectos económicos, legales o mediáticos, lo que sucede con las tarifas y PBS es un síntoma de algo más profundo: una lucha por el poder institucional y la separación de poderes. Trump ha empujado los límites legislativos y constitucionales en nombre de la urgencia nacional, pero sin consensos ni procesos formales.

La historia de los aranceles, las demandas de los medios y los brotes sanitarios no son independientes. Son piezas de un país que debate si su liderazgo puede actuar como caudillo económico sin rendir cuentas a leyes, instituciones o ciudadanos.

Artículo de Opinión