Kristi Noem, Trump y la amenaza que nunca fue: una historia de deportación, poder y manipulación

Un caso que comenzó como una amenaza y terminó como escándalo

El 21 de mayo de 2025, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hizo un anuncio explosivo al afirmar que un inmigrante indocumentado había amenazado con asesinar al expresidente Donald Trump, provocando una oleada de reacciones en medios de comunicación, redes sociales y figuras del Partido Republicano.

Sin embargo, en los días siguientes, ese relato se vino abajo. El supuesto agresor, Ramón Morales Reyes, un trabajador inmigrante originario de México, resultó ser muy probablemente víctima de una trampa diseñada para asegurar su deportación antes de que pudiera testificar como víctima en otro caso penal.

¿Qué se dijo originalmente?

Noem, en una publicación acompañada por la Casa Blanca y compartida ampliamente por aliados de Trump, presentó una carta con tinta azul clara. En ella, se expresaba odio hacia el entonces presidente por sus políticas de inmigración y se amenazaba con dispararle en la cabeza con un rifle durante un mitin. Según la narrativa oficial, Morales Reyes escribió dicha carta y luego afirmó que regresaría a México tras cometer el atentado.

La historia tenía todos los ingredientes para alimentar una agenda política centrada en la criminalización de la inmigración y el endurecimiento de las políticas fronterizas. Pero muy pronto las inconsistencias aparecieron.

Investigación: La verdad detrás de la carta

Según fuentes cercanas a la investigación, el FBI y agentes del Departamento de Seguridad Nacional solicitaron una muestra de escritura de Morales Reyes. ¿El resultado? Su caligrafía no coincidía con la de la carta amenazante. Además, sus antecedentes revelaron que ni siquiera había recibido educación formal, no sabe escribir en español y tampoco habla inglés.

Kime Abduli, la abogada de Morales Reyes, fue tajante: “No hay forma humana en que pueda haber escrito esa carta.”

Lejos de cerrar el caso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantuvo su posición oficial: la investigación seguía en curso, Morales Reyes estaba en el país de forma ilegal y tenía antecedentes penales. Pero cuando se pidieron pruebas de los supuestos delitos, sus abogados declararon no tener conocimiento de ninguna condena.

¿Víctima o criminal? Una deportación oportunamente conveniente

El verdadero escándalo surgió cuando se reveló que Morales Reyes es víctima en un caso de agresión que pronto será llevado a juicio en Wisconsin. Su deportación hubiera impedido su testimonio, afectando seriamente el caso y protegiendo al agresor.

Incluso el Departamento de Policía de Milwaukee anunció una investigación por suplantación de identidad e intimidación de testigos. El hecho de que nadie haya sido acusado penalmente hasta el momento fortalece la hipótesis de una manipulación para promover su expulsión del país.

La figura del inmigrante como chivo expiatorio político

Este caso no es aislado. A lo largo de la última década, figuras políticas han explotado la retórica antiinmigrante como herramienta de movilización electoral. Desde el inicio de su presidencia, Trump insistió en que los inmigrantes ilegales eran una fuente de criminalidad, drogas y amenazas terroristas.

La narrativa fabricada en torno a Morales Reyes encaja perfectamente con esta agenda. Su supuesta amenaza permitió revivir estos temores, e incluso legitimó simbólicamente el endurecimiento de las políticas migratorias.

Lo inquietante es que ahora se está utilizando el aparato de seguridad del Estado para promover intereses partidistas. Publicar la foto de un inmigrante –aún inocente– como si fuera culpable es, cuando menos, una negligencia institucional.

Las consecuencias humanas del espectáculo político

Mientras se desarrollaban estos hechos, Morales Reyes permanecía detenido en una cárcel del condado de Juneau, Wisconsin. Allí, esperaba su audiencia migratoria en Chicago con la esperanza de recibir fianza. Vive en Milwaukee, trabaja como lavaplatos y tiene esposa e hijos nacidos en EE.UU.

Abduli presentó ante el gobierno una solicitud de visa tipo U, destinada a víctimas de crímenes graves que colaboren con la justicia estadounidense. Morales Reyes califica como beneficiario. De lograrla, su situación migratoria se podría regularizar.

La organización de derechos migratorios Voces de la Frontera se ha movilizado para exigir su liberación, argumentando que el uso político de su caso representa una injusticia flagrante y una amenaza al debido proceso.

Una amenaza que reflejó más a su denunciante que a su supuesto autor

Noem no solo difundió públicamente el contenido de la carta sin examinar exhaustivamente su veracidad, sino que lo hizo acompañada de una fotografía del acusado. Estas acciones, aun si se probaran en algún momento como producto de error y no de dolo, se alejan de los estándares institucionales.

Al respecto, la Organización Nacional de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) declaró: “El uso político de casos judiciales para generar temor en la comunidad migrante erosiona la confianza en las instituciones.”

Las afirmaciones sin fundamento de Noem amenazan, además, con perjudicar a miles de personas que se acogen al sistema legal migratorio en busca de protección, como lo hace Morales Reyes.

Reacción pública y desinformación: redes sociales y política

La carta difundida por Noem también fue compartida por la cuenta oficial de la Casa Blanca bajo la actual presidencia de Trump. Este uso coordinado de redes sociales y medios gubernamentales demuestra un interés más allá de la protección nacional. Se trató de una acción de alto valor propagandístico con dudosa legalidad.

Al mismo tiempo, la desinformación generada reforzó prejuicios sobre los inmigrantes, en un contexto preelectoral donde la narrativa del “peligro” externo moviliza emociones y votos. Este tipo de manejo político puede tener repercusiones devastadoras para minorías ya vulnerables.

Lo que está en juego: confianza, justicia e integridad institucional

Detrás del caso Morales Reyes no está solo la historia de un hombre acusado falsamente, sino un modelo sistémico de criminalización selectiva, donde el aparato del Estado –o parte de él– puede usarse como herramienta política en lugar de instrumento de justicia.

Este caso plantea serias preguntas:

• ¿Qué protocolos emplea el DHS para verificar amenazas creíbles antes de hacerlas públicas?
• ¿Qué responsabilidad tienen funcionarios cuando difunden información falsa con consecuencias personales devastadoras?
• ¿Hasta qué punto puede una narrativa fabricada alterar procesos judiciales legítimos en solo unos días?

Frente a estas preguntas, ni la Casa Blanca ni Noem han ofrecido correcciones o disculpas. Mientras tanto, Morales Reyes sigue detenido, su familia espera, y cientos de inmigrantes observan atónitos cómo una política centrada en la sospecha amenaza con devorar vidas enteras.

Epílogo: cuando el poder silencia a las víctimas

La historia de Ramón Morales Reyes es solo una entre muchas. Pero es especialmente grave porque desnuda cómo incluso una amenaza presidencial puede ser utilizada como excusa para suprimir a un testigo vital, haciendo del aparato estatal un arma de retribución política.

En un país donde se presume la inocencia hasta que se demuestra lo contrario, acusar sin pruebas, difamar públicamente y tratar de silenciar a una víctima para facilitar su deportación es, sin duda, una amenaza mucho más real para la democracia que cualquier carta mal escrita.