Esclavitud moderna en Ecuador: El caso Furukawa y una disculpa que llega tarde

Un acto de disculpa con décadas de retraso

En un hecho sin precedentes, el gobierno de Ecuador ofreció una disculpa pública a más de 300 trabajadores de una plantación de abacá que durante más de cinco décadas sufrieron condiciones equiparables a la esclavitud moderna. La ceremonia, realizada en las inmediaciones del Palacio Presidencial en Quito, reunió a miembros del gabinete y a víctimas del caso, quienes fueron reconocidos por el Estado como sobrevivientes de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.

¿Qué es el abacá y por qué es importante?

El abacá, también conocido como cáñamo de Manila, es una planta tropical relacionada con el plátano. Aunque sus frutos no son comestibles, sus fibras son altamente valoradas por su resistencia, especialmente en la elaboración de papeles especiales, cuerdas marinas y redes de pesca. Globalmente, países como Filipinas, Ecuador y Costa Rica lideran la producción de esta fibra.

Ecuador es uno de los mayores exportadores, aprovechando su clima húmedo como entorno ideal para su cultivo. Sin embargo, detrás del éxito económico se escondía una realidad oscura y sistémica de explotación laboral.

La sentencia histórica de la Corte Constitucional

Fue en 2023 cuando la Corte Constitucional de Ecuador emitió una sentencia que marcaría un hito en la jurisprudencia de derechos humanos en el país. Tras analizar evidencia y testimonios, determinó que desde 1963 hasta 2019, trabajadores de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. operaron bajo condiciones de “esclavitud moderna”.

La sentencia detalló cómo los empleados vivían en campamentos sin agua potable, electricidad, instalaciones sanitarias adecuadas, ni acceso a salud o educación. También resaltó la práctica estructural de utilizar a menores en tareas agrícolas, lo que vulnera varias normas internacionales, incluido el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.

“Si esto hubiera ocurrido en otro país, los responsables estarían tras las rejas hace años,” afirmó José Cedeño, abogado defensor de los trabajadores.

El papel de Furukawa y la impunidad empresarial

Furukawa, establecida en Ecuador desde la década de los 50, ha sido propiedad de capital japonés, y hasta el día de hoy, no ha cumplido íntegramente con las medidas de reparación dictaminadas por la justicia. A pesar del cambio de propietarios en 2014, la empresa ha mantenido una actitud ambigua, asegurando haber mejorado las condiciones laborales, pero al mismo tiempo solicitando al Estado que se levante la prohibición de venta de sus propiedades.

Los abogados de las víctimas han señalado que sin esta acción, Furukawa podrá evadir su responsabilidad indemnizatoria. Así mismo, demandan que se forme un fondo estatal alimentado por multas a la empresa para cubrir las reparaciones mientras se resuelve la enajenación de bienes corporativos.

El compromiso del Estado: ¿genuino o simbólico?

Durante el acto de disculpa, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, declaró que el gobierno se compromete a “construir un Estado que garantice los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras”. Para muchos, estas palabras reflejan una intención positiva, aunque tardía, y que ahora debe traducirse en políticas públicas y reformas legales concretas.

Entre las reparaciones ordenadas por la Corte se encuentran:

• Indemnización económica individual a los trabajadores afectados
• Reconocimiento público por parte del Estado y la empresa
• Garantías de no repetición mediante inspecciones laborales periódicas
• Implementación de programas de reeducación y reinserción laboral

¿Qué implica la esclavitud moderna?

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 50 millones de personas vivían bajo esclavitud moderna en 2021. Este concepto incluye trabajo forzado, explotación laboral, servidumbre por deudas y trata de personas.

Estos casos suelen darse en industrias donde las legislaciones nacionales permiten lagunas legales o donde la fiscalización estatal es deficiente. El agro ecuatoriano, particularmente en provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas, es un ejemplo claro de este fenómeno.

La percepción de las víctimas

Para Víctor Anchundia, extrabajador de Furukawa, las disculpas públicas “no devuelven años de sufrimiento”, pero representa una victoria moral. “Ahora el mundo sabe lo que vivimos”, dijo al finalizar la ceremonia con lágrimas en los ojos.

Muchos víctimas aún viven bajo pobreza extrema, sin acceso a pensiones ni atención médica pese a haber dedicado sus vidas al trabajo agrícola. Además, varios de los afectados pertenecen a grupos afrodescendientes, lo que ha agregado una dimensión racial al caso y ha sido tema de discusión en organismos internacionales.

Presión internacional y lucha por justicia

Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras ONG han seguido este caso atentamente. En un informe publicado en 2022, Human Rights Watch afirmó que “los trabajadores del abacá en Ecuador han sido olvidados por décadas, y es responsabilidad del Estado garantizar que reciban justicia rápidamente”.

El caso ya figura como uno de los más contundentes de violaciones a los derechos laborales en América Latina en el siglo XXI, y podría sentar precedente para causas similares en otros sectores, como el bananero o florícola.

Un ejemplo de resiliencia y organización

Un elemento clave en este proceso ha sido la organización de los propios trabajadores. En 2019, fundaron el Comité de Trabajadores de Furukawa Nunca Más, con el objetivo de visibilizar su situación. Junto a organizaciones de derechos humanos y abogados voluntarios, lograron consolidar un expediente sólido que interpuso presión incluso a nivel internacional.

Además, este movimiento ha servido de inspiración para otras luchas laborales en Ecuador, donde el acceso a la sindicalización y a exigencias salariales dignas sigue siendo limitado.

¿Y ahora qué?

La disculpa pública es un paso significativo, pero la lucha aún no termina. Los trabajadores exigen que se apliquen las medidas ordenadas con celeridad y transparencia. Para esto, organizaciones como CDES y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) están llevando seguimiento contínuo de las acciones del Estado y la empresa.

¿Podrá el Estado ecuatoriano construir un verdadero sistema de justicia laboral? ¿O esta disculpa será solo una gota en el mar de la impunidad empresarial?

Sea como sea, el caso Furukawa ha abierto un debate profundo en el país sobre las condiciones laborales en el agro y el rol del Estado en garantizar el bienestar de sus ciudadanos.