La ofensiva judicial de Guatemala contra exmiembros de la CICIG: ¿Justicia o persecución política?

Un nuevo episodio de confrontación judicial ha desatado polémica en Guatemala, luego de que un tribunal guatemalteco ordenara la captura del exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y de la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón. Ambos estuvieron vinculados a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión respaldada por la ONU que operó entre 2007 y 2019 combatiendo la corrupción estructural en el país centroamericano.

Las órdenes, solicitadas por el fiscal Rafael Curruchiche —quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar investigaciones contra la corrupción—, han despertado una ola de críticas y reacciones tanto dentro como fuera de Guatemala. Se acusa a Velásquez y Camargo de "asociación ilícita" por su rol en un acuerdo con Odebrecht que permitió desmantelar redes corruptas que incluían altos funcionarios guatemaltecos.

¿Quién es Iván Velásquez y por qué resulta incómodo para muchos?

Velásquez, un abogado colombiano de larga data en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, lideró la CICIG desde 2013 hasta 2019. Durante su mandato, la comisión sacó a la luz decenas de casos de corrupción de alto perfil, incluyendo la acusación contra el expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció y fue encarcelado en 2015 tras masivas protestas ciudadanas.

La CICIG, bajo Velásquez, se convirtió en un símbolo de justicia internacional y colaboración entre naciones para enfrentar estructuras criminales incrustadas en el aparato estatal. Sin embargo, sus éxitos también le ganaron enemigos poderosos dentro de Guatemala.

El caso Odebrecht y la controversia detrás

En el centro de la nueva ofensiva judicial se encuentra un acuerdo firmado entre la CICIG y Odebrecht, la famosa constructora brasileña implicada en el escándalo de corrupción más amplio de América Latina. En este pacto, Odebrecht accedía a colaborar con las investigaciones y a pagar compensaciones a cambio de una reducción de penas, un tipo de acuerdo conocido como delación premiada, usualmente utilizado en sistemas judiciales modernos.

Para los fiscales actuales, como Curruchiche, este acuerdo habría constituido un delito en sí mismo, al no seguir presuntamente todos los canales legales guatemaltecos. No obstante, para muchos expertos y exfuncionarios, las acusaciones actuales son parte de una estrategia de represalia contra quienes desmantelaron redes políticas y económicas corruptas.

Una fiscalía bajo cuestionamiento internacional

El fiscal Curruchiche y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, han sido reiteradamente señalados como actores clave en la restauración del control político sobre el sistema judicial. Porras incluso fue incluida en la "Lista Engel" del Departamento de Estado de EE. UU. en 2021, reservada para individuos que socavan procesos democráticos.

La semana pasada, un experto de Naciones Unidas advirtió que la fiscalía guatemalteca está utilizando el derecho penal para perseguir a sus opositores políticos y antiguos funcionarios judiciales que participaron en la CICIG y otras oficinas anticorrupción, como Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra actualmente exiliado en EE. UU.

Las reacciones de los implicados

Iván Velásquez utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para rechazar categóricamente las acusaciones. “Ahora los corruptos, designados como tales y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución en contra de Luz Adriana Camargo y de mí”, afirmó. Añadió además: “Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos guatemaltecos y guatemaltecas que la Fiscalía General ha obligado al exilio.”

Camargo, quien asumió recientemente como fiscal general de Colombia, no ha respondido públicamente a la orden, pero el gobierno colombiano podría verse obligado a pronunciarse de manera oficial dada la gravedad de la acusación y el cargo que ella ostenta.

Un patrón recurrente: exilio e intimidación

Según la organización Human Rights Watch, desde 2019 más de 25 jueces, fiscales y exmiembros de la CICIG han abandonado Guatemala por temor a persecuciones judiciales. Muchos de ellos enfrentan procesos penales abiertos por casos cuestionables, sin el debido proceso o sin pruebas contundentes.

Esta tendencia sugiere un vaciamiento institucional del sistema judicial guatemalteco. La independencia de jueces y fiscales ha sido erosionada a tal punto que muchos optan por renunciar o exiliarse.

¿Qué papel juega la comunidad internacional?

La respuesta de la comunidad internacional ha sido crítica. Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones internacionales han manifestado preocupación por el desmantelamiento sistemático de las estructuras judiciales independientes en Guatemala.

En declaraciones oficiales, el Departamento de Estado ha reiterado su respaldo a quienes lucharon contra la corrupción en Guatemala y ha mantenido sanciones contra Curruchiche y Porras. Además, las denuncias contra Velásquez y Camargo podrían tener un efecto boomerang: reactivar la presión internacional sobre el régimen judicial guatemalteco.

¿La CICIG fue víctima de su propio éxito?

La CICIG fue una de las pocas iniciativas internacionales que logró resultados concretos en la lucha contra la corrupción estructural en América Latina. Según datos oficiales, durante su funcionamiento:

• Colaboró en más de 400 casos criminales,
• Presentó cargos contra más de 1.500 personas,
• Impulsó reformas y recomendaciones para fortalecer el sistema judicial.

Sin embargo, su cierre en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales —quien fue investigado por la comisión— eliminó un mecanismo único de fiscalización externa en el país y permitió la restauración del status quo.

Más allá de Guatemala: el mensaje para América Latina

El caso guatemalteco no es aislado. Refleja una preocupación regional sobre el uso del aparato judicial con fines políticos. En países como El Salvador, Nicaragua y Venezuela, se han documentado prácticas similares.

Para muchos analistas, la judicialización de la política y el castigo a fiscales y jueces incómodos representa una de las amenazas más graves a las democracias incipientes de la región, donde el combate a la corrupción suele ser visto como una agresión, no como una necesidad institucional.

Un llamado a la resiliencia democrática

Frente al deterioro del sistema judicial guatemalteco, emergen también signos de resistencia. Organizaciones de la sociedad civil, activistas y medios independientes han mantenido una vigilancia constante de los abusos y buscan mantener viva la memoria de lo logrado por la CICIG.

Son, en muchos casos, los únicos diques que contienen el avance del autoritarismo encubierto bajo marcos legales. El caso Velásquez-Camargo será una prueba más de si estos esfuerzos pueden contener, o al menos evidenciar, la tendencia a criminalizar la verdad.

“La lucha contra la corrupción no puede ser castigada”, escribió en una columna Miguel Pulido, experto mexicano en justicia transicional. “Cuando el Estado persigue a quienes investigan el crimen, el propio Estado se convierte en refugio del crimen.”