México ante una encrucijada judicial: ¿democratización, manipulación o caos electoral?

Un cambio sin precedentes en el poder judicial mexicano

El pasado 1 de junio de 2025, México vivió un evento sin precedentes en su historia política y democrática: la primera elección para miembros del poder judicial. Más de 7,700 candidatos compitieron por 2,600 cargos judiciales en todo el país, desde jueces locales hasta magistrados. Esto marca una radical transformación del sistema judicial, promovido por el partido oficialista Morena, que plantea reemplazar el modelo tradicional de designación por méritos con un nuevo paradigma basado en el voto popular.

La presidenta Claudia Sheinbaum —recientemente electa como la primera mujer en ocupar el máximo cargo del país— y su partido han sostenido que esta reforma busca limpiar el sistema judicial de corrupción. Pero el escepticismo se ha apoderado de amplios sectores sociales, especialistas y población general, que temen una politización aún mayor del aparato de justicia.

¿Justicia al alcance del pueblo o instrumentalización del poder?

Para muchos ciudadanos, la idea de elegir jueces puede parecer democrática. Sin embargo, Laurence Patin, directora de la organización Juicio Justo, advierte que esta medida tiene implicaciones preocupantes: "Es un esfuerzo para controlar el sistema judicial, que ha sido una espina en el costado del poder político".

Tradicionalmente, el poder judicial en México ha sido designado mediante un sistema basado en trayectoria profesional, méritos y exámenes profesionales. En cambio, este nuevo modelo electoral plantea que ciudadanos sin formación especializada decidan, prácticamente a ciegas, sobre perfiles técnicos y jurídico-políticos sumamente complejos sin acceso adecuado a la información necesaria para emitir un voto informado.

Información escasa y campañas inexistentes

Una de las principales críticas al proceso ha sido su improvisación. A solo días de las elecciones, la mayoría de los votantes desconocían los nombres de los aspirantes, sus trayectorias o incluso las funciones de los cargos en disputa. En algunos distritos, más de cien candidatos aparecían en una única boleta, sin logotipos partidistas ni plataformas claras.

Esto ha generado confusión en la población, como demuestra el testimonio de Miguel García, un ciudadano de 78 años, quien viajó desde su barrio hasta las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia en la CDMX para anotar manualmente los nombres de los aspirantes publicados en carteles. "No hay información para nosotros, en la colonia donde vivo no nos dicen nada", afirmó a medios locales.

Los candidatos: corrupción, nexos narco y escándalos religiosos

Organizaciones civiles como Defensorxs han denunciado la postulación de numerosos perfiles cuestionables, entre ellos:

• Abogados que han defendido públicamente a capos de cárteles como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y los Zetas.
• Exfuncionarios que renunciaron tras escándalos de sobornos y peculados.
• Exconvictos por tráfico de drogas condenados en EE.UU. que ahora buscan convertirse en jueces federales.
• Candidatos vinculados con organizaciones religiosas cuyos líderes enfrentan acusaciones severas, como abuso sexual infantil.

¿Qué garantía de justicia real puede ofrecer un sistema cuya puerta de entrada está abierta no solo a inexpertos, sino también a actores potencialmente corruptos o comprometidos con intereses contrarios a la legalidad?

Silencio de partidos pero manipulación encubierta

Por ley, los partidos políticos no pueden postular abiertamente aspirantes, lo que supuestamente reforzaría la imparcialidad del proceso. Sin embargo, han surgido evidencias de que distintas formaciones han circulado "guías del votante" conteniendo listas "sugeridas" de candidatos, distribuidas en mercados, plazas públicas y oficinas gubernamentales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha abierto investigaciones al respecto, pero los expertos como Patin señalan que esto representa una forma de clientelismo judicial encubierto. "Es ingenuo pensar que los partidos se quedarían con los brazos cruzados —dice—. Apenas tuvieron la oportunidad, intervinieron por la puerta trasera."

¿Más democracia o menos independencia?

El argumento oficial es que esta medida democratiza al poder judicial. Pero, ¿es una democracia genuina someter a votación técnica a jueces entre miles de nombres desconocidos para la mayoría? ¿O es una táctica para quebrar la independencia judicial y apropiarse del último contrapeso institucional frente al poder presidencial?

Según datos de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 de 180 países en percepción de corrupción (2023). Y el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project lo sitúa en el lugar 115 de 142 en cuanto a cumplimiento legal. Existen causas urgentes por corregir, sin duda. Pero los críticos sostienen que no se puede combatir la corrupción con opacidad y politización.

El impacto internacional y el equilibrio democrático

Esta reforma ha llamado la atención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha expresado escepticismo sobre su implementación sin garantizar transparencia ni participación equitativa. También ha llamado la atención de actores diplomáticos como EE.UU. y la Unión Europea, interesados en la solidez institucional de uno de sus principales socios regionales.

Además, el debilitamiento del Poder Judicial puede reducir drásticamente la capacidad del país para procesar de manera independiente casos de violaciones a derechos humanos, crimen organizado, corrupción pública y delitos ambientales. El sistema corre el riesgo de normalizar sentencias a medida, influencia de poderes fácticos y falta de garantías procesales.

¿Qué sigue para México?

Tras esta elección, se prevé un periodo de fuerte tensión institucional y social. Es probable que las nuevas autoridades judiciales enfrenten impugnaciones, cuestionamientos a su legitimidad o incluso denuncias por conflicto de intereses.

Más allá del resultado inmediato, el verdadero reto para México será preservar su democracia ante la amenaza de una concentración del poder que socave los mecanismos de equilibrio y rendición de cuentas que cada sociedad democrática debe proteger.

El voto ciudadano es un arma poderosa, pero sin información, educación cívica ni transparencia, puede ser también un instrumento para erosionar las instituciones desde adentro.

¿Reforma garantista o herramienta autoritaria?

En un país con una historia marcada por abusos de poder, militarización creciente y control partidista de las instituciones, resulta vital preguntarse: ¿es esta elección una reforma progresista hacia un poder judicial más cercano al pueblo? ¿O es el capítulo más reciente de un proyecto para consolidar un sistema hegemónico bajo el disfraz de democracia?

El experimento del voto judicial ha arrancado con sombras más que luces. Lo que está en juego no es solo la elección de unos jueces, sino el porvenir del sistema republicano mexicano como lo conocemos.